martes, 25 de noviembre de 2014

 

El gobernador presiona a la Justicia para cumplir oscuros acuerdos políticos

La desesperada búsqueda de alguna forma de “blanqueo” de la figura del hombre elegido por el gobernador Daniel Scioli para que lo represente en Merlo, empuja al precandidato presidencial, acuciado por los tiempos electorales que se acortan, a un salto al abismo, sin red: coaccionar a la Justicia con fines políticos.
Gustavo Menéndez, el concejal merlense procesado por la tristemente célebre causa llamada “Mochila Verde”, ya obtuvo la bendición del mandamás bonaerense, pero la oficialización del edil y conductor de la agrupación vecinal Grande Merlo necesita acreditar una mínima porción de decoro y una pizca de elegancia para ser condecorado libre de procesos judiciales por el jefe naranja.
Nótese que en ningún momento del largo proceso nadie habló ni habla jamás de “inocencia” o “injusticia”. De eso no se habla. El único objetivo es “borrar” las huellas, la causa, todo, que no quede nada que salpique la deteriorada imagen del escandaloso dirigente barrial de Merlo, que llegue la coronación de manos del gobernador y aquí no ha pasado nada.
Scioli, cada día más apurado por las circunstancias, y de acuerdo a inobjetables fuentes de la Gobernación, habría realizado personalmente “numerosas llamadas a altos funcionarios judiciales y abogados intervinientes en la causa, entre ellos el fiscal General de Mar del Plata Fernández Garello”, confiaron a este medio las voces cercanas al Gabinete ´provincial.
Los llamados telefónicos del gobernador conllevan una urgencia: encontrar la garantía necesaria para “cerrar” la causa judicial definitivamente y darle forma final al pacto espurio y secreto Scioli-Menéndez.
Asimismo, este medio consultó al ex empleado de Casinos Enrique Kohnen, denunciante de la causa por la cual continúa procesado el concejal, quien manifestó que en estas horas estaría formalizando la “denuncia penal correspondiente ante esta severa injerencia del poder político por sobre el Poder Judicial”, añadiendo que “estas presiones tienen que ser debidamente investigadas”.


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