La Plata, Ciudad Generosa

Cada día que pasa, el gobierno kirchnerista no deja de sorprender con su hipocresía y el doble discurso permanente. Ayer, la presidenta Cristina Fernández, para no tener que escuchar las críticas de la comunidad judía por el convenio que firmó con Irán y por los nulos avances en la investigación de la AMIA, no tuvo mejor idea que viajar a Colombia.
Allí, en el país con mayor índice de violencia del continente, donde los carteles de la droga siguen siendo amos y señores de amplios territorios, CFK firmó con el presidente colombiano Juan Manuel San­tos una serie de acuerdos bilaterales para combatir “la trata de personas”, “mitigar los desastres naturales” y facilitar “la extradición de delincuentes”. Fue una verdadera burla. No resiste el menor análisis que una presidenta como Cristina Fernández se comprometa a combatir la trata de personas cuando su propio gobierno retiró a los gendarmes de las fronteras (que ya son verdaderos coladores) y se niega sistemáticamente a instalar radares. Para colmo, ahora permite que todas las organizaciones mafiosas -como las que se encargan de secuestrar y prostituir mujeres- puedan venir a blanquear sus dólares manchados con sangre con los cedines, sin tener que dar explicaciones a na­­die. Además, llama poderosamente la atención que el gobierno aho­ra diga que se preocupa del flagelo de la tra­ta de personas, cuando el año pasado utilizó a sus jueces amigos para evitar que avance la investigación contra Eugenio Zaffaroni, el ministro más kirchnerista de la Corte Suprema, luego de conocerse que en varias de sus propiedades se ejercía la prostitución.
Cabe destacar, asimismo, que los gobernadores de las provincias feudales, donde se encuentran los pasos fronterizos más importantes -utilizados por los narcos, los tratantes de blancas y los contrabandistas- son todos estrechos aliados del gobierno kirchneristas. Estamos hablando de territorios donde subsisten atroces mecanismos de clientelismo político, que se asemejan a la esclavitud del período colonial. Otra tomada de pelo es hablar de “mitigar los desastres naturales” cuando el gobierno K acaba de firmar un acuerdo leonino con la multinacional norteamericana Chevron, que viene de ser expulsada de Ecuador –país que limita con Colombia- por haber provocado un genocidio ambiental, con miles y miles de hectáreas contaminadas. La Justicia ecuatoriana condenó a esta compañía a pagar 19 mil millones de dólares y, de la misma for­ma que utilizó CFK al escapar de las críticas de la comunidad judía, salió huyendo. El escándalo generado en Ecuador hizo que varios países le cerraran las puertas Chevron, que finalmente encontró refugió en la Argentina y los K le permitieron acceder al negocio soñado. La firma que forma parte del Grupo Rockefeller se quedará por 30 años con la explotación de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencional más importantes del mun­do, pudiendo utilizar tecnología que está prohibida en varios países por sus efectos devastadores sobre el medio ambiente.
  La burla mayor
Ahora bien, como si esta burla no alcanzara con los insólitos convenios firmados en Colombia, el gobierno K ayer superó el límite de lo grotesco cuando se conoció que, finalmente, el multidenunciado exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue beneficiado por la Justicia.
El fallo de la Cámara Federal, que le otorgó la eximición de prisión, no hizo más que blanquear lo que nuestro diario planteó des­­de que se dio a conocer el pedido de captura: fue todo una gran puesta en escena, fuegos de artificio para distraer la atención de la opinión pública. A diferencia de la actitud de la presidenta Dilma Rousseff, que es implacable con cualquier funcionario sospechado de corrupción, el gobierno K no quiere ni puede soltarle la mano a Jaime por la sencilla razón de que fue uno de los principales cajeros de Néstor Kirchner. En otras palabras, si Jaime prende el ventilador, la ráfaga de viento llegará hasta las entrañas de la familia presidencial, cuyo crecimiento patrimonial forma parte de un gigantesco cono de sombras. No es la primera vez que el kirchnerismo manipula la Justicia en función de sus propios intereses. Y seguramente no será la última. Ahora bien: los K están en problemas si piensan que pueden seguir con este juego de forma indefinida. Todo tiene un límite, inclusive la impunidad, que suele desaparecer cuando el que recu­rre a ella deja de tener de poner.

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