La Plata, Ciudad Generosa

Luego de las informaciones aparecidas que daban cuenta de una supuesta maniobra de los Adventistas del Séptimo Día que estaría perjudicando al fisco, ingresó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una denuncia para que se investigue y determinen las responsabilidades ante los posibles delitos de evasión tributaria agravada, asociación ilícita, defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, estafa y competencia desleal de todos las personas que intervinieron: el presidente, directores, accionistas y gerentes de la mencionada entidad, como así también a los funcionarios de la AFIP.Como se recordará, en su oportunidad se había informado que en la Agencia Nº 6 de la AFIP ubicada en la avenida Luis María Campos al 100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires figura la inscripción de la Asociación de Adventistas del Séptimo Día, en donde se resolvió que la entidad en cuestión posee reconocimiento de “exención en trámite ante la AFIP, sujeta a posterior aprobación por el organismo”. En definitiva, gracias a esa exención, los Adventistas lograron hacer crecer su negocio sin pagar impuestos amparados en el disfraz de “ente de bien público”. Como se sabe, estos religiosos son los responsables de la famosa empresa de alimentos “Granix”, cuyas marcas más conocidas son las galletitas dulces “Frutigran” en sus distinas versiones, además de las “Granagua Sandwich” y “Salvado”. Aparentemente, detrás de ese beneficio otorgado por la AFIP se oculta un claro uso de su condición para generar un negocio incalculable a través de la comercialización de sus reconocidos alimentos y la prestación de servicios sin pagar impuestos. Resulta ser un buen negocio el servicio de organizaciones de culto, ya que permite tener una de las marcas líderes en la venta de galletitas y sin devolver un sólo Peso en impuestos.
En el texto de la presentación, se señala además que “tamaña ilicitud, por su volumen y duración, torna vehementes las sospechas sobre una posible complicidad delictiva por parte de los distintos organismos estatales de control, no solo la propia Administración Federal de Ingresos Públicos sino también la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Economía”. “Su llamativa inacción permitió a los imputados contar con un certificado provisorio durante el absurdo lapso de diecisiete años y la consumación de una evasión que no dudo en presumir que ha sido varias veces millonaria y perpetrada mediante una maniobra fraudulenta fácilmente detectable”, agrega la persona denunciante en el extenso documento presentado.

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