miércoles, 3 de junio de 2015

privilegios judiciales K

El olor a podrido se expande, a pasos acelerados, en los tribunales federales que se ubican a lo largo y ancho del país. Luego de que la semana pasada una jueza llamada María Valeria López Leston, que es prima del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, resolviera archivar una pesada denuncia contra el empresario y testaferro K, Lázaro Báez, por presuntos sobreprecios en la obra pública (proceso que también involucró al ex mandatario y pariente directo de la magistrada), ahora en la Casa Rosada van por más. Concretamente, buscan que la misma jueza se quede con la llamada causa Hotesur que actualmente tramita a 2600 kilómetros de Río Gallegos, en el despacho de Claudio Bonadio, quien el año pasado puso en aprietos a la familia presidencial cuando ordenó hacer una serie de allanamientos.
En la causa de Hotesur se investiga si la familia presidencial (especialmente Máximo Kirchner, asociado con Lázaro Báez) usó negocios hoteleros para lavar dinero ilegal. La movida para llevar la causa a la Patagonia fue oficializada ayer a través de una presentación de Romina Mercado, la sobrina de la presidenta e integrante de una de las empresas hoteleras. Lo mismo había hecho con anterioridad Osvaldo "Bochi" Sanfelice, socio de Máximo y también investigado por Bonadio por blanqueo de divisas.
Los insólitos argumentos que esgrimió Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, son que el hotel Alto Calafate está en Santa Cruz y que las sociedades y las personas investigadas también tienen domicilio en esa provincia. Antes de resolver, Bonadio quiere escuchar la voz del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien aún no se expidió. La puja podría llegar a instancias superiores de la Justicia.
Bonadio investiga -entre otras cuestiones- la operatoria por la cual las empresas de Báez, beneficiario de la millonaria obra pública del sur durante el mandato de los Kirchner, pagaron por habitaciones del hotel Alto Calafate -propiedad de la familia presidencial- sin que fueran ocupadas realmente por pasajeros.
De forma paralela a las maniobras para que los jueces y fiscales amigos se queden con todas causas sensibles que preocupan a CFK, desde la Casa Rosada se ha apretado las clavijas para que los magistrados y fiscales puestos a dedo archiven o dejen cajoneadas las denuncias que involucran a la presidenta y sus secuaces.
En ese contexto, la directora del diario Hoy, Myriam Renée Chávez de Balcedo, ayer se hizo presente en los tribunales federales de La Plata para ratificar la denuncia presentada el 1º de abril, basada en distintas investigaciones que viene realizando el diario sobre los actos de corrupción
Chavéz de Balcedo se vio obligada a ser ella la denunciante ante la alarmante inacción de funcionarios judiciales, entre ellos el titular del Juzgado Nº 1º, el auxiliar escribiente Laureano Durán, que en una decisión escandalosa ordenó archivar una denuncia penal presentada en octubre de 2014 contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otros funcionarios del organismo recaudador, por los aprietes del organismo recaudador al diario Hoy, en clara represalia a la línea editorial y a las distintas investigaciones que se vienen publicando.
El archivo de la causa se realizó sin siquiera emprender la más mínima acción investigativa ni notificar a la parte querellante, con el claro objetivo demorar o impedir la apelación. Ocurre que integrantes de la Cámara Federal no reconocen a Durán como juez, al haber sido designado sin haber atravesado los mecanismos institucionales previstos. Ahora, el tribunal de alzada deberá expedirse sobre el accionar del magistrado que podría quedar, nuevamente, muy mal parado. Recordemos por Durán responde, sin cortapisas, a las órdenes de La Cámpora, hizo nombrar a numerosos militantes rentados en la secretaria electoral (poniendo en serio riesgo la transparencia de los futuros comicios) y esta semana hasta habilitó que compita un partido neonazi en las Paso.
Chávez de Balcedo, en su ratificación, aportó nuevos elementos de prueba para que la Justicia abra una investigación. Entre ellos, un informe –elaborado por la diputada Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto- sobre la causa de narcotráfico conocida como Carbón Blanco que compromete a la mano derecha de Echegaray: Guillermo Michel, titular de la Aduana. Asimismo aportó nombres de distintos testigos que podrían ser citados para ampliar y confirmar el contenido de las investigaciones realizadas por el diario que, cabe destacar, muestran indicios de la comisión de graves delitos como malversación de fondos públicos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
El objetivo del gobierno K es claro: tener garantizada la impunidad luego de que Cristina deje la presidencia, el próximo 10 de diciembre.

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