sábado, 15 de febrero de 2014

 

los garkas se garkan entre ellos

El dicho popular dice que “todos tenemos un muerto en el placard”, y el senador nacional Aníbal Fernández no está libre de pecado.
Mito o verdad, la opinión pública lo recuerda, además de por sus múltiples cargos públicos, como el intendente prófugo de la Justicia que escapó en un baúl de un auto.
 Veinte años después de ese escándalo se supo quién ocultó al legislador durante los dos días que permaneció fugitivo.
 Entre 1991 y 1995 Aníbal Fernández fue intendente de la ciudad de Quilmes. Mucho antes que se rasgara las vestiduras por el proyecto nacional y popular kirchnerista, sobre el final de su gestión, en 1994, el juez en lo Correccional y Criminal Ariel González Elicabe lo imputó con los cargos de “falsificación de documento público” y ordenó su captura en el marco de una causa en la que se investigaba la contratación de un estudio jurídico para negociar la deuda de ese municipio con la empresa Aguas Argentinas.
 El relato periodístico de la época dice que el hoy senador nacional "estuvo prófugo durante 48 horas, del 26 al 28 de octubre de 1994". Aníbal Fernández asegura poseer un certificado de la Justicia donde se expresa que nunca se encontró prófugo ya que se retiró a su domicilio y allí aguardó la detención mientras su defensa elevó un pedido de hábeas corpus a la Cámara de Apelaciones, que hizo que la orden de captura fuera revocada.
 Finalmente en 1995 fue sobreseído de estas acusaciones, con "falta de mérito". Sin embargo, hay un detalle muy importante que sobrevuela todo el episodio jurídico y el escándalo derivado del pedido de captura: la acusación de que Fernández, para evadir el rigor de la Justicia, se escapó del Palacio Municipal de Quilmes escondido en el baúl del auto.
 Ahora, a casi veinte años de aquel día, se supo que el senador K huyó hasta el lujoso y acomodado barrio Villa del Plata del partido de Ensenada, donde fue hospedado por Juan José “Pipi” Pomares, detenido hace dos años y siete meses por crímenes de lesa humanidad.
 En julio de 2011, la Justicia Federal platense detuvo a Pomares acusado de integrar la banda de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que en abril de 1976 secuestró a dos parejas en Villa Elisa, las torturó y asesinó a una de ellas. Su detención derivó en una crisis familiar, ya que su mujer, Anita, comenzó con cuadros de depresión que la acercaron a la muerte. Anita, durante muchos años fue secretaria del ahora diputado provincial massista Juan Amondarain, junto a la concejal electa Marcela Farroni, mujeres no muy queridas por la militancia por su carácter superficial y egoísta. “Son dos gorilas enquistadas en el peronismo”, solían decir en los pasillos.
 La CNU era el brazo derecho universitario del peronismo, vinculada a la Triple A, organización a la que se le atribuyen múltiples asesinatos de militantes. Nació en 1968 como una fuerza de choque y en 1975 se ligó al Estado: dependía de la Policía Bonaerense, de las Fuerzas Armadas y tenía contactos dentro del Servicio Penitenciario. “Pipi”, al momento de su detención era congresal del Partido Justicialista bonaerense y tenía un cargo temporal en el Senado. Pero además, fue mano derecha del ex diputado Alberto Delgado, ahora andidato a intendente de Capital bonaerense por el alakismo.
 La relación con Delgado, es fruto de la militancia sostenida a favor del ex ejecutivo municipal de La Plata, Julio Alak. Paradójicamente, cuando este llega al máximo cargo en el Ministerio de Justicia, Pomares es detenido acusado de delitos de lesa humanidad. Los allegados al ministro sostienen que “el turco” le “tiene mucho aprecio, pero no tiene poder para ayudarlo a salir” de la cárcel.
 Según se pudo saber , Pomares fue quien alojó a Fernández durante las horas que estuvo prófugo, en su casa quinta en el barrio de Villa del Plata, una lujosa zona residencial que queda en las afueras de la ciudad de Ensenada. El dato no debería sorprender puesto que aunque el senador nacional ahora se jacte de integrar un gobierno progresista y de centro izquierda; el pasado y su lugar en los gobiernos menemista y duhaldista, lo dejan al descubierto sobre sus principios ideológicos.
 Mientras Pomares fue detenido por asesinar a militantes de izquierda en los ’70, Fernández goza de la libertad, aún cuando podría adjudicársele alguna responsabilidad por los crímenes en el Puente Pueyrredón, en el año 2002, cuando era Secretario General de la Presidencia de Eduardo Duhalde.
Recordar que con estos antecedentes llegó a ser ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, no puede más que despertar repugnancia.

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