martes, 23 de junio de 2015

la tormenta perfecta

Ante las cercanías de las Primarias del 9 de agosto, y con las listas de candidatos definidas, el gobierno nacional decidió dar rienda suelta a la maquinita de imprimir billetes para incentivar el consumo, aumentar los gastos clientelares y disfrazar el creciente déficit fiscal. Todo ello constituye una verdadera bomba de tiempo que podría provocar un estallido en la economía luego de que finalice el período electoral y se pinche la burbuja que viene inflando el propio gobierno.
Hay números que hablan por sí solos: datos de junio arrojan un crecimiento alarmante de la emisión destinada a cubrir el déficit fiscal y financiar al sector público. La tasa de expansión monetaria del Banco Central, entidad que comanda Alejandro Vanoli y cuyo mandato vence en el año 2019, ya llega al 33% interanual. Es más, sólo en los primeros 12 días de junio el financiamiento al sector público con recursos del Banco Central generó una expansión de $ 14.885 millones. Y la base monetaria, esto es, el dinero que está en circulación, creció entre el 1° y el 12 de este mes 39.346 millones de pesos.
La descontrolada emisión se está produciendo en momentos en que la inflación se desaceleró producto de la aguda recesión que afecta al país, consecuencia directa del cepo cambiario, el freno a las importaciones y las distintas medidas que está adoptando el gobierno nacional para cubrir los baches fiscales, y sostener el enorme gasto público improductivo. Es decir, el gasto clientelar en un año electoral donde el oficialismo apuesta muchas sus fichas a conservar los votos provenientes de los beneficiarios de los planes sociales.
Una de las reglas básicas de la económica indica que emitir dinero, sin el más mínimo respaldo en el sector productivo, es decir sin producir bienes y servicios que permitan satisfacer la oferta, genera inflación y también incrementa las expectativas devaluatorias del tipo de cambio.
La emisión que realiza el gobierno también está destinada a incentivar artificialmente el consumo al punto que, en un país como la Argentina donde se hace muy difícil conseguir medicamentos por las trabas a las importaciones, se están ofreciendo planes en varias cuotas para viajar en Aerolíneas Argentinas, una empresa que pierde 3 millones de dólares por día y que se sostiene con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Prácticamente todos los economistas, tantos los ortodoxos monetaristas como los heterodoxos que defienden el rol del Estado como regulador de la economía, sostienen que quien asuma el 10 de diciembre no tendrán otra alternativa que devaluar, dado que el gobierno no ha implementado ningún tipo de política para favorecer la productividad. Peor aún, asfixió con una agobiante mochila fiscal a todos los sectores que generan trabajo genuino.
El retraso del tipo de cambio está poniendo a las economías regionales al borde de una crisis extrema. De ahí los cachetazos electorales que sufrió el gobierno en provincias como Mendoza y Río Negro, donde los productores vitivinícolas y frutihorticolas se encuentran en pie de guerra (ver página 5). En rigor, la crisis de las economías regionales es una realidad que se repite a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, sólo en la localidad de Rafaela, corazón de la producción agropecuaria de Santa Fe, dejaron de funcionar 400 tambos en los últimos años. A nivel nacional, son alrededor de 5000 las unidades productivas lácteas que desaparecieron. Eso no es todo: mientras que un consumidor de Buenos Aires paga de 8 a 12 pesos por kilo de naranjas, los productores de Entre Ríos y Corrientes -principal zona de cítricos dulces- cobran apenas 40 centavos por kilo. El desfasaje es tan grande que muchos deciden no cosechar: lo que ganan ni siquiera cubre el costo de enviar la fruta al mercado.
A este escenario, se le suma el retraso en el valor de las tarifas de los servicios públicos, que se mantienen a partir de millonarios subsidios que salen de la caja del Estado y que se están volviendo muy difíciles de mantener en un contexto de estrechez económica. Son números que dan escalofríos ya que sólo en el primer cuatrimestre del año el gobierno aumentó 39% esa erogación: $42,7 mil millones fueron destinados a energía y $ 15,1 mil millones a transporte.
En el caso de la luz, hace prácticamente tres años que no hay un aumento de tarifas (el año pasado sólo se habilitó el incremento de un cargo fijo) y se teme que el nuevo gobierno, con el respaldo que dan los votos, tenga que sacrificar una parte de su capital político eliminando subsidios y habilitando así un
tarifazo como forma de intentar recomponer las alicaídas arcas del Estado. Es decir, el costo del ajuste recaerá con fuerza sobre los bolsillos de la clase media y de los sectores populares.
En este escenario, existen muchas dudas respecto a que lleguen las inversiones que son tan necesarias para que la Argentina pueda poner en marcha su aparato productivo y modernizar su vetusta infraestructura, después del 10 de diciembre.
Las imposiciones de Cristina Kirchner a Daniel Scioli, que implicaron poner a Carlos Zannini como candidato a vice y llenar las listas con camporistas y funcionarios K involucrados en delitos de corrupción, provocó una profunda desconfianza en los mercados ante los indicios de que Scioli, en caso de ser electo presidente, no podría modificar los lineamientos del modelo que llevaron al estancamiento económico. A su vez, desde la oposición que lidera Mauricio Macri, tampoco existen muchas precisiones acerca de cuál es su plan económico, lo que también abre un gran signo de interrogación acerca de si el jefe de gobierno porteño estará en condiciones de ser un piloto de tormentas en caso de llegar a la Casa Rosada.
Esta es la pesada herencia que está dejando un gobierno que, luego de haber estado 12 años en el poder, dejará un país sumidos en el retraso y en el subdesarrollo.



No hay comentarios: