La Plata, Ciudad Generosa

Molestan las denuncias de corrupción. La gente se indigna al ver suntuosas mansiones, autos descapotables y joyas obscenas en manos de funcionarios públicos, y el gobierno se preocupa al quedar en evidencia. Por eso, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, reglamentó ayer la nueva Ley sobre Declaraciones Juradas impulsada por el kirchnerismo que les permitirá escamotear información en el Poder Judicial, en el Legislativo y en los Ministerios públicos.
La resolución 1695/2013 publicada en el Boletín Oficial establece que las declaraciones juradas deben ser de carácter público y de libre accesibilidad vía Internet, a través del sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. Pero hecha la ley, hecha la trampa: el nuevo régimen informará montos globales de los patrimonios, pero no el detalle de cada bien ni el origen de los fondos para adquirirlos. Especialistas consultados por Hoy coincidieron en que habrá “menos transparencia y se le dará mayor control a la AFIP”, ya que los formularios a ser completados serán iguales a los realizados por el ente recaudador con fines impositivos, y Ricardo Echegaray dispondrá de un amplio manejo de información reservada. Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dialogó con Hoy y calificó como “muy preocupante que se haya restringido el acceso público a la información vinculada al patrimonio de familiares de funcionarios”. Este es, sin dudas, el punto más polémico. “Todo lo que es información patrimonial de cónyuges e hijos deja de estar alcanzada por el principio de publicidad. Ahora, para cualquier funcionario será muy fácil ocultar información, simplemente poniéndola a nombre de sus familiares”, criticó. Además, desde la ACIJ denuncian que ésta reglamentación “contraría la ley vigente de Ética Pública”.
“Anexo reservado”. Así será el ítem donde estará gran parte de la información hoy disponible, y a la cual no tendremos acceso sino mediante resolución judicial. Un manto oscuro tapará, las maniobras de corrupción habituales en los altos niveles del poder público nacional. “Dificultará en gran medida el control ciudadano”, insistió Pilo. Es decir, si la esposa de un funcionario se enriqueció en forma notoria durante el tiempo de ejercicio de la función pública de su marido, el estado patrimonial de la mujer no podrá ser consultado por los ciudadanos. Desde la ONG Contadores Forenses coincidieron y aportaron a Hoy más datos: "Ahora, ni siquiera en el anexo reservado se podrán consultar detalles sobre ingresos, inversiones o acciones que el funcionario tiene en distintas sociedades, ni siquiera sus deudas. Se suprimió información esencial para hacer una investigación acerca de cómo evolucionó el patrimonio", subrayaron. Así, los datos serán más generales y menos concretos. “Es un retroceso”, coincidieron los especialistas. Uno más.

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