La Plata, Ciudad Generosa

La sesión del cuerpo de concejales tuvo como eje central, las discusiones por una de las medidas más cuestionadas que ha tomado la gestión Bruera, el Código de Ordenamiento Urbano (COU). En un momento vital para la imagen política de los contendientes a gobernar la ciudad, las acusaciones fueron y vinieron entre los concejales oficialistas y opositores.
Para la sesión, estaba previsto tratar un pedido de que el Departamento Ejecutivo, haga llegar a manos de todos los concejales la convalidación técnica elaborada por la Provincia de Buenos Aires acerca de lo planteado en el proyecto del nuevo COU.
La iniciativa fue promovida por cuatro bloques en conjunto: Unión Celeste y Blanco, U.C.R., Coalición Cívica y Encuentro por la Democracia y la Equidad.
Sin embargo, la presentación se vio totalmente afectada e influida por la noticia que se recibió ayer, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió la suspensión de los efectos que tendrían las modificaciones previstas por el nuevo código aprobado el año pasado en el recinto del Concejo Deliberante.
En este sentido, José Ramón Arteaga, del bloque Unión Celeste y Blanco, aclaró: “El pedido tenía que ver con la necesidad se saber que quedó del COU, luego de la convalidación técnica, tras un año de procedimiento. Pero a la espera de esta remisión del informe nos enteramos del fallo resuelto por la máxima autoridad de justicia en la provincia”.
“Esta es una oportunidad de hacer un llamado a la reflexión, en términos de responsabilidad jurídica, económica y de las consecuencias de decisiones como estas no sólo para quien administra, sino también para quienes son administrados e invierten”, resaltó el edil.
En la misma línea, el concejal del bloque “kirchnerista” Nacional y Popular, Sebastián Tangorra, recalcó la valentía que tuvieron las tres ONG´s que promovieron la medida cautelar y declaró: “No nos equivocábamos cuando afirmábamos que era una propuesta irresponsable por parte del Intendente.”
A la defensa del oficialismo, se puso al frente otra vez, la presidenta del bloque “bruerista”, Valeria Amendolara, quien afirmó que el decreto firmado por la gobernación convalida el código y sin titubear, expresó que “este municipio no ha sido notificado del fallo de la Suprema Corte”.
Además, Amendolara acusó a las ONG´s de estar integradas por “personajes” de la gestión anterior, a la que le atribuyó culpas y hasta dijo que “es llamativo el fallo con firmas de algunos jueces que tuvieron relación con la administración anterior”, refiriéndose al Juez Daniel Soria y agregó: "La situación en la actualidad es fruto de la ordenanza que está vigente desde el año 2000. Nosotros al asumir nos encontramos con que el 60 % de las construcciones eran ilegales."

Pero las respuestas de los concejales opositores que habían mostrado su visión sobre el tema no tardaron en llegar.
De ese modo, Arteaga retrucó: “En el año 2000, la ordenanza que se aprobó fue fundamentada por quien era aquel entonces presidente de bloque, Pablo Bruera, también fue votada por el presidente del bloque de la U.C.R en ese momento, Jorge Campanaro (actual secretario de Gestión Pública de la municipalidad), y en el año 2000 el Doctor Soria no era funcionario del municipio.”
Asimismo, Tangorra, sarcásticamente comentó: “Scioli va a tener que poner un poco más de atención a lo que provenga de Bruera”, y pronunció que no sabe de dónde saca los datos la presidenta del bloque oficialista.
Por otro lado, el concejal de la Coalición Cívica, Pablo Pérez, enunció: "No quiero politizar la cuestión porque estoy hablando de un amigo al cual se le partió la familia, pero cuando la semana pasada aprobamos por unanimidad un pedido de informes por lo que ocurrió en el derrumbe esperábamos la respuesta inmediata. Sin embargo, no se quiere admitir que estamos en presencia de un escandaloso negocio de unos pocos y el municipio no tiene intenciones de fiscalizar absolutamente nada.”

fuente ---ACA

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