La Plata, Ciudad Generosa

La presidente Cristina Fernández se volvió con las manos vacías de la cumbre del G 20, que reúne a las naciones desarrolladas y subdesarrolladas. Ni siquiera obtuvo un pequeño gesto de respaldo de alguno de los mandatarios participantes que permita, al menos, que la decisión que se viene en la Corte Suprema de Estados Unidos, respecto al reclamo de los fondos buitres, no sea tan severa como se prevé
Al darle la razón al reclamo de los bonistas que se quedaron afuera de los canjes de deuda, el máximo tribunal de la potencia del norte demostrará que todos los negociados infames que hicieron los K, al abonarle la suma de más de 175 mil millones de dólares a los acreedores, no sirvió absolutamente para nada.
Ser “pagador serial”, tal como la propia primera mandataria calificó a su gobierno, para lo único que sirvió es para que algunos banqueros y financistas se llenaran los bolsillos a costa de la posibilidad de que la Argentina –con todo ese dinero- salga del subdesarrollo extremo.

Lejos de ver esta realidad, la presidente sigue actuando con absoluta soberbia. El extremo fue -durante la cumbre de mandatarios- atreverse a desafiar en público al norteamericano Barack Obama, en una muestra de que su gobierno no tiene el más mínimo acceso a los factores de poder que digitan el sistema capitalista mundial.
Y esto no es casualidad: si algo caracteriza al gobierno K es la ausencia de cuadros técnicos, de profesionales, qué entiendan cómo funciona el mundo para poder así definir planes estratégicos que logren reposicionar a nuestro país en el escenario global.
El lugar de marginalidad que ocupa la Argentina, en el concierto de naciones, se debe a que carece de poderío económico, pese al enorme potencial de recursos naturales que existe en nuestro territorio. Tener un sistema productivo desbastado, no contar con una industria nacional que le otorgue valor agregado a la economía y que genere un mercado interno que garantice el ascenso social a partir del trabajo y del esfuerzo, llevan a que la Argentina sea un país que solo exporta productos primarios. Siendo la principal fuente de empleo los servicios y el Estado.
La falta de brújula del gobierno K no solamente se da en política exterior. En el plano interno, en la política doméstica, pasa algo similar al punto que, impulsado por la necesidad de intentar frenar lo que será una marcada debacle electoral en los comicios legislativos de octubre, el kirchnerismo se está dedicando a hacer todo lo contrario a lo que predicó en la última década. Desempolvar el proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores, cada vez que las urnas castigan al gobierno (ya ocurrió en el año 2009), es algo muy poco serio.
No sólo porque el gobierno se la pasó diciendo que la inseguridad es una mera sensación, construida por los medios, sino porque la idea de que los menores de 16 años puedan ir a la cárcel siempre termina siendo una iniciativa que naufraga.Tratar de solucionar el flagelo de la inseguridad, con medidas electoralistas y cortoplacistas, lo único que provoca es agravar el problema.
Durante años, Cristina y sus secuaces, negaron sistemáticamente reconocer este problema, mientras diariamente morían –y siguen muriendo- ciudadanos inocentes por el accionar delictivo. Ello derivó en que los argentinos tengan que vivir cada vez mas encerrados: en los barrios de clases media prácticamente no se ve ni una sola casa que no tenga rejas, mientras que ya pasó a ser un hecho normal que los comerciantes atiendan a su clientela detrás de una vidrio blindado como si estuviésemos en la guerra.
En ese contexto, la designación en el Ministerio de Seguridad de la Provincia del controvertido intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, un defensor acérrimo de la mano dura en el Conurbano, muestra que el gobernador Daniel Scioli se está ubicando en las antípodas del garantismo como una forma de protegerse del impacto del cambio de era que se avecina. Es una jugada arriesgada: pasar de manejar un programa municipal de seguridad en municipio de poco mas de 160 mil habitantes como es Ezeiza a tener la responsabilidad de la política de la seguridad, contando con un plantel de 56 mil policías para cuidar a 15 millones de bonaerenses, constituye una enorme diferencia.
Y habrá que ver si el intendente de Ezeiza tendrá la capacidad para afrontarlo. Asimismo, en cierta forma, el perfil de Granados, un jefe comunal fanático de las cámaras de seguridad, se asemeja al humo que suele vender Sergio Massa y su marketinera propuesta de habilitar policías comunales en los municipios bonaerenses. El proyecto está lleno de interrogantes: difícilmente la creación de una mayor burocracia, por si sola, pueda servir por si sola para ponerlo freno a la ola delictiva. Una política de seguridad tiene que estar acompañada de otro programa económico a nivel nacional, que genere empleo genuino y posibilidad de salir de la exclusión al millón de jóvenes que no estudian ni trabajan (la mayoría no tienen otra alternativa que recurrir al delito), y de una reforma judicial que destierre a los magistrados saca presos.
En decir, a los funcionarios judiciales que permiten que peligrosos delincuentes, reincidentes, entren por una puerta y salgan por la otra.

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