domingo, 23 de noviembre de 2014

 

Cine : subsidios que nadie ve

De las 764 películas subsidiadas entre enero de 2008 y octubre de 2014, 309 fueron vistas por menos de 10.000 y costaron en conjunto $ 211 millones, un tercio de los $ 641 millones invertidos en subsidios (que podrían ser más porque no hay datos sobre la cantidad de espectadores que vieron 282 películas). Llevaron menos de 5000 personas 253 películas y, de ellas, 83 no alcanzaron las 1000.
Pero además, en medio de la ya vieja discusión sobre la eficiencia económica y cultural de estos subsidios, un grupo de realizadores denunció al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por el presunto desvío de $ 1035 millones que, según ellos, debieron invertirse en la producción cinematográfica.
La contracara más evidente de esta realidad es Relatos salvajes, de Damián Szifron, que hasta octubre pasado había sido vista por 3.309.174 espectadores, con una recaudación por taquilla doméstica de $ 147,2 millones y un subsidio de sólo $ 3,2 millones. O Metegol, de Juan José Campanella, que fue vista por 2,7 millones de personas, recaudó $ 104 millones y tuvo un subsidio de $ 2,7 millones. Así, estas películas aportan más de lo que reciben porque el 10% de las recaudaciones es una de las principales fuentes que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), de donde salen las ayudas (que no se nutren del presupuesto nacional).
El cine que no miramos es caro y entender los criterios de distribución no es sencillo. Desde 2008, el Incaa publica en su web las cifras de los subsidios pagados, lo hace en formato PDF y sin distinguir con claridad subsidios (dinero que sale del ente) y compensaciones (dinero que los productores reintegran al Incaa para pagar créditos, otro mecanismo de financiamiento).

La Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI), presidida por Luis Barone y representada por el polémico abogado Oscar Marcos Azar, denunció a la ex presidenta del Incaa y actual diputada nacional kirchnerista Liliana Mazure por el presunto desvío de $ 1035 millones del FFC (creado por la ley 17.741 de cine) a gastos corrientes del ente.
La denuncia -presentada en el fuero contencioso administrativo- es casi un libro: tiene 102 páginas.Y la defensa de Mazure, otras 40. Allí, la funcionaria -que fue sucedida en el Incaa por Lucrecia Cardoso - reconoce que con esos fondos no se hicieron películas, sino que se usaron para la creación del canal estatal Incaa TV, los planes de fomento de contenidos para la TV digital (TDA), Internet y videojuegos y la homologación del convenio colectivo de trabajo que "normalizó" la situación de cientos de contratados.
Según la denuncia, en 2002 los gastos de funcionamiento del Incaa ascendían a $ 6,8 millones y este año llegarán a $ 400 millones, es decir, 58 veces más, mientras que los subsidios a la producción en 2002 eran de $ 13,7 millones y este año llegarán a $ 155,4 millones, sólo once veces más. Mazure también argumenta que el decreto reglamentario de la ley de medios obliga a invertir el 25% de lo recaudado por la Afsca en producción de contenidos para TV, algo que no está previsto en la más antigua ley del cine, que rige para el FFC.

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