La Plata, Ciudad Generosa

Cristina Fernández fue sobreseída increíblemente junto a su esposo por incrementar ilegalmente su patrimonio, que se multiplicó casi diez veces desde 2003. Su vice, Amado Boudou, también esquiva a la justicia Ricardo Jaime es sólo una muestra de los funcionarios kirchneristas que deberían estar presos y, sin embargo, ni siquiera están procesados. Y lo que es peor siguen ocupando lugares preponderantes en el gobierno de Cristina Kirchner. Empezando por la propia presidenta, que incrementó su patrimonio en casi mil por ciento desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, de acuerdo a sus propias declaraciones juradas en las que el matrimonio presidencial suma más de $ 70 millones. Increíblemente el juez filo K Norberto Oyarbide sobreseyó a los Kirchner de la acusación de enriquecimiento ilícito. Hasta la propia presidenta admitió su fortuna y la atribuyó a que es “una exitosa abogada”, cuando todo el mundo sabe que desde hace dos décadas se dedica exclusivamente a la función pública. El segundo en la cadena de mando es el vicepresidente Amado Boudou, que también tiene cuentas pendientes en la justicia. Se lo investiga por sus conexiones con la imprenta Ciccone, ahora estatizada. Hay fundadas sospechas de que Boudou, cuando era ministro de Economía intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, que figura a nombre del monotributista Alejandro Vandenbroele (su presunto testaferro), accediera al control de Ciccone mediante ventajosas medidas para levantar la quiebra. Hay varias pruebas que vinculan a Boudou con Vandenbroele. Inmediatamente por debajo del escalafón del poder le sigue Amado Boudou. El juez federal Sebastián Casanello investiga si el vicepresidente intervino desde la cartera de Economía para que Alejandro Vandenbroele, reciba más de 7 millones de honorarios como director de Ciccone por reestructurar la deuda de Formosa. El juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y por interesarse en la quiebra de Ciccone y también lo investiga el juez Claudio Bonadio por presuntas irregularidades en su declaración jurada de bienes de 2010.
  Sobreprecios de obra pública, enriquecimiento ilícito y coimas, en el prontuario de Julio De Vido
El ministro de planificación Federal, Julio de Vido, representa el paradigma del circuito de apropiación de los fondos públicos del kirchnerismo. El funcionario santacruceño acompaña a los Kirchner desde la gobernación de Santa Cruz en 1991 y es uno de los pocos ministros que se mantiene ininterrumpidamente en el gabinete K desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003. Por su cartera pasaron casi todas las adjudicaciones de obra pública, con las que se enriquecieron varios de los empresarios kirchneristas, como el amigo del expresidente, Lázaro Báez (ver aparte). Además, hasta el año pasado estuvo a su cargo la secretaría de Transporte y también el exsecretario Ricardo Jaime, por lo que se descarta que el funcionario K estaba al tanto y también tendría participación en la mayoría de las causas en las que está imputado Jaime. Pero el manejo de fondos públicos de De Vido es mucho más amplio y ostenta el extraño récord de ser uno de los funcionarios con más causas judiciales y amigos implicados en hechos de corrupción del gobierno K. En el ranking de causas de De Vido figuran los sobreprecios en la obra pública y la compra de insumos para el Estado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y cohecho. En algunas fue escandalosamente sobreseído como el resonado caso Skanska y la investigación por el crecimiento de su patrimonio y el de su esposa Alessandra Minnicelli.
  Lázaro Báez sigue haciendo negocios
El empleado bancario devenido en empresario, Lázaro Báez, amasó una fortuna originada en la adjudicación de obra pública al calor de las gestiones de su amigo Néstor Kirchner y su esposa Cristina. A partir de una denuncia periodística que lo incrimina como protagonista de una maniobra de lavado de dinero de por lo menos 50 millones de euros, Báez es investigado por la justicia en la causa que tramita el juez Sebastián Casanello. La investigación se ha convertido en una caja de Pandora por las ramificaciones de los negocios de Báez. Al mismo tiempo que el empresario K concentra denuncias por presuntos sobreprecios en la obra pública y lavado de activos, ahora se supo que el Banco Nación otorgó un rescate financiero a través de un fideicomiso por $ 350 millones que obtuvo para sus empresas Austral Construcciones; Kank y Costilla, y Sucesión de Adelmo Biancaliani. De esa suma Báez debía devolver $ 210 millones. Además, el empresario también fue beneficiado por el Banco Nación con excepciones en la emisión de bono.
  Hebe de Bonafini ni siquiera está imputada
La titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, está envuelta en el escándalo por el desvió de fondos públicos que hizo la entidad que ella preside, pero ni siquiera está imputada en la causa, que tramita el juez Norberto Oyarbide y en la que cuenta con el amparo del gobierno kirchnerista. Según informes del Banco Central, la Fundación de Bonafini recibió $1.126.176.981 entre enero de 2009 y septiembre de 2011 para la Misión Sueños Compartidos. Por ese desvío de fondos está procesado el exapoderado de la entidad Sergio Schoklender, a quien la titular de Madres de Plaza solía presentarlo como su “hijo del corazón”. Precisamente Schoklender acusó a Bonafini y a su hija real Alejandra de haberse enriquecido con los fondos públicos que recibía la Fundación. Alejandra Bonafini había realizado varias operaciones sospechosas en las que incluso intervenía Meldorek, la empresa constructora que manejaba Schoklender por la que se realizaban los desvíos.

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