lunes, 19 de agosto de 2013

 

sin laburo

Cada día que pasa, se pone de manifiesto lo que tantas veces se alertó en las páginas de nuestro diario: los K convirtieron al Estado en el principal conchavo para ocultar la desocupación real. Así fue como, en los últimos años, se crearon miles de puestos en el sector público, que en su gran mayoría fueron ocupados por ñoquis o militantes rentados. Algunos números hablan por si solos: en la Argentina, más de 45% de la población mayor de 18 años recibe, en forma directa y mes tras mes, ingresos que provienen del Estado. Se trata de unas 13 millones de personas, si se incluye a los empleados públicos -de Nación, provincias y municipios-, jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas y de planes de empleo y cooperativas, y los hogares a los que llega la Asignación Universal por Hijo. El número de empleados estatales es superior en 52% al de 2002. Llega a 3,32 millones entre los puestos de planta permanente y las personas contratadas en las administraciones de nivel nacional, provincial y municipal, según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), con datos a 2012. En la década se sumaron, en promedio, 312 puestos por día.
Esta situación no es gratuita. Este Estado elefantiásico demanda cada vez más recursos, que salen principalmente de una agobiante presión impositiva sobre la clase media y sobre las pymes. Así es como, el fisco se queda con el equivalente a casi el 50% del salario de cada trabajador, a lo que se le suma la aberración del impuesto a las Ganancias que afecta a más de 2 millones de trabajadores. La agobiante presión fiscal sobre el sector productivo imposibilita que crezca la inversión, lo que a su vez conlleva que no se genere empleo genuino. Es más, en los últimos meses se viene registrando, producto de la recesión, la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Por ejemplo, en la construcción se perdieron 40 mil puestos de trabajo por el cepo cambiario y la incertidumbre económica que redujeron la actividad inmobiliaria y la edificación a su mínima expresión. Solamente en la administración nacional hay 570.000 ocupados (en la Provincia se estima cerca de 700 mil), un tercio más que una década atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por cada 10 que lo hacían en 2002. "Desde 2007 el empleo público crece más que el privado; sólo en 2012, cuando la ocupación en la actividad privada subió apenas un 0,1%, el Estado incorporó 133.000 personas, un 4,3% de las que había", analiza la economista de FIEL Nuria Susmel. ¿A qué responde eso? Las estatizaciones, que llevaron a gestiones empresariales en manos de movimientos militantes, ofrecen parte de la respuesta: en bancos y compañías estatales las dotaciones pasaron de 27.700 a 100.327 entre 2002 y 2012. "Puede ser también que el empleo público se haya transformado en un plan para evitar más desocupación", agrega Susmel. En las provincias se dan situaciones dispares en cuanto al peso que la ocupación estatal tiene sobre la totalidad de puestos. Al tope del ránking está Tierra del Fuego, con 29,1% de empleo público. Con índices superiores a 20% aparecen Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja y Formosa.

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