La Plata, Ciudad Generosa

Bajo la consigna “1 mes sin verdad, sin justicia” vecinos de La Plata convocan a una “marcha de paragüas” para el próximo 2 de mayo a plaza Moreno con el objetivo de llevar sus reclamos y expresar su indignación al cumplirse un mes de las trágicas inundaciones que dejó un saldo oficial de 52 muertos. La convocatoria comenzó a expandirse por las redes sociales y los organizadores confían en una amplia convocatoria al palacio municipal. Los manifestantes no creen en el relato oficial del gobernador Daniel Scioli, que clausuró la lista de víctimas fatales, pero en la causa en curso en el fuero Contencioso Administrativo, esa cifra trepó a 57. Además no se descarta que los asambleístas emitan un duro discurso sobre el rol desarrollado por el Poder Judicial de La Plata y provincial, donde hay varias denuncias penales presentadas por particulares, desde hace tres semanas, y no se conocen medidas concretas de investigación, más allá de los formalismos administrativos que sirven como puesta en escena de actividad leguleya. Mientras los manifestantes se mantienen unidos y movilizados, los asambleístas manifestaron que "seguimos de cerca el papel de los actores judiciales responsables de las investigaciones". Una causa natural, al menos tres denuncias particulares y una investigación administrativa forman parte del enredado ovillo judicial anudado tras las inundaciones que padeció el partido de La Plata el pasado 2 de abril. La aparición de cuerpos en distintos barrios platenses dio origen a actuaciones en el fuero penal, radicadas en la fiscalía 5 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta. El expediente es controlado por el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio. La cifra oficial de víctimas fatales fue clausurada en 52 por el gobernador Daniel Scioli y todo su gabinete, pero una investigación abierta en el fuero Contencioso Administrativo platense (mientras estuvo a cargo del juez Luis Arias) elevó esa cifra a 57. Tras un cruce entre los jueces Arias y Atencio, intervino la Suprema Corte bonaerense, desde donde confirmaron la legitimidad y legalidad de la investigación de Arias (abierta por una presentación del defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil Julián Axat), pero el expediente finalmente fue radicado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de la jueza Ana Logar. En el transcurso de esta investigación se obtuvieron indicios de la confección con datos imprecisos en los certificados de defunción de las víctimas, como la causa y el horario de muerte de las víctimas. Esas sospechas comenzaron a tomar cuerpo en sede judicial con la denuncia de un testigo de identidad reservada, empleado del Registro de las Personas bonaerense, quien sostuvo que después del temporal, víctimas fatales por causas traumáticas habrían sido registradas en esa repartición sin la intervención judicial previa correspondiente. Mientras se desarrollaba la pelea judicial, se sucedieron una serie de presentaciones penales. El 9 de abril, la labor del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta en el marco de la investigación por la muertes de vecinos de La Plata producto de la inundación comenzó a ser objetada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj) de La Plata, desde donde presentaron una denuncia penal pidiendo se desplace al funcionario y se los investigue por los delitos de “encubrimiento, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Esa denuncia quedó radicada en la fiscalía 4 de La Plata, a cargo de Fernando Cartasegna. Un día antes, el 8 de abril, el abogado platense Martín Berasategui, entabló una demanda penal para que se investigue al intendente de La Plata, Pablo Bruera, “respecto a la responsabilidad que le pudiere caber en relación a los tristes acontecimientos recientes”. El viernes 12 de abril otro abogado platense, Alejandro Montone, presentó una denuncia penal pero que apunta al gobernador Daniel Scioli por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fundado en obras y tareas de mantenimiento y limpieza de los arroyos que no se habrían efectuado. Esta denuncia basada en documentación de origen municipal tuvo escasa repercusión en los medios de comunicación tanto de la ciudad de La Plata como en medios de alcance nacional. Todas las causas que apuntan a las responsabilidades políticas de la tragedia (ya sea por acción u omisión) quedaron radicadas en la fiscalía 8 de La Plata (Delitos Complejos) a cargo del fiscal Jorge Paolini. En tanto, el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, dispuso separar de la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de la información respecto de la cantidad de muertes provocadas por la tormenta al defensor del fuero penal juvenil Julián Axat y poner en su lugar a una defensora de pobres e incapaces que resultó ser Laura Ozafrain, su hermana. Así lo explica Horacio Verbitsky en su nota del domingo 21 de abril en el diario Página 12.

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