domingo, 20 de marzo de 2016

dos K mas

El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.
Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales.




Entre 2008 y 2013, el Gobierno de Cristina Kirchner ocultó que Lázaro Báez había realizado operaciones de posible lavado de dinero de la corrupción por alrededor de $ 900 millones según los datos que constan en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”.
Tanto el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) emitieron conocían que la financiera SGI, “La Rosadita” estaba involucrada en esas maniobras potencialmente delictivas, pero siempre evitaron investigar el tema. Cabe destacar que el titular de la UIF durante los años de expansión sospechosa de la plata de Báez fue el polémico y denunciado José Sbatella y como tantas veces se reflejó en llos medios, ofició como garantizador de la corrupción kirchnerista.

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