La Plata, Ciudad Generosa

El concejal Fabián Lugli está en problemas, ya que busca renovar este año su banca de concejal, pero una causa por delitos de Lesa Humanidad, que involucran a su esposa, Susana Gordillo, lo dejarían afuera del armado electoral del intendente Pablo Bruera. Sectores vinculados a la lucha por los derechos humanos, analizan pedir que no integre la lista del FpV.
Muchas veces se escucha hablar de la complicidad política y judicial que aun hoy subsiste en varios sectores de la Argentina, para mantener de manera encubierta a genocidas y ex integrantes de las patotas civiles que torturaron y asesinaron a ciudadanos en la última dictadura militar.
En nuestra ciudad, precisamente una causa tienen en su mira a la ex concejal y actual funcionaria municipal Susana Gordillo, quien era esposa de Juan José “Pipi” Pomares, un integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), la cual se encargaba de marcar, hostigar, torturar y hasta asesinar a estudiantes que eran referentes de agrupaciones peronistas y de izquierda.

Una investigación penal, logró constatar meses atrás, luego de la denuncia de un testigo, que integrantes de la CNU aún seguían activos y operando en la ciudad, amenazando y persiguiendo a víctimas del terrorismo de estado para que –entre otras cosas- no se presenten a declarar en causas por delitos de Lesa Humanidad.
Por si ello fuera poco, una pata de esta mafia se encontraba realizando operativos desde la propia Municipalidad de La Plata, por lo que todas las miradas se posaron sobre la ex esposa del detenido “Pipi” Pomares, Susana Gordillo, quien no sólo es Subsecretaria de Gobierno, sino que a su vez, tiene una cuota aun mayor de poder al tener en una banca del Concejo Deliberante a su actual pareja, Fabián Lugli.
Esta grave situación pudo ser constatada luego de una investigación que demoró ocho meses, y que permitió determinar que varias de las llamadas amenazantes que recibió una persona -cuyo testimonio será determinante para las condenas de dos de los más notables integrantes de la Concentración Nacional Universitaria- fueron realizadas desde un teléfono de la Contaduría General del municipio que conduce Pablo Bruera.
La inminente elevación a juicio de la llamada Causa Nº9, la primera relacionada con los crímenes cometidos por la CNU platense entre 1974 y 1976 que llega a esa instancia, ha causado un profundo revoltijo en el ambiente político de La Plata donde se mueven o se han movido algunos de los antiguos integrantes de la patota, junto a sus protectores y deudores políticos.
El lugar de origen de las amenazas no resulta sorprendente a los autores de esta investigación. La Municipalidad platense es una de las instancias del Estado donde Juan José Pomares ha tenido y conserva una fuerte red de relaciones, por ser el ex esposo de Gordillo.
Según detalla la investigación difundida por el diario “Miradas al Sur”, de la mano de “Pipi” Pomares entraron a trabajar en el municipio otros miembros periféricos de la patota de la CNU platense. Muchos de ellos –cuyos nombres darán a conocer próximamente los autores de esta investigación– permanecen aún hoy en la planta permanente de la Comuna.
Es a raíz de esta situación, que Susana Gordillo, se encuentra transitando por una crisis muy fuerte, ya que podría ser citada a declarar para conocer si fue la encargada de formular las llamadas amenazantes, y si estaba en conocimiento de las atrocidades que los integrantes de la CNU realizaban cada madrugada cuando salían a “cazar” militantes políticos al servicio de la dictadura militar.
En medio de esta encrucijada que podría terminar complicando la situación penal de Gordillo, es que diversos sectores vinculados a la lucha de los derechos humanos, estarían analizando presentarse ante el intendente Pablo Bruera para reclamar de manera tajante que Fabián Lugli no integre la lista del Frente para la Victoria en las próximas elecciones.
Según consideran, su sola presencia dentro del Concejo Deliberante, al igual que la de Gordillo en el Ejecutivo Municipal, aportan a seguir demostrando el poder que aun hoy en día tienen y preservar las fuerzas cívico-militares que asesinaron a más de 30 mil personas en la última dictadura, causando un daño tremendo en nuestra ciudad, que fue quizás una de las más golpeadas en los “años de plomo”.
El testigo amenazado fue secuestrado por un grupo de tareas de la CNU junto con otros tres militantes de Montoneros en abril de 1976. Dos de ellos fueron ejecutados luego de ser torturados en la casa operativa que la banda tenía detrás de la Facultad de Agronomía de La Plata, en tanto que otros dos –entre los que se cuenta el testigo amenazado– fueron liberados por la patota a instancias de uno de sus integrantes, Patricio Errecalde Pueyrredón. Este sobreviviente reconoció a Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y a Juan José “Pipi” Pomares, como dos de sus secuestradores.

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