La Plata, Ciudad Generosa

El Gobierno continúa fracasando estrepitosamente en las medidas implementadas en materia de transporte. Si bien el ejemplo más concreto se encuentra en la pésima administración del sistema ferroviario, hay otros problemas. Uno de ellos es el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) que, a poco de nacer, ya generó conflictos. En este sentido, apremiadas por lanzar el proyecto de manera urgente y a cualquier costo, las autoridades de la secretaría de Transporte no hicieron caso a los inconvenientes que podían presentarse en el uso de la discutida tarjeta para mantener el negocio millonario iniciado por el cuestionado exfuncionario K, Ricardo Jaime. Las consecuencias están a la vista: actualmente, y a pesar de las advertencias deslizadas por la propia cartera (se había anunciado con anterioridad que se incrementarían los controles), la recarga de la tarjeta, en varios kioscos y comercios de la región, presenta un adicional de un peso, una decisión que claramente afecta al bolsillo de los consumidores. Consultados por nuestro diario sobre la situación, los comerciantes aseguraron que el “cobro extra” se debe a que, desde el Estado, no se brinda ninguna ayuda económica “para pagar la luz ni los papeles con los que se imprimen los tickets”. Mientras tanto, el mismo Gobierno se empecina en repartir miles de millones de pesos en subsidios que caen en las arcas de empresarios amigos del poder, que cosechan fortunas y hacen que la gente viaje cada vez peor. Según los datos del Ministerio del Interior, en los últimos tres meses el Estado aportó subsidios por alrededor de $ 1.690 millones cada treinta días. El negocio de los colectivos tiene características escandalosas. Concretamente, los empresarios amigos del poder pueden participar sin invertir un peso: el capital, de aproximadamente $ 650.000, el valor de un colectivo nuevo, lo aporta el Banco Nación mediante un crédito a 60 meses a una tasa negativa de 7% anual. Luego, el Estado aporta alrededor de $ 60.000 por mes por cada unidad para pagar sueldos, cargas sociales y gastos del personal. Además, hay un vale de alrededor de $ 15.000 para comprar el principal insumo (gasoil) a casi un tercio de su valor. Pero a no deprimirse si los beneficios no alcanzan. Hay más: todo lo recaudado será para el empresario. Pese a todos los beneficios, la gente viaja cada vez peor y hasta tiene que afrontar gastos adicionales por un sistema impuesto por el gobierno.
También en el Conurbano
Lo llamativo es que la modalidad de cobrar un peso por recarga de la tarjeta no solamente alcanza a la ciudad de La Plata y sus alrededores, sino que también se extiende a otros municipios del Conurbano bonaerense. En el caso de Berazategui, varios vecinos expresaron sus quejas debido a que en varios locales céntricos se tiene que abonar un peso para poder efectuar la recarga de la SUBE. “Nos preocupa si esto se sigue dando en algunos lugares en donde la gente no tiene opción”, dijo a Hoy la integrante del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Carolina Suárez. Y agregó: “Hoy no tenemos otra opción que el sistema SUBE para viajar, salvo que sea a través del pago con monedas, pero con un monto más elevado. Nos preocupa que la gente queda como rehén y lamentablemente termine pagando este peso ante esta situación y no se haga nada”. “Debe haber una responsabilidad por parte del Estado de aclarar esta situación, de quién se va a hacer cargo de que este servicio de la recarga para que ésta sea realmente gratuita, como corresponde”, subrayó Suárez. Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, indicó que, en la entidad, “tenemos muchas denuncias de la zona sur, de Quilmes” y remarcó que los más afectados son los consumidores de sectores más vulnerables, porque estamos hablando de partidos del Gran Buenos Aires en donde los que van a recargar la SUBE habitualmente son trabajadores”.
 Un problema de larga data que recrudeció en los últimos tiempos
Si bien recrudecieron en los últimos tiempos, los inconvenientes con las recargas de la tarjeta SUBE empezaron hace algunos años, cuando la iniciativa empezó a volverse masiva. Así lo explicó a nuestro diario Carolina Suárez, del CEC: “Desde el verano pasado, no de éste, sino del anterior, cuando la SUBE se hizo masiva y cubrió todos los servicios (subtes, trenes y colectivos), la gente se acercaba con la denuncia a la secretaría de Transporte de la Nación diciendo ‘en tal local, ubicado en tal lugar, a mí me cobran un peso por el servicio, cuando se aclaró en el lanzamiento que iba a ser gratuito’”. “Luego, desde la secretaría de Transporte iba a haber un relevamiento sobre lo que pasaba, supuestamente los locales iban a ser multados, con una especie de leyenda de clausura. Pero nunca hubo una especie de listado oficial que dijera cuáles fueron los locales comerciales que cometieron una infracción. Nada de eso pasó”, comentó Suárez, quien además dejó en claro que “la verdad, lo que sucedió fue que los comerciantes dejaron de comprometerse a brindar el servicio porque no podían hacerle frente a los gastos”.
El secretario de Transporte, en la mira
Los cobros adicionales en la recarga de la SUBE se han transformado en una constante y todas las miradas apuntan de lleno al actual secretario de Transporte, Alejandro Ramos, un hombre de estrecha relación con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Su obsecuencia es tal que, en su ciudad de origen, hizo que una calle lleve el nombre de uno de los ministros más oscuros de la administración K. Justamente, a lo largo de la entrevista que mantuvo con Hoy, Fernando Blanco Muiño hizo hincapié sobre la responsabilidad del funcionario kirchnerista en la problemática al afirmar que, de cara al futuro, “es poco probable que un secretario de Transporte que ha enmudecido pueda controlar este tipo de derivaciones del plan”.
Una empresa fantasma ejerce el control
El año pasado se conoció que una empresa inglesa sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en su país de origen controla la tarjeta SUBE. Se trata de Global Infraestructure (GI), la firma británica que firmó un contrato por $65 millones con la Secretaría de Transporte. Esta compañía todavía no existía cuando comenzó la licitación para supervisar el boleto electrónico. La firma habría montado "oficinas virtuales" en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE. GI encabezó el consorcio integrado por ex funcionarios y ex asesores de Transporte que ganaron la sugestiva licitación para supervisar el boleto electrónico, pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10 millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico" de la operación. A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucumán 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la Argentina.

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