La Plata, Ciudad Generosa

Como una letanía, el gobierno kirchnerista se encarga de reafirmar, cada vez con mayor énfasis, que no está dispuesto a modificar en lo más mínimo el rumbo de su nefasta política económica, que genera cada vez más inflación y que ha sumido al país en una aguda recesión. El viernes pasado, en Florencio Varela, tierra del Conurbano bonaerense donde campea el clientelismo y predomina la extrema marginalidad social, la primera mandataria dejó en claro que la única re- ceta que tiene para combatir la inflación es insistir con los fracasados acuerdos de precios, algo que no sólo no funciona en la Argentina, sino que tampoco lo hace en ningún país que se rija por las reglas del sistema capita-lista. Esto no es producto de la casualidad. El gobierno lo que está haciendo al no atacar las raíces del proceso inflacionario es aplicar un durísimo ajuste que recae, con fuerza, principalmente en los sectores medios y po- pulares, cuyo poder adquisitivo se viene derrumbando de forma permanente y sistemática. No por casualidad el kirchnerismo pretende que los docentes y emplea- dos públicos de las provincias reciban un mísero aumento del 22% de aumento salarial en cuotas, cuando la inflación anual, luego de la abrupta devaluación del peso aplicada en enero, se acerca al 40%. Semejante desbarajuste implica, en los hechos, una fenomenal transferencia de recursos. Ahora bien, es muy infantil pensar que los trabajadores y los gremios que los representan se quedarán con los brazos cruzados, ante semejante falta de respeto a los asalariados. Por más que haya algunos sindicalistas que siguen al pie de la letra los mandatos de la Casa Rosada, serán las propias bases las que llevarán, más temprano que tarde, a que se paralice el país en caso de no haber una recomposición acorde a lo que perdió el salario en los últimos meses. El peligro radica en que, además, será necesario que se adopten nuevas medidas económicas para poner en marcha, aunque sea de forma mode- rada, un aparato productivo que hoy se encuentra desbastado ante los desaguisados que ha cometido el kirchnerismo, empeñado en perseguir y castigar con una presión fiscal asfixiante a todos aquellos que le da valor agregado a la economía y genera trabajo genuino. En ese sentido, el movimiento obrero no puede estar ajeno de esta situación y por ello sería loable que el reclamo salarial esté acompañado de propuestas para cambiar el status quo. Y buscar consensos, con sectores empresariales y políticos, para que se hagan realidad. De lo contrario, corremos serio riesgo de que se termine repartiendo miseria.
Un punto que prácticamente ningún sector político pone en discusión es el pago de 5000 mil millones de dólares que el gobierno K pretende realizar para arreglar con Repsol, en virtud de lo que fue la expropiación de YPF. Se trata de recursos que, en caso de ser coparticipados a las provincias, permitirían un importante alivio económico. Para darnos cuenta de lo que significa solo cabe consignar que ese dinero, por ejemplo, alcanzaría para dar un 49% de aumento a todos los docentes, estatales, médicos y policías de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo cabe consignar respecto al pago de la fraudulenta deuda externa. Si estos recursos, que hoy se malgastan en compromisos que se sustentan en estafas y negocios turbios, estuviesen destinados a la producción y al fortalecimiento del mercado interno, seguramente la historia comenzaría a ser muy diferente. Nadie, en su sano juicio, puede plantear que un país no debe honrar su deuda. Pero ello debe realizarse sobre la base de la legalidad y la transparencia, para que efectivamente se pague lo que se debe y no el producto de la usura de un puñado de banqueros que son amigos o socios del poder político de turno. A su vez, acordar con una empresa extranjera que ha saqueado y vaciado YPF, a costa del hambre y la miseria de miles de compatriotas, es una auténtica aberración.
El gobierno K le está haciendo pagar la ciudadanía la fiesta del des- pilfarro que duró casi una década. El kirchnerismo derivó los excedentes económicos que obtuvo el Estado -a partir de los commodities de escaso o nulo valor agregado que demandó el mundo- para desarrollar y sostener el sistema de clientelismo más extendido e infame que haya tenido lugar en nuestro país. Para colmo, ahora tiene un nuevo capítulo con el mal llamado Plan Progresar, que significa el reconocimiento implícito del fracaso. Si después de 10 años de gobierno se tiene que salir a subsidiar con míseros 600 pesos a chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, es porque evidentemente no hubo ningún tipo de desarrollo social en el país. Más bien, lo que se registró fue un claro retroceso, que se ahonda cada vez más ya que la inflación es una máquina de hacer pobres. Los próximos días estarán marcados, casi de forma exclusiva, por el conflicto con las paritarias, que se irá agudizando a medida que se acerque el comienzo de clases. Así, en caso de que no aparezcan propuestas superadoras, nos iremos encaminando a un peligroso clima de creciente tensión social.

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