La Plata, Ciudad Generosa

Una vez más las compañías de telefonía celular volvieron a sepultar los derechos de los usuarios y consumidores. Según se supo ayer, para septiembre tienen programado un nuevo aumento de tarifas que rondaría entre el 7% y el 12%, principalmente para los planes con factura y abono fijo. “Hubo una reunión en la comisión de usuarios de las ongs, y nos pronunciamos en contra de los aumentos en la telefonía celular. A su vez denunciamos que hay una serie de irregularidades que están ocurriendo en el servicio”, indicó a Hoy Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).
Las compañías implicadas son Personal, Movistar y Nextel, por lo que la disposición afectará a seis millones de personas. En el caso de la primera, el promedio del aumento será del 12% para los planes con abono fijo (alcanzará al 65% de sus clientes que posean este convenio), mientras que los que sean con factura el incremento rondará el 9%. Por su parte, Movistar empezó a notificar a sus clientes, y comunicó que la suba será del 7% promedio entre septiembre y octubre. En lo que respecta al Plan Control de $79 se encarecerá el minuto de llamadas y los SMS, en tanto que el plan Full de $139 se mantendrá sin variaciones. Por último, Nextel anunció que los aumentos alcanzarán a los planes prepagos, por lo que a partir de septiembre y para casi todas las modalidades se aplicarán una suba de casi 7%.
  Avanza presentación judicial
 Según le confiaron a nuestro diario las asociaciones de Defensa de Consumidores están avanzando en la realización de presentaciones judiciales contra el tarifazo de las compañías. “Estamos estudiando seriamente la iniciación de una acción judicial. Las empresas se están pasando de la raya, esto es abusivo. Han volteado cualquier punto ético y moral. Los balances de las ganancias de estas empresas son de más de 5 mil millones de euros. Están cobrando mucho para los pocos costos que tienen”, agregó el titular de Adduc.
  El doble discurso K
 Luego de conocida la noticia, desde el Ministerio de Planificación salieron a cuestionar la decisión de las empresas. Ahora bien, en paralelo los legisladores k mantienen cajoneado el proyecto para que se declare “servicio público” a la presentación. Si se concretará tal iniciativa, previo a cualquier aumento de tarifas se tendría que convocar a una audiencia pública que evalúe la viabilidad y la justificación de la medida. “La única forma de que se termine con estas barbaridades realizadas por estas multinacionales oligopólicas es declarando a la telefonía servicio público”, aseguró Bassano. De hecho,la Comisión Nacional de Comunicaciones sostuvo que existen en el país unas 59.750.000 de líneas habilitadas, argumento suficiente para definir de carácter público a la telefonía.
  Denuncian nuevas irregularidades en el servicio
Las falencias del servicio de telefonía móvil es una constante, por lo que se ha vuelto una característica distintiva de la prestación. A los constantes cortes e intermitencias que sufren las líneas, se le sumó una nueva estafa de las empresas. Según denunciaron las asociaciones de consumidores, las compañías introdujeron un virus en el sistema para motorizar mayor nivel de consumo, más allá que los consumidores rechacen las ofertas recibidas por mensaje de texto. Para Bassano “las empresas están mandando virus por la telefonía celular, están enviando programas para que se generen propagandas de productos premiun”, y así “producir que el usuario se enganche y le cobren el producto, incluso le cobran sin que el mismo consumidor lo quisiera”. Además señaló que se hace casi “imposible dar de bajo esos productos”, y que empezaron a ver que en muchas facturas “llegan cargos que ni siquiera compran”.
  La responsabilidad estatal y la crisis del servicio
 La situación que atraviesa la prestación de telefonía celular no ha sido indiferente de las políticas diagramadas desde el estado nacional. Con el kirchnerismo en el gobierno, la concentración oligopólica se ha consolidado y las empresas han generado un cerco de impunidad sobre sus intereses. El 97,9% del mercado está concentrado en Claro, Movistar y Personal, con el agregado de que éstas dos últimas son prácticamente la misma empresa dado que se fusionaron en Italia (Telefónica y Telecom), algo que llegó a contar con el aval del expresidente Néstor Kirchner en 2007, en lo que significó un claro atentado contra la competencia. Por su parte, que no sea declarado un servicio público responde a otra de las alianzas empresariales que ha sabido tejer el kirchnerismo en los últimos años. No es menor que Claro sea propiedad del megamillonario mexicano Carlos Slim (foto), uno de los principales socios del gobierno en la gestión de YPF.

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