martes, 17 de septiembre de 2013
procuradora apretera
La Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo, sigue sumando escándalos.
Las denuncias contra la jefa de los fiscales ya no sólo apuntan a la protección política que dio, durante más de una década, a ciertos funcionarios evitando que avancen distintas investigaciones judiciales. Ahora también, Falbo está en la mira por haber montado, supuestamente, una suerte de maquinaria persecutoria para silenciar las voces de aquellos empleados y funcionarios judiciales que reclaman independencia y mejores condiciones de trabajo.
Concretamente, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunciaron que la Procuración General abrió recientemente un sumario administrativo a Marcelo Canale, un trabajador judicial platense que participó de las movilizaciones y paros del año pasado durante un largo conflicto salarial.
Canale actualmente es delegado de su sector de trabajo. “Todo esto comenzó durante los años 2011 y 2012. En aquel entonces, la política de amedrentamiento era impulsada tanto por quien era el presidente de la Corte, Eduardo de Lazzari, como por la Procuradora, quienes hasta llegaron a montar un aparato de inteligencia, filmando a cada uno de los compañeros que se movilizaban.
Con el recambio de autoridades en la Corte, esta política cesó en el máximo tribunal, pero la Procuradora siguió adelante y hasta la profundizó. De hecho también se realizaron denuncias penales contra trabajadores, por denunciar distintas irregularidades, entre ellas las graves falencias en materia infraestructura” dijo Agustín García, secretario de Organización de la AJB.
Cabe recordar que varios medios han publicado que este modus operandi de Falbo tendiente a querer silenciar las voces críticas a su gestión también se instrumentó para “disciplinar” a fiscales que hacen declaraciones de forma independiente a los medios de comunicación. Algunos, incluso, hasta llegaron a ser sumariados. .
Tambien, cabe mencionar, que en el año 2011, el actual fiscal de Guernica, Marcelo Heredia, presentó una denuncia penal contra Falbo por realizar una persecución en su contra, obligándolo “a renunciar a su cargo” con la promesa de que “le borrarían un sumario”.
Respecto a los graves problemas de infraestructura que se registra en Procuración, ayer se conoció que el diputado provincial Ramiro Gutiérrez presentó pedido de informes relacionado al derrumbe de mampostería ocurrido en un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad bonaerense de Dolores.
Entre los puntos salientes, la iniciativa hace referencia a las condiciones estructurales y de seguridad del edificio que se encuentra alquilado a la Procuración General de la Corte. En este sentido, el legislador dolorense solicitó un relevamiento integral del edificio respecto a las condiciones de seguridad en lo referente al peso que puede soportar la estructura por cada uno de los pisos, tareas de mantenimiento realizadas hasta la fecha, reparación de daños en la mampostería y medidas de prevención en cuanto a incendios, salidas de emergencia y evacuación.
Las denuncias contra la jefa de los fiscales ya no sólo apuntan a la protección política que dio, durante más de una década, a ciertos funcionarios evitando que avancen distintas investigaciones judiciales. Ahora también, Falbo está en la mira por haber montado, supuestamente, una suerte de maquinaria persecutoria para silenciar las voces de aquellos empleados y funcionarios judiciales que reclaman independencia y mejores condiciones de trabajo.
Concretamente, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunciaron que la Procuración General abrió recientemente un sumario administrativo a Marcelo Canale, un trabajador judicial platense que participó de las movilizaciones y paros del año pasado durante un largo conflicto salarial.
Canale actualmente es delegado de su sector de trabajo. “Todo esto comenzó durante los años 2011 y 2012. En aquel entonces, la política de amedrentamiento era impulsada tanto por quien era el presidente de la Corte, Eduardo de Lazzari, como por la Procuradora, quienes hasta llegaron a montar un aparato de inteligencia, filmando a cada uno de los compañeros que se movilizaban.
Con el recambio de autoridades en la Corte, esta política cesó en el máximo tribunal, pero la Procuradora siguió adelante y hasta la profundizó. De hecho también se realizaron denuncias penales contra trabajadores, por denunciar distintas irregularidades, entre ellas las graves falencias en materia infraestructura” dijo Agustín García, secretario de Organización de la AJB.
Tambien, cabe mencionar, que en el año 2011, el actual fiscal de Guernica, Marcelo Heredia, presentó una denuncia penal contra Falbo por realizar una persecución en su contra, obligándolo “a renunciar a su cargo” con la promesa de que “le borrarían un sumario”.
Respecto a los graves problemas de infraestructura que se registra en Procuración, ayer se conoció que el diputado provincial Ramiro Gutiérrez presentó pedido de informes relacionado al derrumbe de mampostería ocurrido en un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad bonaerense de Dolores.
Entre los puntos salientes, la iniciativa hace referencia a las condiciones estructurales y de seguridad del edificio que se encuentra alquilado a la Procuración General de la Corte. En este sentido, el legislador dolorense solicitó un relevamiento integral del edificio respecto a las condiciones de seguridad en lo referente al peso que puede soportar la estructura por cada uno de los pisos, tareas de mantenimiento realizadas hasta la fecha, reparación de daños en la mampostería y medidas de prevención en cuanto a incendios, salidas de emergencia y evacuación.
Etiquetas: Argentinlandia
# entrada de Adryán @ martes, septiembre 17, 2013 
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