La Plata, Ciudad Generosa

Cuando en mayo de 2002 Kevin Sedano fue atropellado por un conductor que no sólo le causó la muerte sino que se dio a la fuga sin asistirlo, Vivian Perrone, su madre, enarboló la bandera de las Madres del Dolor. El responsable fue condenado a tres años de prisión efectiva, aunque a los dos meses quedó en libertad. Desde ese momento, la mujer, junto a familiares de víctimas de muertes violentas nucleados en esa asociación, comenzaron una proclama en protesta de diversas prácticas de la Justicia. “Nosotros no estamos en contra del sistema judicial ni de su funcionamiento, sino del accionar de algunos jueces cuando dejan a un asesino en libertad o tardan tanto en pronunciar una sentencia”, dice Perrone.

Los cuestionamientos más habituales de víctimas de delitos violentos, refieren a las decisiones de los jueces y fiscales frente a las morigeraciones otorgadas a los imputados y la lentitud del accionar judicial. Distintos crímenes ocurridos durante 2008, como el crimen de toda una familia en Campana -cuyo principal sospechoso gozaba del beneficio de prisión domiciliaria con pulsera magnética-, el asalto y asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, el homicidio en Del Viso del profesor Facundo Sonnenfeld, en la localidad de Del Viso, y otros tantos casos emblemáticos que sacudieron a la opinión pública, pusieron bajo la lupa la legislación vigente y la eficiencia del Código Procesal Penal, recientemente modificado. Si bien lo que socialmente suele denominarse como “hacer justicia” no puede devolver un ser querido fallecido ni llenar ese vacío, los familiares de las víctimas fatales de hechos de inseguridad sienten que “ayuda a empezar a cicatrizar la herida”.

La presidenta de la Asociación de Madres del Dolor asegura: “nunca pedimos mano dura ni más años de los que dice la ley; pedimos que se cumpla con el Código Penal, que no haya morigeraciones de penas porque sí, porque a nuestros hijos nadie les dio una segunda oportunidad para poder vivir”.

DE JURYS Y APELACIONES

“Uno de los reproches más recurrentes de la comunidad hacia el Poder Judicial es el de las libertades durante un proceso penal. La persona aprehendida suele esperar el juicio y la condena del juez en libertad, debido a que antes de la sentencia es considerada técnicamente inocente. Eso se debe a que en la provincia de Buenos Aires rige el principio de que el imputado estará con prisión preventiva sólo cuando existan elementos de convicción que permitan sospechas de que podría evadirse o entorpecer la investigación”, comenta el fiscal de Instrucción de La Plata, Marcelo Romero.

“El sistema penal argentino no es eliminativo como el anglosajón, en el que existe la pena de muerte, la anulación civil y el encierro de por vida. Nuestro sistema da permanentemente oportunidades, muy pocas personas no tienen la posibilidad de salir de prisión. Mucha gente quiere mandar a los presos a Ushuaia también; si eso es lo que queremos, habrá que discutirlo, pero no es lo que plantea nuestro sistema, el que busca la resocialización a pesar de que no se cumpla y que las cárceles en la práctica sean una escuela del delito”, dice Romero.

Ante la disconformidad por los resultados de los procesos, las víctimas pueden denunciar a los magistrados ante las autoridades judiciales para que se revean si sus decisiones fueron conformes a la ley. Sin embargo, los funcionarios judiciales califican esas medidas como “obstaculizantes”. “Las presiones existen siempre -expresa Romero- y es lógico que el fiscal sea una figura antipática, pero no podemos trabajar pensando que tenemos todo el tiempo en la espalda el juicio político, no podemos trabajar. Además del contralor que tenemos, si un juez decreta una libertad y se equivoca, se puede apelar y la Cámara de Casación decidirá; si en esa instancia continúan los errores, se irá a la Corte y luego a la Nación, y después a la Corte Internacional”.

“Las leyes son solo palabras, por lo que existe la necesidad de interpretarlas y aplicarles el sentido común, claro que muchas veces los magistrados, como somos humanos, tomamos decisiones equivocadas. Otras tantas, se trata de decisiones polémicas porque la víctima las considera insuficiente, pero que no dejan de ser conformes a la ley”, evalúa Romero en referencia a sus 22 años en el Poder Judicial.

Escrito por Por Laura Rómoli, para -----> ACA

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