La Plata, Ciudad Generosa

En momentos en que los ciudadanos del Gran La Plata están pagando por el agua un 180% más que la tarifa que abonaban en el mes de mayo, se vendría un nuevo golpe al bolsillo. El gobierno provincial tendría previsto aplicar otro incremento -que oscilaría el 33%- para financiar un negocio vinculado a la construcción de una planta potabilizadora. Es decir, aquellos ciudadanos que pagaban $ 50 hasta hace pocas semanas, antes de que la Justicia avalara el controvertido incremento tarifario (aumento que se definió de forma unilateral, sin que se convocara a audiencia pública, como lo indica la ley) pasarán a pagar más de $ 170 luego de que se termine de adjudicar la obra en cuestión. En definitiva, los platenses tendrán una tarifa de agua 200% más cara, cuando este año los aumentos salariales, en promedio, no llegaron al 25%. Y lo harán en medio de una recesión económica que, al estar combinada con una inflación galopante, está pulverizando el poder adquisitivo de la clase media y de sectores populares. En los próximos días, el gobierno provincial haría pública la adjudicación para la construcción de la planta potabilizadora de agua a una unión transitoria de empresas (UTE) encabezada por la firma estatal israelí Mekorot, que actualmente está denunciada por Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo, por graves irregularidades en el manejo del vital recurso en Medio Oriente. Como se sabe, en Israel y los territorios ocupados, el agua es un bien tan valioso como el petróleo. Y por eso, según distintos trascendidos, el desembarco de Mekorot en la Provincia también tendría como telón de fondo la posibilidad de que la empresa, a mediano y largo plazo, lleve grandes cantidades de agua de la Provincia para abastecer las necesidades de Medio Oriente. Millones en danza La obra demandaría la friolera suma de US$ 170 millones, en momentos en que el Estado provincial atraviesa una aguda crisis económica y prácticamente tiene vedado el acceso al financiamiento internacional. Una clara muestra de ellos es que, en cada una de las colocaciones realizadas en el mercado doméstico, la Provincia está tomando deuda al 16%, una tasa absolutamente usurera. Y más si se tiene en cuenta que países en quiebra o al borde del default, como España y Grecia, acceden a tasas que equivalen a la mitad de lo que se le pide a nuestro país. El presupuesto 2012, aprobado a fines del año pasado, autorizó al gobierno provincial endeudarse con organismos multilaterales de crédito por más de US$ 1.200 millones el año próximo. Una parte de esos recursos debería destinarse a la construcción de la planta. Difícilmente, dado el contexto internacional y nacional, puede avanzar por ese camino, por lo que el aumento de tarifas sería el mecanismo a implementar. “Estamos preparando una impugnación de la licitación, porque vemos muchos puntos oscuros, como es el informe de Amnistía Internacional. Si es necesario, volveremos a recurrir a la Justicia”, le dijo a Hoy el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica) respecto a la casi segura adjudicación de la obra a Mekorot. Este legislador, junto con distintos organismos de defensa de usuarios y consumidores, viene litigando contra la empresa ABSA a raíz de las irregularidades que se habrían cometido en el último tarifazo del agua. Un hecho que demuestra que la contratación ya está digitada es el hecho de que, en el mes de abril, el gobernador Daniel Scioli recibió, en su despacho, al embajador de Israel y a representantes de la empresa Mekorot. Eso no fue todo: en el año 2010, Scioli viajó a Israel y se habrían realizado gestiones en torno a la futura planta potabilizadora. No se conoce que haya hecho lo mismo con la empresa brasileña. En la oposición también genera muchas dudas la metodología utilizada en la compulsa de precios. En un principio, se había anunciado que el gobierno provincial iba a utilizar la controvertida ley de Iniciativa Privada, un proyecto que se aprobó en el año 2008 y que permite sortear los controles que establecen los llamados a licitación convencionales. El silencio que mantuvo el Ministerio de Infraestructura (ver aparte) al respecto no hizo más que sumar confusión. Características del proyecto El lugar de emplazamiento de la nueva planta potabilizadora será en el mismo terreno de la actual planta Donato Gerardi, ubicada en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, donde actualmente la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) opera esta planta que trata el agua proveniente del Río de la Plata. Esta planta alimenta el sistema integrado de abastecimiento de agua conformado por la ciudad de la Plata y las ciudades de Berisso y Ensenada. La obra que será adjudicada en los próximos días tiene un plazo de ejecución de 1.080 días (si se cumple con plazos previstos, recién se inauguraría hacia el final de la gestión de Daniel Scioli). Las preguntas que quedaron sin responder A raíz de la polémica que está generando la posible adjudicación a Mekorot, el diario Hoy envió un cuestionario al Ministerio de Infraestructura bonaerense a fin de obtener alguna explicación oficial por parte de alguna autoridad de esa cartera respecto a los puntos oscuros de esta contratación. Pasaron varios días, y el cuestionario no fue contestado. Las consultas que se realizaron tenían que ver con aspectos sensibles y medulares del proyecto para construir la planta potabilizadora de agua y el proceso de contratación que se está llevando adelante. 1. ¿Se tuvieron en cuenta los antecedentes de las empresas que se presentaron en la licitación por la planta potabilizadora, como las denuncias de Amnistía Internacional sobre Mekorot y los antecedentes de Eleprint en escándalos como Skanska? 2. ¿Cuándo se va a realizar la adjudicación de la obra, y mediante qué mecanismo?
¿Se aplicará la ley de Iniciativa Privada? ¿Esta ley se puede complementar con un llamado a licitación internacional? 3. ¿Cómo se financiará la obra? ¿Se aplicará un nuevo cargo tarifario en la boletas de agua? ¿De cuánto sería el aumento? 4. ¿Está previsto que desde la Provincia haya algún tipo de suministro de agua para el Estado de Israel? Socios oscuros y distintos vínculos políticos Las empresas que construirán la planta potabilizadora tienen polémicos antecedentes y diferentes relaciones políticas Como estaba previsto, en la apertura de sobres realizada días atrás, el grupo israelí Mekorot, en una asociación con la empresa 5 de Septiembre SA -la compañía que tiene el manejo operativo de Aguas Bonaerenses SA (ABSA)- y con las constructoras platenses Mako y Eleprint, presentaron la oferta más baja para construir la planta potabilizadora en Punta Lara. La otra oferta fue la elevada por la empresa de origen brasileño Odebrecht SA, firma que se había presentado en un intento de darle un marco de trasparencia a una contratación que desde hace tiempo está digitada. Las empresas asociadas con Mekorot no tienen los mejores antecedentes. Por ejemplo, entre el año 2005 y 2007, el fiscal de Delitos Complejos de La Plata Esteban Lombardo acreditó que funcionarios de ABSA, ligados a la firma 5 de Septiembre en connivencia con un contador público, “habrían cometido fraude mediante el ardid o engaño consistente en la creación de un falso vínculo contractual de proveedor o asesor, a nombre de un hombre que en realidad se dedicaba al rubro gastronómico, en la especialidad pizzería”. El actual presidente de la firma 5 de Septiembre es el titular del gremio de Obras Sanitarias, Julio Castro. De hecho, la empresa forma parte de esa entidad gremial. En tanto, Eleprint es una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como fue el caso Skanska: estuvo en la mira ya que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción. Facturas truchas Según una denuncia realizada por los diputados Elisa Carrió, Weiss tenía facturas apócrifas de las firmas La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750 y de Echo Argentina por $ 132.139. Eleprint, además, aparece en la denuncia penal que realizó el exdiputado nacional Adrián Pérez, en el año 2005, por supuestos sobreprecios en la construcción de cárceles. Las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner. En tanto, los dueños de la firma Mako SA son Gabriel Edgardo Maler y Marcelo Salinas, cuyo nombre completo es Marcelo Luján Ricardo Salinas García Sanabria. En realidad, Salinas se sumó a Mako como accionista mayoritario en el año 2005, mientras que Maler era socio del dueño anterior. Salinas es un exfuncionario del área de Transporte del gobierno menemista y es conocido en el mundo de la farándula por ser el esposo de la famosa y voluptuosa vedette María Eugenia Ritó (su verdadero apellido es Rita), con quien tiene la empresa Milne SA. En tanto, Salinas y la familia Weiss (Eleprint) no solamente son socios en este emprendimiento, ya que también forman parte de Mawe SA. Salinas también es titular de otra sociedad estrechamente vinculada a ABSA y al negocio del agua: Gral Saneamiento SA. Se trata de una empresa que fue creada por el mencionado Sindicato de Obras Sanitarias y por la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales que, en realidad, era un apéndice de esa entidad gremial.

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