domingo, 22 de marzo de 2015
fallo judicial por el "calamitoso" estado de la Morgue en La Plata
La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata condenó hoy al gobierno provincial a mejorar la infraestructura edilicia y a confeccionar un protocolo de actuación de la morgue judicial de La Plata, clausurada el año pasado por irregularidades en la disposición de cadáveres.
En un reciente fallo, el juez platense Luis Arias hizo lugar a un planteo realizado por la Comisión por la Memoria (CPM) y el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ), que habían denunciado graves irregularidades en la disposición y mantenimiento de los cuerpos alojados en la morgue que se encuentra en el cementerio municipal, lo que derivó en un allanamiento de Gendarmería.
La denuncia había sido impulsada en 2014 como consecuencia de las sospechas generadas por el rol de la morgue en el ocultamiento en las cifras de muertos por la inundación.
En esa ocasión, la CPM y el CIAJ pidieron obtener “información pública y veraz relativa a las modalidades de manipulación, registro y rotulación de los cadáveres en las morgues policiales de la Provincia de Buenos Aires”.
En la presentación se había solicitado también que “se informe sobre protocolos, reglamentaciones y toda normativa interna relativa al mecanismo y procedimiento para el registro y documentación de cadáveres y de las circunstancias de defunción, así como también al otorgamiento de licencias de inhumación y cremación en el Registro Provincial de las Personas”.
Las primeras sospechas en torno al manejo de la morgue se iniciaron tras la denuncia de una mujer que aseguró que el nombre un familiar suyo aparecía en dos tumbas diferentes.
En los allanamientos de Gendarmería se detectó, según el juez, “un escenario calamitoso, que da cuenta de una desastrosa gestión tanatológica por parte de la policía”, con habitaciones “con restos cadavéricos en las paredes, bolsas de residuos negras tipo consorcio con restos humanos en estado líquido y restos óseos de animales”.
Arias utilizó estos resultados en su fallo, en el que destacó también que en la morgue se encontraron “cadáveres sin el correspondiente rótulo identificatorio -entre ellos el de un lactante- y mal rotulados, restos óseos sin identificar en una bolsa, cadáver fuera de la cámara frigorífica y dos cadáveres en una misma bolsa mortuoria”.
Frente a esta situación, el magistrado ordenó a la Provincia a que en el plazo de 60 días dote a la morgue de “una infraestructura edilicia adecuada para la preservación de los elementos de prueba allí alojados, y la seguridad e higiene del personal que presta funciones, para lo cual se le confiere un plazo de seis meses”.
Además, ordenó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a arbitrar “las medidas conducentes a efectos de crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”.
En un reciente fallo, el juez platense Luis Arias hizo lugar a un planteo realizado por la Comisión por la Memoria (CPM) y el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ), que habían denunciado graves irregularidades en la disposición y mantenimiento de los cuerpos alojados en la morgue que se encuentra en el cementerio municipal, lo que derivó en un allanamiento de Gendarmería.
La denuncia había sido impulsada en 2014 como consecuencia de las sospechas generadas por el rol de la morgue en el ocultamiento en las cifras de muertos por la inundación.
En esa ocasión, la CPM y el CIAJ pidieron obtener “información pública y veraz relativa a las modalidades de manipulación, registro y rotulación de los cadáveres en las morgues policiales de la Provincia de Buenos Aires”.
En la presentación se había solicitado también que “se informe sobre protocolos, reglamentaciones y toda normativa interna relativa al mecanismo y procedimiento para el registro y documentación de cadáveres y de las circunstancias de defunción, así como también al otorgamiento de licencias de inhumación y cremación en el Registro Provincial de las Personas”.
Las primeras sospechas en torno al manejo de la morgue se iniciaron tras la denuncia de una mujer que aseguró que el nombre un familiar suyo aparecía en dos tumbas diferentes.
En los allanamientos de Gendarmería se detectó, según el juez, “un escenario calamitoso, que da cuenta de una desastrosa gestión tanatológica por parte de la policía”, con habitaciones “con restos cadavéricos en las paredes, bolsas de residuos negras tipo consorcio con restos humanos en estado líquido y restos óseos de animales”.
Arias utilizó estos resultados en su fallo, en el que destacó también que en la morgue se encontraron “cadáveres sin el correspondiente rótulo identificatorio -entre ellos el de un lactante- y mal rotulados, restos óseos sin identificar en una bolsa, cadáver fuera de la cámara frigorífica y dos cadáveres en una misma bolsa mortuoria”.
Frente a esta situación, el magistrado ordenó a la Provincia a que en el plazo de 60 días dote a la morgue de “una infraestructura edilicia adecuada para la preservación de los elementos de prueba allí alojados, y la seguridad e higiene del personal que presta funciones, para lo cual se le confiere un plazo de seis meses”.
Además, ordenó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a arbitrar “las medidas conducentes a efectos de crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”.
Etiquetas: datos de la ciudad
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