La Plata, Ciudad Generosa

A días de cumplirse un año de la inundación que azotó a la ciudad el pasado 2 de abril,el abogado Martín Berasategui Ilundayn quien inició junto a más de 100 vecinos una causa penal contra el intendente Pablo Bruera por su responsabilidad frente a semejante tragedia. Dijo que “cuestiones políticas” pueden estar retrasando la investigación y advirtió con la posibilidad de que los delitos prescriban.
A casi un año de que la ciudad quedara marcada por lo que fue una de las peores tragedias de su historia, dejando más de 70 víctimas fatales oficiales(todos sabemos que fueron mas de 200 reales), daños estimados en más de 3.400 millones de pesos y un miedo permanente en la gente cada vez que se anuncian lluvias, el abogado que busca probar alguno de los tres delitos que se le imputan a Bruera: homicidio culposo, incumplimiento de deberes como funcionario público y estrago culposo.
Martín Berasategui Ilundayn representa a más de cien vecinos en la causa penal que se inició en los tribunales locales el 8 de abril del año pasado contra el intendente, en la que figuran como “Particular Damnificado”, para poder ser parte y colaborar con el aporte de pruebas en la investigación que realiza el Fiscal Jorge Paolini.
“Nosotros hemos hecho durante el año pasado varias presentaciones, algunas fueron oídas, otras no. Hemos solicitado informes a la aduana para que informe justamente, respecto a la salida del país del actual representante del ejecutivo municipal (Pablo Bruera alias el GARKA)), el cual fue informado”, dijo el letrado.
“También solicitamos, entre otras cosas, la declaración testimonial del doctor Javier Pacharotti para que informe, como salió en varios medios, respecto a la supuesta acefalía del Ejecutivo. Esas son cuestiones que tienen que figurar en la causa que no están”, enfatizó.
En cuanto al pedido de indagatoria del jefe comunal, el abogado informó que, si bien considera que “ya están dadas las condiciones” para que se haga efectiva, el Fiscal que tiene a su cargo la investigación, Jorge Paolini aún no dio lugar a que se realice.
“Nosotros consideramos que ya están dadas las condiciones hace tiempo, para que el representante del ejecutivo municipal dé explicaciones”, afirmó Berasategui Ilundayn. “Consideramos que hay bastantes pruebas respecto a la comisión de delito de acción pública, es decir, consideramos que hay como mínimo tres delitos que deben ser investigados más en profundidad: la comisión de posible homicidio culposo, sin dudas hay que investigar seriamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el estrago culposo también”, remarcó.
Dijo que “en base a esas tres figuras típicas hemos solicitado la indagatoria del señor intendente, que el fiscal en principio no compartió nuestro criterio”.
Al ser consultado sobre si el pedido de indagatoria fue denegado, el letrado aclaró: “el Fiscal ni nos negó, ni nos concedió la indagatoria, lo que nos dijo fue: ‘Téngase presente’. Por eso digamos, la frase, la frase completa sería ‘Téngase presente para su oportunidad’”.
En cuanto a la explicación que recibió por parte del Fiscal para no acceder a la indagatoria en este momento, Berasategui Ilundayn señaló: “Los fundamentos del Fiscal al momento de contestarnos el pedido de indagatoria fue de que tiene todavía prueba pendiente de producción y que, por lo tanto, todavía no están dadas las condiciones para llegar al cumplimiento de ese paso procesal”.
“Desconozco cuales son las motivaciones del doctor Paolini, para a su entender, en su privacidad, porque no están dadas las condiciones, pero manifestó que a su criterio no están dadas las condiciones aún, que hay medidas por producir, que hay pruebas por producir y que por eso entiende que no es el momento para hacer un llamado a indagatoria; pero ni nos negó la indagatoria ni nos dio la indagatoria. La puerta está entornada digamos”, expresó.
El abogado también insistió en la necesidad de contar con el testimonio del en ese momento presidente del Concejo Deliberante, Javier Pacharotti, quien por esos días declaró antes los medios que Pablo Bruera se encontraba veraneando en las playas de Brasil, sin haberlo comunicado, lo que hizo que el Ejecutivo municipal se encontrara acéfalo.
“Creemos que Pacharotti, independientemente de la responsabilidad que pueda llegar a tener o no, al haber salido por todos los medios a decir que había acefalía en el poder ejecutivo el 2 de abril, debe dar su testimonio”, sostuvo Berasategui Ilundayn.
“En realidad no sabemos si hubo delegación, si no hubo delegación, sí hubo acefalía; si no hubo acefalía, sí estaba a cargo del Ejecutivo el 2 de abril. Entonces Pacharotti manifestó a los medios acerca de una posible acefalía, es más no dijo posible, dijo que había acefalía en el poder Ejecutivo municipal, según lo que uno pudo ver en los medios periodísticos. Necesitamos de que si él está al tanto de esa cuestión, que la deje plasmada en el expediente”, precisó.
“Necesitamos que eche luces respecto a quién era el responsable del Ejecutivo al día 2 de abril”, remarcó el abogado.
En cuanto a las penas que podrían aplicársele al intendente Pablo Bruera, alias el GARKA, en caso de que se compruebe algunos de los cargos que se le imputan, el abogado señaló que “no son muy altas”, pero sí podría ser “inhabilitado” en su cargo.
“Todo depende del delito que se pudiera llegar a probar. Lamentablemente las penas no son muy altas. Ninguna de ellas creo yo que pueda llegar a ser de cumplimiento efectivo”, indicó el abogado que representa a más de cien damnificados por la inundación.
“Insisto, hay tres delitos que a nuestro criterio deben investigarse que son: el delito de homicidio culposo, el incumplimiento de funcionario público y el estrago culposo, que es un poco más difícil de poder demostrarlo. No son penas que lamentablemente sean de cumplimiento efectivo”, aseveró.
Por otro lado, advirtió que lo más peligroso es que los delitos prescriban en caso de que la investigación no avance y supere el tiempo máximo de la pena fijada para dichos delitos. Cabe señalar que, en el caso de incumplimiento de deberes como funcionario público el Código Penal argentino establece una pena máxima de 2 años; en tanto que, para el caso de homicidio culposo, prevé una pena de hasta 3 años.
“También hay una cuestión peligrosa aquí que como son penas, en relación a otros delitos, relativamente bajas, tenemos el peligro de la prescripción. En este caso el llamado a indagatoria interrumpiría eso, cortaría el curso de la prescripción. Hasta que la causa no siga avanzando no sabemos cómo podría llegar a operar”, manifestó.
Por otro lado, Berasategui Ilundayn anticipó  que pedirá tener acceso al legajo fiscal, en caso de que este existiese, tras destacar que es “importante tener acceso pleno” a la investigación.
En este sentido, explicó que “hace un tiempo se hizo una reforma que faculta a los fiscales de tener un legajo reservado. Esto significa que los fiscales tienen la posibilidad de investigar y de que, parte de esa investigación sea secreta, privada. Tienen la obligación de mostrarla en caso de que exista prueba de cargo, al momento de llegar al juicio de la causa. Hasta ese momento, en principio, no hay una obligación por parte del fiscal de mostrar, de publicar qué investigación está realizando. Estamos hablando de cualquier causa penal, no de esta solamente”.
“Creemos específicamente en esta investigación que hay un montón de pruebas que no han salido a la luz. Se lo hemos solicitado de forma expresa al doctor Paolini en alguna presentación y también se lo hemos solicitado de forma verbal. Para nosotros es importante conocer esa prueba, sea de cargo o no sea de cargo, porque en definitiva es a criterio del fiscal de si esa prueba es importante o no. Queremos saber y analizar si es que existe esa prueba, porque tampoco se nos reconoció si existía una prueba que aún no se ha divulgado”, mencionó el jurista.
“Es una de las medidas que también vamos a solicitar, que el doctor Paolini no nos ha reconocido todavía si existe un legajo fiscal, pero si no tenemos acceso a el por el lado de la Fiscalía, seguramente lo solicitemos en Garantías o en la Cámara”, refirió.
Consultado acerca de la lentitud de los pasos procesales, a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia que enlutó a la ciudad, Berasategui Ilundayn señaló: “respecto al tiempo de demora, simplemente no estoy sorprendido”.
“Esta es una causa que tiene muchas aristas, muy compleja y lamentablemente no me enorgullece, pero la Justicia Penal suele ser lenta, suele demorar mucho”, afirmó. No obstante, dejó entrever que podrían existir “cuestiones políticas” que hicieran que la causa no avance.
“No puedo negar de que uno sospecha de cuestiones políticas en el medio. Uno entiende de que pueden existir cuestiones políticas, pero bueno insisto, todo lo que haya que pedirlo lo haré en la Fiscalía del doctor Paolini, en el Juzgado de Garantías. Sí tenemos que insistir en estas cuestiones, que entiendo que son sensibles, pero bueno, si hay una cuestión política innegable, no debería mezclarse con la cuestión jurídica” subrayó el abogado.
“Es un hecho que creo que superó a todos los organismos del Estado, creo que desde los organismos de seguridad, de prevención, hasta del poder judicial se vio sobrepasado por esta cuestión. Es algo innegable”, aseveró.
Por último, el jurista reiteró que insistirá con el pedido de indagatoria. “Vamos a insistir con eso y obviamente nos gustaría que el proceso sea mucho más rápido, pero no hay que bajar los brazos”.
“Por la forma en que se está investigando creemos que ya tiene que haber una indagatoria, para nosotros están probados los extremos y a su vez también vamos a insistir con el tema de los legajos fiscales, que a mi criterio es inconstitucional, inclusive, ya que sobre todo en este caso deja a los vecinos sin información que sería muy útil”, sentenció.

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