lunes, 3 de marzo de 2014

 

no firma nada

El decano de Medicina, Jorge Martínez, anunció que no acatará la intimación del presidente de la UNLP, Fernando Tauber, para que firme los títulos de los cinco estudiantes que rindieron la Practica Final Obligatoria (PFO), y que esperará a que la Corte Suprema de Justicia resuelva el conflicto de fondo planteado en torno a los requisitos para egresar de esa Facultad. La decisión, informada a través de un duro comunicado de prensa, implica un abierto desafío al Rectorado, y una profundización del conflicto entre las conducciones de la Universidad y la unidad académica de la avenida 60.

Según ese comunicado, Martínez tomó la decisión de mantener en suspenso la firma de esos cinco títulos habilitantes luego de consultar al Ministerio de Educación de la Nación. “La Facultad de Ciencias Médicas se niega a firmar los títulos de Médico de aquellos alumnos que han cursado la PFO (Práctica Final Obligatoria) en virtud de medidas cautelares dictadas por la Justicia que les permitieron –y les permiten- inscribirse y cursar los distintos módulos para finalmente ser evaluados”, dice el comunicado.
Respecto de esa situación, informa que se consultó al Ministerio de Educación de la Nación cuál era la conducta que debía seguir, “advirtiendo que los alumnos en cuestión, amparados por las mandas judiciales referidas, desarrollaron las actividades de la PFO sin cumplir con los requisitos establecidos por las Resoluciones 602/10 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y 1314/07 del Ministerio de Educación Nacional”.
La consulta, según explica, se realizó teniendo en cuenta que las medidas cautelares fueron dictadas en el marco de un juicio cuya sentencia jamás adquirió firmeza. “Resulta importante destacar que aún se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de resolver el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la Facultad y concedido por el Tribunal inferior”.
“El Ministerio sostiene que debería hacerse lo que las medidas cautelares han ordenado. En ninguna de ellas se hace mención a la expedición de los títulos”, alega el comunicado.
En ese punto responde a la intimación de Tauber. Plantea que resulta “pertinente” efectuar algunas aclaraciones para desmentir a Tauber:
“El día 25 de febrero Tauber intima al Decano a que proceda a firmar los títulos de cinco alumnos en un plazo de 48 horas. Dos días después, el Dr. Martínez responde a la intimación expresando que se firmarán una vez que la Asesoría Jurídica de la UNLP emita dictamen acerca del cumplimiento”.
“Veinticuatro horas más tarde Tauber dicta una nueva Resolución sosteniendo que la sentencia de la Cámara Federal declara inaplicable la Resolución 602 FCM (facultad de Ciencias Médicas) y que la Disposición 300 del Consejo Superior resolvió en igual sentido”.
“La Disposición 300 no resuelve, sino que emite opinión en abstracto. La sentencia citada carece –por ahora- de valor alguno, pues no tiene ninguna fuerza ejecutiva”.
“Por su parte, no es cierto que se haya negado la iniciación de trámite de obtención de título a ningún alumno”.
“Sí es irrefutable que el Estatuto UNLP dispone que las materias aprobadas por los alumnos resultan ser derechos adquiridos inalienables de éstos; pero no menos cierto es que la materia aprobada bajo el amparo de una medida cautelar judicial, la que –claro está- tiene efectos meramente precautorios y provisorios, no encuentra andamiaje jurídico en la disposición estatutaria citada”.
“Las cautelares se limitaron a ordenar la inscripción y desarrollo de las actividades, a lo que en definitiva se le suma la obligación de evaluación correspondiente”.
“A su vez, el juez amplió la cautelar (en una inexplicable intromisión en los temas académicos), permitiendo a los alumnos aprobar la PFO sin el cumplimiento del 80% de asistencia y sin la obligación de ser evaluados”.
“Nada más se ordenó al respecto con relación a los alumnos que han solicitado la expedición del título”.
En el tramo más político de su comunicado, Martínez califica de “alarmante” la “inexactitud” en los conceptos vertidos por Tauber, relacionados con la respuesta dada a la Medicina por el Secretario de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación Aldo Luis Caballero.
Por el contrario califica de “acertada” la afirmación de Caballero en el sentido de que Medicina debe cumplir la medida cautelar dictada por la Justicia. “Y así se hizo –dice Martínez-. Se cumplió con todas y cada una de las mandas judiciales sin excepción y de manera íntegra”.
Y agrega: “En razón de que las mismas no incluyeron de manera alguna la obligación de que la FCM deba expedir los títulos de marras –situación que el mismo funcionario nacional acepta desconocer- es que la Unidad Académica no se siente obligada a suscribir los títulos cuya firma exige Tauber sin fundamento legal”.
Finalmente y acerca de la advertencia de Tauber respecto a que cumplirá con su deber de denunciar en caso de que se configurara delito, el decano Martínez hace saber que junto a sus funcionarios “están definitivamente seguros de desarrollar toda su actividad en el marco de legalidad y, en consecuencia, no tienen ningún temor de someterse a la Justicia para deslindar responsabilidades”.

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