sábado, 28 de septiembre de 2013
funcionario: hacete cargo
La Argentina kirchnerista se ha vuelto un paraíso de la impunidad, sobre todo a la hora de hablar de los funcionarios públicos acusados de delitos de diversa índole o con responsabilidades importantes sobre distintas tragedias.
La presión del Gobierno sobre la Justicia, sumado a la existencia de numerosos jueces adictos al poder hacen que las causas terminen dilatándose, quedando cajoneadas o prescriptas.
Es por eso que familiares de víctimas del siniestro de Once, de la tragedia de Cromañón, de casos de gatillo fácil, de la trata de personas, y un conjunto importante de organismos de derechos humanos lanzaron una campaña llamada “Funcionario hacete cargo”, para que los delitos cometidos por cualquier tipo de funcionario público en el desempeño de sus funciones sean imprescriptibles.
Silvia Bignami, madre de Julián (uno de los 194 fallecidos en la catástrofe de Cromañón), explicó el sentido de la campaña: “Creemos que sin dudas está muy bien condenar a los genocidas del pasado pero hay que reconocer que las cosas no están del todo bien en esta democracia”. “Hace tiempo que venimos caminando juntos con familiares de Cromañón, Once, de casos de gatillo fácil y otros, también hemos conformado un observatorio que llamamos ‘Acción contra la impunidad’ con la idea de ver qué hace el poder político. Esto es porque nosotros creemos que la impunidad está siempre relacionada con el poder político y que a lo mejor se reproduce también hacia los barrios, hacia abajo, pero que siempre hay alguien dentro del poder que es el que tiene la posibilidad de ser impune”, aseguró.
Cuestión de “salud política” Además, Bignami destacó: “En este marco nosotros vimos que muchas de las cosas que a nosotros nos pasaron, más allá del caso individual, justamente tiene que ver con funcionarios públicos, tiene que ver con que las causas prescriben, con que no llegan, con que los funcionarios cuando están acusados de algo renuncian, entonces se diluye esa responsabilidad”.
“Nosotros pensamos que así como para los crímenes de lesa humanidad se ha decretado la imprescriptibilidad, sería una cuestión de salud política, el poder pensar que si hay un funcionario que comete un crimen contra todos nosotros, no un crimen individual, en ejercicio de sus funciones, en cualquier momento de su vida se lo pueda cuestionar penalmente y civilmente.
Es decir, que responda civilmente y también responda con la pena que los tribunales consideren”, señaló Bignami.
Además, entre los familiares que impulsan la campaña está Alberto Lebbos, el padre de Paulina, una joven asesinada hace siete años en Tucumán. Lebbos acusó a "los hijos del poder" por el asesinato y entre ellos denunció ante la justicia a descendientes del gobernador kirchnerista José Alperovich y su secretario privado, Juan Alberto Kaleñuk.
Por el manto de impunidad que rodea al caso, y por la negativa de la presidente Cristina Fernández a recibirlo, el padre de Paulina teme que la investigación pueda quedar en la nada. Once: juicio oral todavía sin fecha El juicio oral por el siniestro de Once todavía no tiene fecha, aunque la Justicia ya no tiene más instancias para retrasar el llamado.
Ya la Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó varios recursos presentados por los imputados y así quedó marcado el camino al juicio oral. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky no hicieron lugar a una andanada de recursos extraordinarios presentados por varios de quienes se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados. Según trascendió, ni los empresarios ni algunos ex funcionarios quieren que el juicio comience pronto. Por eso algunos de los imputados presentaron infinidad de recursos con la intención de hacer pasar el tiempo. Incluso, el kirchnerismo buscaría dilatarlo como sea para que no comience previo a las elecciones.
Actualmente, no quedan ya recursos pendientes en Casación, lo que habilita a que el juicio oral sea llamado de inmediato. Luego, el desarrollo del mismo será el que diga si la impunidad se impone o si finalmente habrá Justicia, con los debidos funcionarios responsables cumpliendo las penas que les corresponden. Antecedentes Silvia Bignami destacó además la existencia de referencias a nivel latinoamericano de la posibilidad de sanciones severas a funcionarios corruptos. “Hay grandes antecedentes.
En Brasil, con el problema que se armó, las grandes movilizaciones, se han logrado penas grandes a funcionarios; además la ley de funcionarios de Bolivia es también muy severa porque justamente parte de que el particular no tiene la responsabilidad que sí tiene una persona que ejerce un cargo público”. “Nosotros estamos dispuestos a participar junto con juristas de la redacción de un proyecto de ley pero sobre todo queremos ver si a la población le interesa y si a los candidatos se van a jugar públicamente y en lo posible por escrito para decir que se van a ocupar de esto”, señaló. Buscan que los candidatos se expidan Silvia Bignami explicó además la elección del nombre de la iniciativa: “Se llama ‘hacete cargo’ la campaña en el sentido de que ser funcionario hace mucho que ha perdido la impronta que tenía con San Martín, Belgrano y Moreno.
A través de sucesivos gobiernos muy imperfectos el ser funcionario ha quedado en ‘roba pero hace’, o en ‘ya sabemos que el funcionario se va a enriquecer’ o en ‘ya sabemos que no viene a trabajar’ o en ‘ya sabemos que muere gente’”. “Por ahora lo que estamos haciendo es una campaña pública, juntando firmas, y lo que buscamos y se está haciendo es que la gente opine. Queremos primero interpelar a la sociedad en su conjunto para ver si a todos les interesa la campaña, creemos que sí, y lo otro es que queremos que los candidatos en las próximas elecciones se expidan, que adhieran públicamente, que digan ‘yo si gano voy a plantear una ley’”.
La presión del Gobierno sobre la Justicia, sumado a la existencia de numerosos jueces adictos al poder hacen que las causas terminen dilatándose, quedando cajoneadas o prescriptas.
Es por eso que familiares de víctimas del siniestro de Once, de la tragedia de Cromañón, de casos de gatillo fácil, de la trata de personas, y un conjunto importante de organismos de derechos humanos lanzaron una campaña llamada “Funcionario hacete cargo”, para que los delitos cometidos por cualquier tipo de funcionario público en el desempeño de sus funciones sean imprescriptibles.
Silvia Bignami, madre de Julián (uno de los 194 fallecidos en la catástrofe de Cromañón), explicó el sentido de la campaña: “Creemos que sin dudas está muy bien condenar a los genocidas del pasado pero hay que reconocer que las cosas no están del todo bien en esta democracia”. “Hace tiempo que venimos caminando juntos con familiares de Cromañón, Once, de casos de gatillo fácil y otros, también hemos conformado un observatorio que llamamos ‘Acción contra la impunidad’ con la idea de ver qué hace el poder político. Esto es porque nosotros creemos que la impunidad está siempre relacionada con el poder político y que a lo mejor se reproduce también hacia los barrios, hacia abajo, pero que siempre hay alguien dentro del poder que es el que tiene la posibilidad de ser impune”, aseguró.
Cuestión de “salud política” Además, Bignami destacó: “En este marco nosotros vimos que muchas de las cosas que a nosotros nos pasaron, más allá del caso individual, justamente tiene que ver con funcionarios públicos, tiene que ver con que las causas prescriben, con que no llegan, con que los funcionarios cuando están acusados de algo renuncian, entonces se diluye esa responsabilidad”.
“Nosotros pensamos que así como para los crímenes de lesa humanidad se ha decretado la imprescriptibilidad, sería una cuestión de salud política, el poder pensar que si hay un funcionario que comete un crimen contra todos nosotros, no un crimen individual, en ejercicio de sus funciones, en cualquier momento de su vida se lo pueda cuestionar penalmente y civilmente.
Es decir, que responda civilmente y también responda con la pena que los tribunales consideren”, señaló Bignami.
Además, entre los familiares que impulsan la campaña está Alberto Lebbos, el padre de Paulina, una joven asesinada hace siete años en Tucumán. Lebbos acusó a "los hijos del poder" por el asesinato y entre ellos denunció ante la justicia a descendientes del gobernador kirchnerista José Alperovich y su secretario privado, Juan Alberto Kaleñuk.
Por el manto de impunidad que rodea al caso, y por la negativa de la presidente Cristina Fernández a recibirlo, el padre de Paulina teme que la investigación pueda quedar en la nada. Once: juicio oral todavía sin fecha El juicio oral por el siniestro de Once todavía no tiene fecha, aunque la Justicia ya no tiene más instancias para retrasar el llamado.
Ya la Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó varios recursos presentados por los imputados y así quedó marcado el camino al juicio oral. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky no hicieron lugar a una andanada de recursos extraordinarios presentados por varios de quienes se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados. Según trascendió, ni los empresarios ni algunos ex funcionarios quieren que el juicio comience pronto. Por eso algunos de los imputados presentaron infinidad de recursos con la intención de hacer pasar el tiempo. Incluso, el kirchnerismo buscaría dilatarlo como sea para que no comience previo a las elecciones.
Actualmente, no quedan ya recursos pendientes en Casación, lo que habilita a que el juicio oral sea llamado de inmediato. Luego, el desarrollo del mismo será el que diga si la impunidad se impone o si finalmente habrá Justicia, con los debidos funcionarios responsables cumpliendo las penas que les corresponden. Antecedentes Silvia Bignami destacó además la existencia de referencias a nivel latinoamericano de la posibilidad de sanciones severas a funcionarios corruptos. “Hay grandes antecedentes.
En Brasil, con el problema que se armó, las grandes movilizaciones, se han logrado penas grandes a funcionarios; además la ley de funcionarios de Bolivia es también muy severa porque justamente parte de que el particular no tiene la responsabilidad que sí tiene una persona que ejerce un cargo público”. “Nosotros estamos dispuestos a participar junto con juristas de la redacción de un proyecto de ley pero sobre todo queremos ver si a la población le interesa y si a los candidatos se van a jugar públicamente y en lo posible por escrito para decir que se van a ocupar de esto”, señaló. Buscan que los candidatos se expidan Silvia Bignami explicó además la elección del nombre de la iniciativa: “Se llama ‘hacete cargo’ la campaña en el sentido de que ser funcionario hace mucho que ha perdido la impronta que tenía con San Martín, Belgrano y Moreno.
A través de sucesivos gobiernos muy imperfectos el ser funcionario ha quedado en ‘roba pero hace’, o en ‘ya sabemos que el funcionario se va a enriquecer’ o en ‘ya sabemos que no viene a trabajar’ o en ‘ya sabemos que muere gente’”. “Por ahora lo que estamos haciendo es una campaña pública, juntando firmas, y lo que buscamos y se está haciendo es que la gente opine. Queremos primero interpelar a la sociedad en su conjunto para ver si a todos les interesa la campaña, creemos que sí, y lo otro es que queremos que los candidatos en las próximas elecciones se expidan, que adhieran públicamente, que digan ‘yo si gano voy a plantear una ley’”.
Etiquetas: Argentinlandia
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