La Plata, Ciudad Generosa

Un acta evidencia que Máximo Kirchner trabajó para la compañía desde un domicilio fantasma, según el legajo de la Inspección General de Justicia. La empresa adeuda balances desde 2010.
El jueves pasado el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar la sede de Hotesur, ubicada en Lavalle 975. Acababa de iniciarse una causa judicial que investigará si una de las empresas de Cristina Kirchner funciona de modo irregular. Hotesur, es la firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más grande, el Alto Calafate.
La causa Hotesur busca determinar si esa empresa funcionó de modo ilegal gracias a la protección del Gobierno que lidera su propietaria, la Presidenta.
Kirchner afirmó en su última declaración de bienes que sus acciones en esa compañía hotelera tenían un valor de $ 9.367.528,8.
El hotel de Hotesur fue administrado hasta fines del año pasado por el socio de los K, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y Argentina. El empresario fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas, una maniobra típica de quienes buscan lavar dinero.
Es por eso que el expediente Hotesur podría abrirse hacia pesquisas de delitos financieros vinculados a la corrupción.
Las primeras sospechas de los investigadores de la causa, mientras tanto, empiezan a tener un respaldo probatorio.
En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008.
Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado.
A todo esto se suman otras novedades sobre el hotel presidencial.
Según la documentación de la IGJ, la firma adeuda sus balances del 2011, 2012 y 2013. El último estado contable presentado es el de los años 2009-2010.
La aprobación de esos balances de Hotesur fue realizada, según declaró la compañía, en una asamblea del 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. El dato que complica al heredero de los Kirchner.
¿Máximo estuvo en Lavalle 975 y aprobó esos estados contables? Es probable que la Justicia busque respuestas a ese interrogante.
Los documentos de Hotesur muestran que al menos al 2011 sus acciones estaban bajo control de la “sucesión” de Néstor Kirchner.
La Presidenta declaró que su parte de Hotesur vale $ 9.367.528,8. Y dijo que tiene una deuda con la empresa por $ 4.683.848,68.
¿Por qué le debe tantos millones a su propia compañía? Hotesur no presentó a la IGJ sus últimos balances.
El oficialismo embestió contra el juez Bonadio, al que acusa de estar haciendo “golpismo”.
Hasta ahora, el Gobierno no desmintió con documentación respaldatoria la información sobre el sospechoso funcionamiento de Hotesur

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