lunes, 15 de febrero de 2016

un pirata en el gabinete de la city

El armado del equipo de gobierno que acompaña al intendente de La Plata, Julio Garro, sigue dando mucha pero mucha tela para cortar. Según se supo, en la secretaría de Desarrollo Social, más específicamente en el área de Tercera Edad, se habría sumado como funcionario el polémico ex diputado provincial y ex precandidato a intendente por el Frente Renovador, Alberto “El Cabezón” Delgado (63), quien supo tener una relación muy cercana con el ex intendente y ex ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak.
El desembarco de Delgado en Tercera Edad se habría concretado luego de que, en un primer intento, habría estado muy cerca de sumarse a la Secretaría de Cultura, que se encuentra a cargo de otro ex alakista: Gustavo Edgardo Silva, alias “El Chino”.
El pasado reciente de Delgado, ligado al ex intendente y ex ministro K, no es lo más grave. Tras perder la interna del Frente Renovador local, volvió al kirchnerismo y respaldó el intento re-reeleccionista de Pablo Bruera, la candidatura a gobernador de Aníbal “la Morsa Narco” Fernández y la postulación presidencial de Daniel Scioli. Pero al margen de sus exóticos cambios de posicionamiento político, lo peor de Delgado son sus antecedentes que lindan con lo delictivo.
Concretamente cobra desde el 1º de febrero de 2013 una pensión del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) que, según la ley 14.042, se destina a aquellas personas que -entre 6 de noviembre de 1974 y el 10 diciembre de 1983- fueron presos políticos, estuvieron condenados por un Consejo de Guerra o fueron víctimas de la represión ilegal por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
Lo llamativo no es solamente que Delgado no encuadraría en ninguna de estas categorías sino que, por el contrario, habría estado estrechamente vinculado con personajes siniestros que formaron parte de aparatos represivos parapoliciales durante los años de plomo. ¿Cómo puede ser posible semejante incompatibilidad? Distintas fuentes consultadas sospechan que el ex diputado provincial habría fraguado un certificado detención que presentó en el IPS diciendo que supuestamente estuvo detenido en un penal de Rosario durante la dictadura.

Ahora bien, el ex diputado no es el único funcionario municipal conectado al mundo del delito. El flamante subsecretario de Centros Comunales, Dardo Alejandro Saavedra, que fue designado mediante un decreto de Garro, fue policía y fue separado de la fuerza en junio de 2004 por su presunta vinculación con una banda de “piratas del asfalto”. Terminó siendo exonerado en 2006 por medio de la resolución N° 3300. Saavedra recurrió esa decisión por vía administrativa, pero un año después, en septiembre de 2007, el Ministerio resolvió a través de otra resolución no hacer lugar al recurso de consideración. Ese mismo año se le inició una nueva causa judicial, esta vez por hallazgo de automotor y encubrimiento.
Llamativamente, ninguno de los dos funcionarios mencionados aparece en la nómina de autoridades publicadas por la web del municipio. ¿Será que lo quieren esconder, sienten vergüenza o directamente no les da la cara para dar las explicaciones correspondientes a una ciudadanía que votó masivamente por el cambio en las elecciones del año pasado?

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