La Plata, Ciudad Generosa

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que destaca la solidaridad individual y colectiva, organizada, popular y democrática surgida al calor de la catástrofe del 2 de abril y cuestionó al Estado por no desplegar una acción coordinada. Además, hizo una férrea defensa del juez y el defensor de menores platenses cuestionados por investigar el número de víctimas fatales y exhortó a la Suprema Corte de Justicia a que decida quién debe investigar.
A continuación, el comunicado enviado por la CMP
Las inundaciones en La Plata y en otros lugares del conurbano, con sus resultados dolorosos para las familias de nuestra Provincia, deben convertirse en un punto de inflexión tanto por la solidaridad individual y colectiva, organizada, popular y democrática que despertó, como también por la necesidad imprescindible de pensar por qué ocurrió. El cambio climático no es un hecho sino un proceso, previsible entonces para actuar con planificación, donde pueden desconocerse las dimensiones de los hechos, pero no que vayan a suceder. Eso exige más y mejor Estado. Sin embargo, mientras la lluvia torrencial asediaba, la oscuridad invadía todo y muchas calles de La Plata se convertían en torrentadas incontrolables no existió la acción coordinada del Estado. La planificación urbana vino ligada a estimular el negocio inmobiliario sin la regulación necesaria, sin tomar en cuenta a la naturaleza, ni tampoco a los habitantes. La maximización de la ganancia vino en desmedro de la vida y los bienes especialmente de los que menos tienen, los que perdieron todo y que, sin Estado que los cobije, se les niegan todos sus derechos. Las catástrofes actúan sobre la desigualdad, agravándola. El Estado democrático y la sociedad deben actuar para atacar la matriz de la desigualdad, el desarrollo con inclusión así se configura como una acción destinada a crear igualdad, que es en definitiva una opción por los pobres. Pensar que la inmensa solidaridad que llego a La Plata resolvió las nefastas consecuencias es no tomar en cuenta ni la dimensión de la catástrofe ni la desigualdad donde actúa y la que deja. Llamar a suspender la solidaridad, o desmantelar el comité de crisis, evidencia una estrategia de silenciar el reclamo social existente mediante la construcción de una idea falsa que los problemas ya pasaron. La catástrofe y el cuadro que describimos dejaron personas desaparecidas y muertas. Establecer métodos de investigación transparente sobre ellas es parte del derecho a la verdad del pueblo de la ciudad y de la provincia. Parece insensato discutir números, pero también obstaculizar la búsqueda de saber que pasó. El Juez Luis Arias y el Defensor del fuero de responsabilidad juvenil Julián Axat no sólo tenían el derecho, sino la obligación de investigar. Mientras se siguen reparando los daños y todavía existe una catástrofe social, crece también el reclamo por el derecho a la verdad. Es inadmisible el intento de deslegitimar a dos funcionarios judiciales que hacen su trabajo, mucho más que la justicia cuestione a quienes investigan en vez de cooperar todos. El intento de algunos legisladores de abrirle Juicio Político a Arias y Axat, mientras ningún dirigente estatal de la Provincia asume su responsabilidad en lo ocurrido, parece perseguir la intención de una presión a la justicia para que no investigue lo que al poder político no le interesa. Más allá de quien haga las investigaciones lo imprescindible es que se realicen en forma transparente y confiable para nuestra sociedad. Exhortamos a que la Suprema Corte de Justicia, con la urgencia que exige el momento, decida en un acuerdo extraordinario quien debe realizar las investigaciones.
Una sociedad con nuestra historia no debe dudar ante el valor supremo de la Verdad y la Justicia.

Etiquetas: datos de la ciudad, Mi Provincia.