La Plata, Ciudad Generosa

La presidenta Cristina Fernández demostró, en lo que va de la campaña, una soberbia pocas veces vista que la lleva a no reconocer ningún tipo de límite. Por eso, el kirchnerismo no tiene tapujos en manipular la imagen del Papa en afiches electorales con total de lavar la imagen de su candidato títere e ignoto. A su vez, la propia primera mandataria viola permanentemente la veda, instituida por la ley que el propio gobierno impuso, en una actitud de bipolaridad política que le permite borrar con el codo, lo que sus funcionarios escribieron con la mano (ver aparte).
En este escenario de esquizofrenia política, el gobierno nacional recurre a groseras manipulaciones para garantizar que haya impunidad y evitar que tanto la presidenta, como sus secuaces, puedan terminar tras las rejas después del año 2015. Solamente en un país con una Justicia que responde ciegamente al interés político del gobierno de turno se puede dar el espectáculo grotesco de volver a foja cero uno de los mayores escándalos de corrupción de la era K como es la estafa cometida en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Desde un primer momento, se puso de manifiesto que la investigación judicial, en mano del inefable Norberto Oyarbide, el juez más servil a poder político que existe en el país, era una farsa absoluta. Este magistrado, de vida licenciosa, ni siquiera imputó a Hebe de Bonafini, cuando es la principal autoridad de la fundación donde se cometió la estafa y tuvo al parricida Sergio Schoklender como su mano derecha durante años. Ahora, con la decisión de la Cámara, Schoklender, Bonafini y su hija, sospechada de haberse enriquecido ilícitamente, podrán caminar con absoluta libertad, como si nada hubiese pasado. Para colmo, la causa quedará a cargo de otro juez amigo del gobierno, lo que allana el camino hacia la impunidad. El juego de los K es un arma de doble filo. La manipulación de la Justicia se puede realizar siempre y cuando se maneje el poder. Pero el kirchnerismo ha ingresado en la cuenta regresiva. A medida que se acerque el año 2015, CFK y sus funcionarios irán perdiendo poder al no tener solución de continuidad. Por ende, quedarán expuestos ante el saqueo sistemático de recursos que vienen realizando desde hace más de 10 años, donde prácticamente han vaciado todas las cajas del Estado. En la Argentina, existe una megacorrupción que no solamente implica despilfarro de recursos, sino que también se cobra vidas. Así pasó con los siniestros de Once y Castelar donde los grande negociados en torno a los subsidios, terminaron dejando un servicio ferroviario paupérrimo, donde los miles y miles de pasajeros que todos los días se suben a un tren, en La Plata y en el área metropolitana, no saben si llegarán vivos a destino.
Denuncian a CFK por violar la veda
Los precandidatos del frente UNEN Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini, Sergio Abrevaya, Alfonso Prat Gay y Victoria Donda denunciaron ayer ante la jueza electoral María Servini de Cubría la violación por parte de la presidenta Cristina Fernández de la prohibición de hacer campaña electoral mediante la inauguración de obras públicas. En una actitud desafiante, mostrando una soberbia extrema, la primera mandataria pronunció ayer tres discursos de marcado tono proselitista durante una maratón de actos que encabezó en las provincias de Salta y Jujuy para inaugurar obras. Lo hizo en un territorio donde se aplican las prácticas más nefastas del clientelismo político. El miércoles último, la titular del GEN y precandidata del Frente Progresista Cívico y Social bonaerense, Margarita Stolbizer, reclamó también ante la justicia que se prohíba a la Jefa de Estado la utilización de la cadena nacional durante la actividad proselitista de cara a las legislativas, porque consideró "se viola la ley y que pone a los demás candidatos en posición de desigualdad". "Venimos a denunciar la violación de la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio ", planteó la denuncia.
En ese sentido, solicitaron "que se le ordene cesar de inmediato en toda actividad en infracción de la citada norma". La presentación se realizó en base a dos actos en los que participó la presidenta: uno el 27 de julio en San Fernando y otro dos días después en Cañuelas, en los que la jefa del Estado anunció obras. En aquellos anuncios, la Jefa de Estado afirmó que "en la vida hay que elegir, pero cuando uno elige, hay que elegir en serio pensando en el país". El Código Electoral Nacional establece en el artículo 64 quáter "mantener la igualdad de condiciones en la competencia electoral". La denuncia reconoce: "Si bien la legislación vigente en nuestro país no prohíbe la publicidad de campañas institucionales o de difusión de actos de gobierno durante todo el proceso electoral, queda claro sí la prohíbe a partir de los 15 días previos a la fecha de realización de las elecciones y lo que aquí se denuncia implica una transgresión a la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno y la vulneración de la transparencia y objetividad del proceso electoral por parte del Poder Ejecutivo Nacional".
  Una mano para Boudou
La Cámara Federal rechazó ayer cerrar la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por el llamado “affaire” Ciccone, pero le dio una mano enorme al exigirle al juez y al fiscal profundizar la investigación y esclarecer rápidamente si el funcionario estuvo vinculado o no a un hecho de corrupción. En otras palabras, los camaristas achicaron los plazos de acción de los investigadores. La Cámara Federal pidió "ahondar en la investigación, con la premura que el caso reclama, a fin de reunir los elementos necesarios que posibiliten adoptar una decisión que someta a Amado Boudou a los influjos de este proceso penal o bien que lo libere definitivamente de ellos".
Se trata de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal, que ratificó la decisión del juez Ariel Lijo de rechazar el planteo de la defensa de Boudou para obtener su sobreseimiento. Pese a ello, la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero dejó abierta la puerta para investigar el planteo de la defensa del vicepresidente sobre la existencia o no de delitos. Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública por entender que, cuando era ministro de Economía, intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, que figura a nombre del monotributista Alejandro Vandenbroele, accediera al control de Ciccone mediante ventajosas medidas para levantar la quiebra. Mientras la causa se sustancia, la defensa de Boudou pidió su desvinculación del expediente a través de un "recurso de excepción de falta de acción". En mayo pasado, el juez Lijo rechazó el planteo, porque no era procedente cerrar la causa por esa vía y la defensa del vicepresidente insistió con argumentos que, ahora, los miembros de la Sala I escucharon con atención.

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