lunes, 22 de julio de 2013

 
La etimología de la palabra anarquía alude a la «ausencia de norma, autoridad o gobierno”. Y esto es lo que lamentablemente está pasando en nuestro país, donde se registra una ola de violencia e inseguridad que no tiene antecedentes en la historia. Y que llega a todos los rincones de la Argentina, incluido a los pueblitos donde hasta hace pocos años los vecinos dejaban la puerta sin llave ya que era inimaginable que, en lugares donde todos los habitantes se conocen entre sí, pudiese haber algún hecho delictivo. Ese país dejó de existir y gran parte de la culpa la tiene el gobierno nacional que, durante los 10 años que está en el poder, se la pasó argumentando que la “inseguridad” era una sensación, impulsada por los medios de comunicación. Recién en las últimas semanas, ante la campaña electoral, y teniendo en cuenta que la inseguridad es el principal problema que expresan los ciudadanos en todos los sondeos de opinión, la presidenta Cristina Fernández -y sus candidatos títeres- salieron a decir algo de este flagelo. Fiel a su estilo, los K siempre buscan lavarse las manos y responsabilizan a algunos jueces que no son su riñón político. La realidad es que si la Justicia es de puertas giratorias la culpa es del propio gobierno que ha puesto a dedo a infinidad de funcionarios judiciales y ha pactado con otros tantos, que ya estaban antes de 2003, para garantizarse impunidad. De esta forma, personajes como el exsecretario de Transporte, Ricardo Jai­me, sigue en libertad, cuando con sus actos de corrupción contribuyó a la destrucción del sistema ferroviario (hay 54 muertos en choques de trenes en el ultimo año y medio). De ahí para abajo difícilmente se pueda esperar que haya justicia ante los crímenes que diariamente sacuden al país. Los K han corrompido casi todo el sistema.
La gente perjudicada
La gente está pagando las consecuencias. El valor de la vida humana se ha reducido a su mínima expresión, al punto de que ayer dos hinchas terminaron muertos en una interna entre barras bravas de Boca Juniors, que luchan por quedarse con el control de negocios turbios, amparados por dirigentes de fútbol y funcionarios que son partícipes o deciden miran para otro lado. De hecho, esto se sabía que iba a ocurrir y lo alertamos en las páginas de nuestro diario el 14 de julio pasado, cuando los grupos antagónicos se enfrentaron en la previa del partido entre Estudiantes y Boca. El sector que se sintió agredido juró venganza. Es decir, hasta anunciaron lo que finalmente ocurrió ayer, y nadie hizo nada para prevenirlo. La ausencia de respuesta no es una casualidad: es producto de que muchos dirigentes y funcionarios son socios de los barras o se sirven de ellos como fuerza de choque, para dirimir sus intereses como si estuviésemos en la selva, donde reina la ley del más fuerte.
  Sin paz
“Hace más de un año, cuando nosotros comenzamos la lucha, en todos los pueblos a los que fuimos dijimos que esto es una enfermedad que se va ramificando día a día y lamentablemente nadie está tomando conciencia de que esto es así”, le dijo a Hoy Hugo Salinas, integrante de la ONG Provincia Insegura. Se trata de una organización que reúne a grupos de vecinos y comerciantes autoconvocados del Conurbano, La Plata y del interior bonaerense que decidieron organizarse para reclamar medidas de seguridad a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. “Si uno se pone a hacer un poco de historia reciente, se ve que hay distritos en los que antes la inseguridad no existía, como Dolores o Brandsen. Hoy ya son íconos de dolor. Estamos hablando de pueblitos, donde saben quién es quién, donde saben que el ladrón vive acá a la vuelta y se esconde en tal lugar. Entran y salen”, agregó Salinas. El referente de Provincia Insegura concluyó: “Esto sigue y va a seguir siendo lo mismo. No hay un político serio que diga ‘nuestro plan es éste, para seguir por esto y para terminar en esto’. Lamentablemente estamos en decadencia, no hay una preo­cupación por parte de nadie. Estamos en el sálvese quién pueda. Y hoy el ciudadano es un coto de caza. Estoy en la calle y miro a través de los espejos retrovisores si no viene alguien a robarme, a dispararme. Llego a mi casa y también tengo miedo. Todos tenemos miedo”. Los reclamos ciudadanos se harán sentir mañana en La Plata. Vecinos y comerciantes de distintos barrios de la ciudad marcharán –a las 10- a la Casa de Gobierno bonaerense, para exigir mayores medidas de seguridad ante la ola de delitos. La situación es tan grave que, actualmente, en la provincia de Buenos Aires se cometen 23 delitos contra la integridad sexual por día y 9 homicidios. Es decir, que prácticamente cada una hora una persona denuncia haber sido víctima de abuso con o sin acceso carnal. En tanto, cada dos horas se abre un proceso penal por algún tipo de homicidio. Esto surge de los propios datos oficiales por lo que, si se tiene en cuenta la gran cantidad de delitos que nunca son denunciados por el temor de la víctimas a sufrir represalias o por la desconfianza que le genera la Justicia, la cantidad es mucho mayor. Un panorama similar se registra en otras provincias del país (ver página 4 y 5). Semejante estado de violencia e inseguridad está mostrando un Estado absolutamente ausente, que ha dejado a sus ciudadanos librados a la buena de Dios.
  El delito en números
 Delitos que se cometen por día en la Provincia de Buenos Aires
 23: Delitos contra la integridad sexual
 9: Homicidios
 1303: Delitos contra la propiedad
 6: Apremios legales y torturas
 87: Violaciones a la Ley de Estupefacientes (narcotráfico)
 60: Delitos contra la administración pública

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