La Plata, Ciudad Generosa

Para el kirchnerismo, los jubilados y pensionados de nuestro país son descartables. Por eso, pareciera que desde el gobierno prefieren que se mueran antes de garantizar las mínimas condiciones de calidad de vida que se merecen aquellos que aportaron al Estado durante toda una vida de trabajo. Solo así se entiende que, por ejemplo, el gobierno esté cajoneando el pago de miles sentencias judiciales de actualización de haberes a personas que en muchos casos superan los 80 años de edad y, como si esto fuera poco, ahora se esté profundizando la utilización de los recursos del PAMI para engrosar la caja negra de la política. Para tener una idea de la magnitud de los fondos que abarca el despilfarro hay que tener en cuenta que, para este año, el PAMI tiene asignado un presupuesto de más de $35 mil millones, es decir, cuatro veces más que el presupuesto que tiene el IOMA en la Provincia. Claro que este caudal de recursos no se utiliza para mejorar la calidad de la atención a los jubilados, sino más bien para cubrir gastos políticos y agujeros fiscales. Por ejemplo, la obra social, en 2012 y 2013, habría financiado al Estado en más de $3 mil millones a través de la adquisición de Letras de Tesorería, mientras se reducen los servicios para los afiliados. De hecho, se eliminó el subsidio de $49 que cobraban aquellos que percibían el haber mínimo. Desvío de fondos Las irregularidades en el PAMI son verdaderamente groseras. El ultimo informe de la Auditoría General de la Nación, el organismo de contralor que depende del congreso y que mantiene cierta independencia del Poder Ejecutivo (alertó sobre el colapso de la Línea Sarmiento, meses antes de que ocurriera la catástrofe de Once), es realmente demoledor. Según la AGN, se detectaron “desvíos (de fondos) que no tienen explicación”. Las falencias aparecieron en varias de las 36 Unidades de Gestión Local (UGL) que la obra social tiene repartidas en todo el país (una de las sedes está en La Plata), y también surgieron tras analizar la labor de algunos de los 348 prestadores, es decir, los profesionales habilitados para atender a un universo de afiliados que supera los 4,1 millones de personas.
En ese sentido, por ejemplo, se examinó la labor de ocho UGL y se detectó que el “promedio de demora en el otorgamiento de turnos de atención oftalmológica era de 29,21 días”, cuando se supone que las consultas programadas deben darse en un plazo no mayor a los siete días. ¿Sabrán en el gobierno nacional que hacer esperar a un jubilado casi un mes para poder realizar una consulta médica puede implicar serios riesgos para la salud? Eso no es todo. La AGN también detectó que se habrían inflado de forma considerable el número de prestaciones. En otras palabras, se habría recurrido a distintas maniobras para desviar recursos que terminaron engrosando cajas políticas, en lugar de contribuir a atender la salud de los jubilados. En el PAMI existe el denominado “Sistema del Modelo Prestacional”. Son las normas que indican de qué manera se atiende a los afiliados y cómo se le pagan esos servicios a los prestadores. Según esta normativa, y luego de que la obra social estableciera el valor de la cápita, es decir cuánto sale un afiliado, los prestadores cobran según la cantidad de pacientes que se les asignan, y no por el número real de personas que atiendan. Un auténtico escándalo. Además, los profesionales tienen otras dos fuentes de ingreso: por un lado, el adicional que les llega si le dan al PAMI información estadística y, por el otro, una retribución por cada efectiva prestación que hagan por encima de una “tasa de incentivo”, establecida por la obra social. A ello se le suma la “tasa de uso esperada”, que es fijada para cada Unidad de Gestión Local. Ahora bien, la Auditoria General de la Nación encontró desvíos en esta cuestión: por ejemplo, en la UGL Capital Federal, la tasa de uso esperada de 1.255,03 pacientes; sin embargo se atienden apenas 219 afiliados por mes, generándose un desvío negativo del 83%. Entre las conclusiones de la AGN se señala que los “desvíos” surgidos tras comparar entre las performances de las distintas Unidades de Gestión Local “no tienen explicación desde el punto de vista epidemiológico”, sino que podrían encontrar sustento entre las siguientes causales: sub­­­­prestación como mecanismo de maximización de ingresos al prestador; información errónea sobre obligaciones cumplidas por el prestador; transmisión de información de los prestadores realizada en forma deficiente; y existencia de cápitas que se asignan por encima de la capacidad prestacional del prestador. Una forma sutil de decir que existe un despilfarro sin freno.
El PAMI de La Plata en la mira
 Una de las Unidades de Gestión Local que fue puesta en la mira es la que se ubica en La Plata. La directora regional es Araceli Mastellone, una exintegrante de la agrupación Quebracho que mantiene una estrecha relación con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Ambas conformaron, en el año 2010, el grupo “Las Cristinas” desde donde impulsaron la reelección de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según la AGN, en La Plata se habrían detectado groseras irregularidades con las cirugías de cataratas practicadas por el PAMI. A nivel nacional, “en promedio, cada 739 afiliados capitados, el Instituto realizó una cirugía de cataratas en el periodo auditado”. Pero, sin embargo, “en este promedio hay casos con variaciones muy amplias, como por ejemplo el caso de un prestador de la UGL La Plata, que realiza una cirugía cada 154 afiliados”. Las prestaciones oftalmológicas tuvieron, durante el período estudiado, un presupuesto de $ 209.060.000. Cabe recordar que nuestro diario viene informando acerca de otras irregularidades que salpicarían a Mastellone. Por ejemplo, inflar las cápitas de algunas clínicas, que no tendrían la capacidad ni la infraestructura de poder cumplir con los servicios que se les destinan. Entre ellas figuran dos sanatorios, uno ubicado en Ensenada y otro en Berisso, administrados por el médico privado de Hebe de Bonafini.
  No se cumple lo que marca la ley
 El extitular de la Comisión de Salud del Senado bonaerense, Santiago Nardelli, quien fue un estrecho colaborador de Graciela Ocaña durante la intervención que encabezó en el PAMI, sostuvo que el desencadenante de la crisis de la obra social había sido un informe de la Auditoría del año 2003. “Ese informe de la auditoria desencadenó la intervención del PAMI y designación en ese cargo de Juan Horacio González Gaviola, que renunció en medio de un escándalo a principios de 2004. Luego vino la gestión de Graciela Ocaña, y tras su salida del gobierno se dio marcha atrás con casi todo el trabajo que se había hecho para transparentar la obra social. Es muy grave que, luego de 10 años, el PAMI siga intervenido y no se cumpla con lo que dice la ley”, afirmó Nardelli ante una consulta de Hoy. La ley del PAMI establece, entre otros puntos, que en el directorio haya representantes de los jubilados y de los trabajadores activos, con voz y voto en los asuntos que hacen a la gestión de la obra social.

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