miércoles, 21 de enero de 2015

las causas contra el Garka

​El intendente Pablo Bruera mantiene una intensa negociación con el Gobernador Daniel Scioli y altos funcionarios del Poder Judicial, para que este año electoral no avances las cuatro causas penales por corrupción que lo involucran junto a varios funcionarios de su gabinete. El rol clave del empresario Raúl Kraiselburd.
Las negociaciones están en pleno avance mientras el Poder Judicial mantiene la tradicional feria judicial de vacaciones, ya que Bruera este año no quiere sobresaltos con el objetivo de poder preservar el poder electoral que aun mantiene gracias al “aparato” que le brinda la Municipalidad de La Plata.
Es por ello que inició intensas negociaciones para paralizar en la justicia las causas penales que lo tuvieron a mal traer el año pasado tanto a él como a su hermano Mariano Bruera y gran parte de su gabinete que ahora se encuentra investigado en diversos hechos de corrupción, entre ellos por el programa Pro.Cre.Ar que promueve el Gobierno Nacional.
En estas gestiones, el mandatario comunal busca sellar un pacto político con el Gobernador Scioli para apoyarlo en su candidatura a presidente a cambio de que a través del Ministro de Justicia, Ricardo Casal y altos miembros del Poder Judicial se frenen las causas penales que involucran a más de medio gabinete comunal.
En esta negociación estaría cumpliendo un rol clave el dueño del diario El Día, Raúl Kraiselburd, que es el principal socio económico de los Bruera y está desesperado por que el intendente logre la re-reelección y es por ello que a fines del año pasado recibió a Scioli en su casa del Country Abril de la zona sur del Gran Buenos Aires, para avanzar con un acuerdo tripartito, entre otras negociaciones.

Concretamente la justicia penal de La Plata mantiene implicado en tres causas a Mariano Bruera, quien fue denunciado a finales del 2008 por haber estafado a empresarios en nombre de la municipalidad a través de “operaciones comerciales inexistentes” por un monto superior a los 10 millones de pesos.
En dicha causa, en la que se mantiene el pedido de prisión en suspenso contra el presunto “testaferro de Bruera”, Hernán Bracco, se denunció que haciendo uso de la Municipalidad de La Plata, el imputado junto al hermano menor del Jefe Comunal Pablo Bruera orquestaron una estafa para quedarse con la prominente suma de dinero, a través de promesas incumplidas a empresarios que buscan ser proveedores de la Comuna.
En el proceso judicial, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) se los investiga por el delito de estafas reiteradas, administración fraudulenta y asociación ilícita a través de la entrega a dedo de licitaciones, cobro de cánones en negro de los espacios comunales y coimas a empresarios de los diversos rubros (ver más).
Por otra parte, la segunda causa que pesa sobre los hombros de los hermanos Bruera es la relacionada a las 89 víctimas fatales que se produjeron en la ciudad a raíz de la trágica inundación que afectó a la región el pasado 2 de abril.
En dicha causa, fue acusado de los delitos de “estrago culposo, homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al considerarse que –en primer orden -desde el 2007 tenía conocimiento de la urgente demanda de ejecutar el Plan Maestro de obras Hidráulicas diseñado por la Universidad de La Plata y pese a ello jamás impulsó una sola obra en ese sentido; y al mismo tiempo dejó acéfala la municipalidad de La Plata, a raíz de haberse tomado vacaciones sin el correspondiente pedido de licencia para veranear en las playas de Brasil el fin de semana en que la ciudad quedó bajo el agua.
Ambas denuncias, fueron presentadas días después de la trágica inundación por el abogado Martín Berasategui Ilundayn en representación de más de 200 vecinos ante la UFIC
En otra causa penal que tramita la justicia local contra funcionarios municipales, se encuentra la investigación por los “taxis truchos”.

Dicha causa ha sumado este último tiempo diversas aristas, entre ellas el incendio intencional -para borrar evidencia- de la Subsecretaría de Habilitaciones Municipales, la cual está a cargo de Ignacio Martínez, quien fue denunciado junto a Mariano Bruera de coordinar la mafia de los taxistas en la ciudad.
De acuerdo a las denuncias, toda la operación sería coordinada por el clan Bruera y Martínez, en conjunto con la titular de la Dirección de Control de Transporte no Autorizado de la ciudad, María José Scottini, junto con Marcelo Arevalo, el presidente de uno de las asociaciones que representa a los taxistas y que tiene su sede en calle 2 y 43.
Ellos solicitarían a quienes buscan nuevas licencias un monto de $40 mil para otorgar la habilitación “trucha” y después un alquiler mensual de $5.500, bajo la promesa de que posteriormente saldría la habilitación formal que autoriza el Concejo Deliberante platense.
De esta forma, hasta el momento se especula con que este negocio paralelo le habría dado a los involucrados ganancias por más de 4 millones de pesos, solamente con la venta de las licencias “truchas”, y una rendición mensual de 550 mil pesos en concepto del “alquiler” que deben pagar los conductores.
En ese sentido, el fiscal platense a cargo de la UFIC N°6, Marcelo Romero, vinculó directamente el incendio de la dependencia municipal a la investigación penal que se mantiene en curso y que busca desmantelar esta mafia de los taxis truchos que manejarían sumas millonarias de dinero en negro con total complicidad del municipio

Finalmente, en lo que hace a la última denuncia penal conocida contra la gestión municipal de Pablo Bruera, el fiscal Jorge Paolini pidió la detención por una presunta sociedad delictiva conformada por Mariano Bruera, y los funcionarios municipales Enrique Sette (secretario de Gestión Pública), Gustavo Petró (Planeamiento y Obras Particulares), Roberto Moreno (Planeamiento Urbano) y los empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ibarra.
En ese sentido, con el aval del Juez Pablo Raelle, del tribunal N° 3 de La Plata, se ordenó en dos oportunidades el allanamiento de la Municipalidad local y oficinas gubernamentales de la comuna ante la presunta conformación de una asociación a través de la cual le habrían intentado cobrar una coima de 200 mil dólares a un vecino que solicitó realizar el trámite para rezonificar terrenos ubicados en 52 y 162 con el objetivo de lotearlos para la venta a través del programa nacional de vivienda PRO.CRE.AR

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