domingo, 1 de diciembre de 2013
el pez por la boca muere
En la semana que pasó, los argentinos nos asombramos al ver como flamante jefe de Gabinete, Jorge “Coqui” Capitanich, sigue al pié de la letra las enseñanza de Carlos Corach, el ministro del Interior en la última etapa del gobierno menemista que era un experto en justificar lo injustificable, en uno de los períodos más oscuros de nuestra historia reciente.
Desde que asumió su nuevo cargo, que ya había ocupado durante la presidencial provisoria de Eduardo Duhalde, Capitanich hizo uso y abuso de su “bocota” para intentar difundir, y hasta defender con énfasis, las principales mentiras del kirchnerismo.
La principal falacia de la semana fue, sin duda, el polémico acuerdo con Repsol que significará que los argentinos debemos pagarle $8000 millones de dólares a una empresa que -en complicidad con el kirchnerismo- saqueó YPF y dejó al país en una aguda crisis energética e hidrocarburífera, que más temprano que tarde hará que todos los argentinos tengamos que pagar más de $10 pesos el litro de nafta. Los K quieren convertir a la Argentina en una suerte de colonia del siglo XXI: sin soberanía energética, sin soberanía territorial (las fronteras son coladores y extensos territorios ya están en manos de carteles del narcotráfico) y sin soberanía económica. Ni siquiera contamos con una moneda con poder de compra, producto de la inflación y de una alocada emisión que se hace desde las entrañas del Banco Central para sostener el gasto público clientelar e improductivo.
En ese escenario, mientras que el kirchnerismo delinque desde el Estado, el oficialismo y sus cómplices de turno están sentando las bases para garantizar la impunidad.
Por ello, en la semana que pasó, hicieron aprobar una polémica ley, que recibió media sanción (terminará de ser aprobada a principios del año que viene), por la cual los ciudadanos no podrán reclamar al Estado un resarcimiento económico en el fuero civil.
Como las provincias dictan sus propias normas en el ámbito administrativo, el texto aprobado las “invita a adherir”, algo que puede demorarse años o décadas. El texto también establece que el Estado no deberá responder por los daños causados por concesionarios de servicios públicos.
En otras palabras, si usted que está leyendo esta nota, o algún familiar, está viajando en uno de los trenes que ahora están administrados por el inefable ministro Florencio Randazzo, y sufre un siniestro como el ocurrido en estación Once en febrero de 2012, tanto usted (en caso de que quede con vida) o sus familiares no podrán pedir ningún tipo de reparación económica.
Cualquier parecido de la administración K, con el gobierno de una republiqueta bananera, no es una mera coincidencia.
Desde que asumió su nuevo cargo, que ya había ocupado durante la presidencial provisoria de Eduardo Duhalde, Capitanich hizo uso y abuso de su “bocota” para intentar difundir, y hasta defender con énfasis, las principales mentiras del kirchnerismo.
La principal falacia de la semana fue, sin duda, el polémico acuerdo con Repsol que significará que los argentinos debemos pagarle $8000 millones de dólares a una empresa que -en complicidad con el kirchnerismo- saqueó YPF y dejó al país en una aguda crisis energética e hidrocarburífera, que más temprano que tarde hará que todos los argentinos tengamos que pagar más de $10 pesos el litro de nafta. Los K quieren convertir a la Argentina en una suerte de colonia del siglo XXI: sin soberanía energética, sin soberanía territorial (las fronteras son coladores y extensos territorios ya están en manos de carteles del narcotráfico) y sin soberanía económica. Ni siquiera contamos con una moneda con poder de compra, producto de la inflación y de una alocada emisión que se hace desde las entrañas del Banco Central para sostener el gasto público clientelar e improductivo.
En ese escenario, mientras que el kirchnerismo delinque desde el Estado, el oficialismo y sus cómplices de turno están sentando las bases para garantizar la impunidad.
Por ello, en la semana que pasó, hicieron aprobar una polémica ley, que recibió media sanción (terminará de ser aprobada a principios del año que viene), por la cual los ciudadanos no podrán reclamar al Estado un resarcimiento económico en el fuero civil.
Como las provincias dictan sus propias normas en el ámbito administrativo, el texto aprobado las “invita a adherir”, algo que puede demorarse años o décadas. El texto también establece que el Estado no deberá responder por los daños causados por concesionarios de servicios públicos.
En otras palabras, si usted que está leyendo esta nota, o algún familiar, está viajando en uno de los trenes que ahora están administrados por el inefable ministro Florencio Randazzo, y sufre un siniestro como el ocurrido en estación Once en febrero de 2012, tanto usted (en caso de que quede con vida) o sus familiares no podrán pedir ningún tipo de reparación económica.
Cualquier parecido de la administración K, con el gobierno de una republiqueta bananera, no es una mera coincidencia.
Etiquetas: Argentinlandia
# entrada de Adryán @ domingo, diciembre 01, 2013 
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