miércoles, 17 de marzo de 2010

PRESUNTA ESTAFA BAÑERIL

El mecanismo, con efectiva precisión, era simple: las firmas del director de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, y de otros funcionarios de jerarquía como así también de autoridades de Consejos Escolares eran recortadas de distintos documentos para armar órdenes de compra. Una vez realizado ese procedimiento se les solicitaba a los proveedores diversos mobiliarios escolares, entre los que se contaban varios baños químicos para ser provistos a escuelas con infraestructura escasa en materia de servicios cloacales.

Evidentemente, las personas que armaron el circuito no fueron simples empleados del área conducida por Oporto, sino funcionarios de jerarquía, como ser el director de Contabilidad y Finanzas; el director de Equipamiento y Mantenimiento; otro funcionario en el área de Tesorería y, como es de suponer, quienes en la parte externa contaban con una empresa “cómplice”.

Mes a mes, y para ser destinados a las escuelas, partían pedidos de provisión de baños químicos sin llamado a licitación, dado que se hacía en forma directa en beneficio de la firma “Basani S.A.”, que se hacía cargo de la construcción de los mismos. Una vez entregado el material a la Dirección de Cultura y Educación, la cadena de adulteración de documentos se hacía efectiva para agilizar el pago de la prestación por la provisión y el mantenimiento.

Desde órdenes de compra hasta remitos y órdenes de pago fueron utilizados por la “administración paralela” que realizó el negocio con los baños químicos, muchos de los cuales ya dejaron de funcionar pero eso no inhabilitó a la empresa “Basani S.A.” a seguir cobrando el mantenimiento –cosa que obviamente no s hacía- como si estuvieran operativos.

Según lo señalado por empleados de la Dirección de Cultura y Educación, este procedimiento data de hace unos cuatro o cinco años, y se estima que el negociado en perjuicio del Estado bonaerense rondaría los ocho millones de pesos.

Lo relatado anteriormente, y de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso NOVA, está siendo investigado en la justicia penal platense, precisamente en la Unidad Funcional de Investigación (UFI) Nº 2, a cargo del fiscal Tomás Morán. Interviene en la misma el juez de garantías Néstor De Aspro.

Los imputados son el director de Contabilidad de la DGCyE, Luis Vigo; el director de Equipamiento y Mantenimiento; Rubén Ernesto Díaz; y su subdirector, Tulio Perdriel. Los tres solicitaron la eximición de prisión mientras en la justicia penal avanza la investigación del caso para luego determinar las responsabilidades de cada uno de ellos y de otros que están mencionados en el expediente.


fuente--->ACA