martes, 24 de septiembre de 2013

 

juego de amigos

Uno de los negocios que más creció en los últimos diez años fue el de los juegos de azar, donde empresarios nacionales y extranjeros han amasado fortunas millonarias gracias a las polémicas exenciones impositivas y ventajas que el Gobierno les otorga.
  Como si esto fuera poco, el titular de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, mantiene suspendida desde principios de mes la entrada en vigencia del “Registro de Operadores de Juegos de Azar”, que posibilitaría el aumento de los controles a los propietarios de casinos y máquinas tragamonedas. Lo insólito es que el argumento para cancelar la implementación del nuevo sistema fue que todavía no estaban listas “las aplicaciones tecnológicas” para darle operatividad, cuestión que suena ridícula ya que había sido la propia AFIP la que anunció el nuevo régimen en julio pasado. “Sigue siendo nula la voluntad de Echegaray para controlar a las corporaciones del juego”, dijo el diputado provincial de la Coalición Cívica Walter Martello. “Que el titular del ente recaudador nacional reconozca que no puede ´técnicamente´ avanzar sobre controles a juegos de azar lo dice todo”, señaló.
   Lo cierto es que el kirchnerismo ha beneficiado a estas empresas como ningún otro Gobierno, y no casualmente en los últimos diez años Casino Club, la compañía de Cristóbal López, se convirtió en la empresa del juego más grande del país.
“Lo que vemos es una modalidad constante. Un Estado preocupado por el capitalismo de amigos que de forma arbitraria y desde hace más de un lustro otorga licencias a los mismos concesionarios por 15 años. Así, las empresas de juego obtienen privilegios escandalosos. Tales como: no abonar tasas municipales, pagar al Estado cánones irrisorios, cancelados en hasta 60 cuotas sin interés. Y hasta se permiten eludir, con la proliferación de los clubes de fumadores, la Ley Antitabaco. Estas corporaciones alcanzan en nuestro país utilidades que no consiguen en otra parte del mundo”, apuntó Martello.
  El negocio del juego en el país está repartido mayoritariamente entre cinco empresas, pero entre ellas se destaca la que pertenece a Cristóbal López, que en diez años creció hasta quedarse con un tercio del mercado.
 Sus inversiones abarcan Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Misiones, La Pampa, Chubut, Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego. A través Casino Club, dirige 12 casinos: Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Rosario, El Calafate, La Rioja, Posadas, Río Gallegos, Río Grande, San Rafael, Santa Rosa, Trelew y Ushuaia. Además, tiene dos exclusivos sólo por temporadas. López también maneja la explotación del Hipódromo Argentino de Palermo, concesión que el ex presidente Néstor Kirchner le cedió hasta 2032 a través del Decreto 1851, sólo 5 días antes de dejar su mandato.
 La suspensión de la puesta en vigencia de los nuevos controles a los empresarios del juego no fue la única “ayuda” que la AFIP, comandada por Ricardo Echegaray, le otorgó a Cristóbal López. Hace quince días salio una  polémica moratoria que el organismo le dio al dueño de Casino Club para que pudiera comprar la filial argentina de Petrobrás.
De esta forma, el empresario kirchnerista financió la adquisición de la petrolera a través de impuestos que dejó de pagar a la AFIP. La cifra que una de las firmas del grupo Indalo, Oil Combustibles, dejó de abonar al fisco en calidad de transferencia de los combustibles supera los $1.200 millones.
 Además, otra de las empresas salpicadas por esta moratoria fue CPC S.A, mediante la cual Cristóbal López participa en la concesión de la ruta 2 y 11 en la Provincia. En efecto, gracias a las “facilidades impositivas”, el zar kirchnerista del juego pudo capitalizar esta empresa en 78 millones de pesos. Para peor, las concesiones de estas rutas obtuvieron el visto bueno del ente encargado de aplicar la Ley de Medios (AFSCA, conducido por Gabriel Mariotto), a pesar de que violan el artículo 25 de dicha legislación, que impide a los concesionarios de peaje tener medios de comunicación.

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