La Plata, Ciudad Generosa

En momentos en que la crisis económica no da tregua, la caja del PAMI, que deberían servir para garantizar la cobertura sanitaria a casi 5 millones de jubilados y pensionados, ha sido saqueada.
La situación se vuelve extremadamente grave ya que la jubilación, que abarca a aproximadamente el 70% de los pasivos de nuestro país, asciende a poco más de $2700, lo que ni siquiera permite costear el costo de un alquiler de un monoambiente en La Plata. Hoy, la canasta de la tercera edad, con productos básicos que se requieren para no vivir en situación de pobreza, llega a los $5300
Si a esto le sumamos que el costo de los medicamentos se han disparado, al punto que un simple remedio como el Losacor -que sirve para controlar la presión- cuesta $223 (18% más que a principios de año), la posibilidad de que haya un corte de prestaciones de la obra social podría generar verdaderos estragos sociales.
Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta situación? Distintas fuentes consultas por nuestro diario, conocedoras de lo que sucede en el seno de la obra social, hablan de que hubo un despilfarro y un saqueo de recursos a gran escala.
Concretamente, cuando Graciela Ocaña dejó el ministerio de Salud, en el año 2009 (hasta el año 2007 se había desempeñado como interventora del PAMI), en la obra social existía lo que se denominaba el fondo contracíclico, constituido por 2 mil millones de dólares que, si lo llevamos al tipo de cambio oficial de la actualidad, equivale a más de 15 mil millones de pesos.
Este fondo ya no existe. En los últimos años, para cubrir los baches fiscales y financiar el aparato de clientelismo político, el gobierno kirchnerista metió mano en esos fondos, entregando a cambio letras de Tesorería. Obviamente, el dinero del fondo anticíclico nunca se repuso y en una situación de crisis, como la que se está viviendo en el país, comenzaron a llover los reclamos de los prestadores de la salud a lo largo y ancho del país reclamando que se actualicen las cápitas y los aranceles, y más luego de la devaluación decretada en enero.
“Nos hemos reunido con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a fin de mantener una reunión con las autoridades del PAMI para que se regularice la situación. No hemos tenido respuestas, los costos se han disparado en los últimos meses y, para colmo, desde la obra social comenzaron a aplicar una serie de descuentos sin darnos explicaciones. Hasta el momento ni siquiera no han respondido el pedido de audiencia”, le dijo a Hoy, Gustavo Mammoni, vicepresidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba).
Los prestadores ponen el siguiente ejemplo: por cada transfusión de sangre, el Pami les abona $100, pero la Asociación de Hemoterapia cobra, por este servicio, un valor de $1.400.
Una situación similar se registra en otros puntos del país. Por ejemplo, hace algunos días, las clínicas y sanatorios prestadores de Santa Fe y Entre Ríos informaron que “se verán afectadas las prestaciones médicas a brindar a los afiliados de dicha obra social, en razón de no haber obtenido ninguna clase de respuesta a los constantes pedidos de modificaciones en las pautas contractuales”. Esto significa que las cirugías programadas serán diferidas, así como los turnos que no sean urgentes y de acuerdo con la especialidad médica.
Los ñoquis al acecho
Hay un dicho, que circula por los pasillos de la obra social de los jubilados y pensionados, que dice: “el día que vengan a trabajar todos los que aparecen cobrando, se derrumba el edificio. No van a resistir los cimientos ante semejante cantidad de gente”.
Razones no le faltan para plantear esta situación. Según pudo saber Hoy, en los últimos 5 años, la plantilla de personal del PAMI pasó de 10 mil agentes a 24 mil. Esto se traduce en un incremento del 140% en el último lustro, sin que haya mejorado en nada la calidad de la prestación.
Las fuentes consultadas por Hoy afirmaron que “gran parte de estos contratos laborales sirven para financiar a militantes rentados de agrupaciones kirchneristas como La Cámpora y la Güemes“. Está última fue creada por el actual titular del PAMI, Luciano Di Césare.
El año pasado se conoció que Di Césare, en momentos que los jubilados perciben salarios de hambre, cobró un salario bruto de 98.700 pesos que, luego de los descuentos por jubilación, obra social e impuesto a las ganancias se redujo a 63.676 pesos.
Di Césare llegó a manejar el PAMI -el segundo presupuesto gubernamental de la Argentina- en el 2007, luego de ser el titular de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Está vinculado políticamente al titular de la SIDE, Héctor Icazurriaga.
Por su parte, el subdirector del PAMI, Mariano Cardelli, el año pasado cobró un salario bruto de $ 97.566 y se llevó en la mano $ 61.759, tras los descuentos. Varios gerentes cobran salarios de bolsillo de entre 30 mil y 41 mil. Incluso una ciudadana española fue contratada con un salario de $ 33.519, sin conocerse su especialidad técnica aunque sí estaría vinculada con un gerente.
Esta “desproporción” salarial también se observa en los gastos de representación para viajes al exterior. El año pasado por lo menos 8 funcionarios viajaron gastando más de 50 mil dólares, en tiempos de cepo cambiario.
Uno de esos viajes lo hizo Cardelli, el número dos del PAMI, en agosto a México, para terminar una beca. Pese a que es un funcionario político y no de carrera, le pagaron gastos de un diplomado “en gerencia de prestaciones de servicios sociales” (790 dólares), le dieron un viático diario de 218 dólares, un pasaje aéreo en clase ejecutiva (6000) y 3000 más en “gastos de representación”.
El curso fue entre el 14 y 18 de octubre. Esos gastos se los dio Di Césare por considerar a su segundo en el nivel jerárquico II del decreto presidencial 280/95 que regula estos pagos en el exterior.

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