La Plata, Ciudad Generosa

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de su Consejo Directivo, definió hoy expulsar de esta casa de altos estudios al juez Horacio Piombo, uno de los dos magistrados que redujo la pena a un violador, para que no pueda volver a ocupar cargos en esa institución académica.
El órgano de gobierno de la casa de altos estudios respaldó de forma unánime el pedido elevado por la Federación Universitaria La Plata (FULP) y declaró “persona no grata” a Piombo que se desempeñaba como docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas, cargo al cual renunció la semana pasada.
El juez, que atenuó la condena al violador de un niño de 6 años por su presunta orientación sexual, dimitió ayer como magistrado del Tribunal de Casación Penal bonaerense y fue expulsado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también se desempeñaba como docente.

El Consejo Superior de la UNLP, que votó de manera unánime la expulsión del magistrado, está integrado por unos 70 miembros, entre los que se encuentran las principales autoridades universitarias, representantes docentes, graduados y estudiantiles de las 17 facultades, no docentes y maestros de las escuelas universitarias.
El presidente de la FULP, Darío Estévez, valoró que “se logró que Piombo no pueda volver nunca más a las facultades”, y destacó que también la universidad avanzó para investigar “otros casos de profesores vinculados a violaciones de los derechos humanos y que hoy siguen dictando clase”.
Según precisaron desde el Rectorado, “hasta ahora ese punto no tiene un protocolo para desarrollar un mecanismo administrativo para apartar a quienes estén involucrados en esos casos”.
A raíz de ello, se incluyó en el tratamiento la reglamentación del artículo 1 del Estatuto para que las personas que cometieron delitos en perjuicio de los derechos humanos no puedan desempeñarse como docentes de la Casa de Estudios.
“Nuestra idea es que nuestros profesionales se formen respetando los derechos humanos”, dijo el Presidente de la UNLP, Roberto Perdomo, quien aseguró que “la actuación del magistrado generó una preocupación muy grande en la Universidad, sobre todo en tiempos en los que tanto se ha trabajado en temas referidos a la defensa de los derechos humanos y de la niñez”.
La polémica sobre los fallos de Piombo y su par de Casación Benjamín Sal Llargués se desató a principios de mayo, cuando se conoció que habían beneficiado a un hombre acusado de violar a un niño de 6 años con la reducción de la pena de 6 años de cárcel a 3 años y 2 meses.
Los jueces consideraron, para reducir la pena del violador, que el menor de edad tenía su “orientación sexual definida” porque ya había sido abusado anteriormente, por su padre.
Tras el fallo, Piombo renunció este lunes ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, lo cual fu considerado como una medida “oportuna” por parte del Ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, quien anticipó “hemos enviado el expediente a la Secretaría General de Gobierno para que informe si jurídicamente está en condiciones de ser aceptada la renuncia”.
Aseguró que “Piombo mostró no estar comprometido con el fallo” y sentenció que el mismo “vulnera salvajemente y cruelmente los derechos del niño, y ante ello la sociedad reaccionó. Eso es lo bueno, la sociedad no está anestesiada, no se puede dictar cualquier fallo”.
Piombo fue expulsado además de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y renunció a su cargo de docente en la UNLP; mientras que Sal Llargués fue apartado de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca y del Consejo de la Magistratura bonaerense, donde desempeñaba una función administrativa.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, anunció que inició un proceso de juicio académico para separar del cargo a Sal Llargués, quien se desempeña como profesor regular en la Facultad de Derecho.

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