La Plata, Ciudad Generosa

Seguramente, algunos de los que están leyendo esta nota, se habrán preguntado por qué se le da tanta importancia a la falsificación de las estadísticas oficiales que se hacen desde el INDEC, organismo intervenido desde el año 2007 por el inefable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
  Por un lado, como se sabe, se busca esconder la inflación real que actualmente roza el 30%, cuando el gobierno reconoce menos de la mitad de ese indicador. Pero, a su vez, hay otro aspecto mucho más oscuro: manipular las estadísticas del Producto Bruto Interno, permite que un grupo de amigos del poder, que tendrían en sus manos títulos de la deuda atados a la variación de este indicador, se hayan llevado miles de millones de dólares.
Las cifras son escalofriantes. El economista y diputado nacional, Claudio Lozano, afirmó que lo que se pago de mas, al sobrestimar el PBI (el INDEC da a conocer cifras que duplican los datos reales), alcanza “a los 6.000 millones de dólares”. A precio del dólar paralelo, que es al único que puede tener acceso la población por el cepo cambiario, estamos hablando de más de $57.600.00.000. Con este dinero se podría, por ejemplo, haber destinado más de 19 mil créditos de $3 millones cada uno, a tasa cero, lo que hubiese permitido generar numerosos puestos de trabajo genuino, reactivar el mercado interno y mejorar la oferta de bienes para combatir la inflación; u otorgarle un aumento de $1200 a todos los jubilados que actualmente de sobrevivir con poco más de $1.500 de haber mínimo , entre otras acciones.
“Los efectos de sobreestimar el PBI, son muy graves y esto no sólo compromete la actual gestión, sino los gobiernos futuros ya que para 2017 se habrá tenido que desembolsar más de $15.000 millones”, afirmó .
Y agregó: “Estamos pidiendo que se dé a conocer quiénes son los acreedores que tienen estos bonos, y el gobierno de forma sistemática se niega a dar a conocer el Estado”. En ese sentido, Lozano afirmó que “sabemos que grupos empresarios compraron muchos de estos bonos en 2008, cuando no valían nada.           Evidentemente contaban con alguna información previa, y tras el canje de deuda de 2010, obtuvieron una ganancia del 80 al 100%”, explicó Lozano.
  El denominado cupón PBI fue diseñado para el canje 2005 y emitido nuevamente en el canje 2010. El gobierno lo vendió como “una herramienta contracíclica para suavizar los pagos de deuda y estabilizar el ratio de endeudamiento”. Pero el diseño del instrumento resultó muy asimétrico y llevó a un efecto acumulativo o “bola de nieve” al otorgar una elevada ponderación al desempeño pasado y no sólo al de un año particular.
   La pregunta a hacer entonces es: ¿por qué el gobierno hizo una maniobra tan infame y lesiva a los intereses del país?
   La respuesta es sencilla: por la corrupción estructural que se da en todos los niveles de la administración kirchnerista. Según Lozano, detrás de la reestructuración de deuda se esconde la consultora Arcadia, que habría cobrado millonarias comisiones por intervenir en los procesos de reestructuración de deuda y que estaría fuertemente vinculada con funcionarios kirchneristas como el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Anses, Diego Bossio. Las sospechas alcanzan también a Sergio Massa, que fue jefe de Gabinete kirchnerista en el año 2009
    Lozano hizo una denuncia judicial para que se investigue el papel que jugaron en este caso tanto Boudou como Massa, quien como jefe de Gabinete en 2009 dio el puntapié inicial del canje de bonos en el que intervino Arcadia. Esta consultora es propiedad del economista Emilio Ocampo y del abogado Marcelo Etchebarne Mihanovich. Fue constituida con un capital exiguo y al sólo efecto del canje de deuda de 2010, y con sólo estas personas como parte integrante. Echebarne y Massa mantuvieron una sospechosa reunión en el año 2008. Massa fue quien introdujo a Boudou en el círculo presidencial, le entregó su silla en el Anses, para luego pasar por ministerio de Economía y terminar en la vicepresidencia 
  En junio de este año, el candidato a senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, se presentó en la causa de la consultora Arcadia y pidió una serie de medidas de prueba destinadas a identificar a los bonistas participantes y toda la documentación en poder de los bancos Barclays, Citibank y Deutsche sobre la operación.
Boudou está imputado en la causa judicial en la que se investiga si cometió el delito de tráfico de influencias para beneficiar a los propietarios de los títulos de la deuda: la sospecha se basa en el rol que tuvo en esta operatoria la consultora y sus vínculos con el vicepresidente y otros funcionarios del Gobierno.
  Las acciones de Boudou en este caso, según Solanas, están encuadradas en los artículos 248 y 265 del Código Penal de la Nación. Afirmó que el vice, cuando era ministro de Economía, habría cometido esos delitos porque: hubo infracción a las normas legales y reglamentarias, específicamente a las misiones y funciones de la Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas del BCRA. Hubo omisiones en el desempeño de sus funciones y existe evidencias de torpezas o descuido en tal desempeño .
Los actos y omisiones de Amado Boudou revelan el incumplimiento de los deberes de funcionario público, conforme a principios elementales de la actividad propia de aquellos que ocuparon la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Economía.

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