La Plata, Ciudad Generosa

Si al leer esta nota usted se encuentra en La Plata, preste mucha atención: quizás se lo cruce a uno de los responsables de que los personajes más polémicos y denunciados del universo K -como Lázaro Báez (presunto testaferro de la familia Kirchner), el vicepresidente Amado Boudou y el parricida Sergio Schoklender- hoy no estén tras las rejas.
Nos referimos, concretamente, al platense José Alberto “Pepe” Sbattella, un licenciado en Economía que tiene cuatro domicilios en nuestra ciudad (ahora estaría viviendo en el country Campos de Roca, sobre la Ruta 2) y acumula numerosas denuncias como titular de la denomina Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que debería dedicarse a combatir el lavado de dinero. Pero que, en realidad, se convirtió en una estructura para encubrir a funcionarios corruptos, y para apretar a críticos y opositores. En esa tarea se complementa con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, otro de los grandes facilitadores que ha tenido el kirchnerismo para poder hacer negocios oscuros en el
Estado. Tal fue el caso de la ex Ciccone, la única imprenta que tenía la capacidad de fabricar papel moneda a la que se le concedió un escandaloso plan de pagos para levantar la quiebra que arrastraba una vez que fue adquirida por los presuntos testaferros de Boudou. Sbattella, en lugar de investigar si hubo lavado de dinero en la compra de la ex Ciconne, no duda en defender al vicepresidente: “No hay documentación que vincule a Boudou con el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone”, afirmó el año pasado sin sonrojarse. La realidad no tardó en mostrar que el economista platense es un verdadero encubridor: el juez Ariel Lijo dio por acreditada las pruebas y procesó a Boudou y al ex jefe de asesores de la AFIP (mano derecha de Echegaray), Rafael Resnick Brenner, que ahora están cerca del juicio oral.
Además, la UIF está bajo la mira judicial ya que habría protegido a Lázaro Báez al retener indebidamente, durante cinco años, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionadas con Lázaro Báez. Por eso, en 2014, el juez federal Claudio Bonadio allanó las oficinas del organismo en busca de la documentación que debería haberse enviado a la Justicia. Apuntaba a desentrañar sospechosas y millonarias transferencias de dinero de empresas - vinculadas al presunto testaferro K- por un total de 180 millones de pesos. Las operatorias las habría realizado Báez con la financiera Invernes, de Ernesto Clarens.
Sbattella también fue denunciado en sede penal por haber cajoneado información relevante que involucraba al parricida Sergio Schoklender y a la titular de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. La causa se generó a partir de las declaraciones periodísticas de la ex diputada nacional del ARI; Elsa Quiroz, quien junto con la ex legisladora Maricel Echecoin Moro, investigó las irregularidades en la fundación y llevaron las conclusiones a la Justicia.
En diálogo con Hoy, Quiroz afirmó: “El Banco Central, el banco Supervielle, el Banco de Santiago del Estero, habían mandado reportes de operaciones sospechosas sobre Schoklender y las empresas que él manejaba. Y la UIF no hizo absolutamente nada con eso y sigue sin hacer nada. Hoy está al servicio de la protección de los amigos del poder. Todo aquel que tenga alguna transa absolutamente ilícita con el poder, tiene la protección de un tipo como Sbattella, que hasta impuso un cepo de información: la UIF no contesta los pedidos de informes. Esto es absolutamente violatorio de las reglas de funcionamiento institucional”.
En definitiva, Sbattella es un fiel exponente de un gobierno que pasará a la historia como el más corrupto desde el retorno a la democracia.
Jose Alberto Sbattella 68 años
Docente de la UNLP
-Acumula denuncias por esconder información comprometedora de funcionarios K acusados de corrupción
-Nombró a numerosos familiares, amigos y hasta un barra brava de River en la UIF
-En los últimos 25 años ocupó diversos cargos públicos y con una consultora llamada IEFE hizo numeros negocios con el Estado
Desde que llegó a la UIF, José Sbattella nombró a numerosos amigos y familiares que no reúnen la idoneidad técnica necesaria, con suculentos contratos. En ese sentido, muchos de quienes lo acompañan provienen del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), una entidad ubicada en calle 9 entre 55 y 56 de La Plata. Desde la entidad buscan publicitarse como “un instituto interdisciplinario” pero en realidad es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) que fundó Sbattella para hacer negocios con el Estado, vendiendo servicios a municipios, empresas del Estado y organismos gubernamentales. Si bien actualmente no aparece como director del IEFE, Sbattella seguiría manejando el Instituto desde las sombras. De hecho, en la web de la entidad, figura como editor responsable de la revista institucional. Dado que como titular de la UIF tienen acceso a información secreta y privilegiada, las incompatibilidades entre lo público y lo privado resultan manifiestas. El IEFE tiene como clientes a varios gobiernos provinciales (Buenos Aires, Salta, La Rioja, Tucumán, Corrientes, entre otros) y distintos municipios (Morón, Florencia Varela, La Matanza, Presidente Perón, entre otros). También tiene como cliente al Ministerio de Economía de la Provincia -donde trabaja Mónica Carné, la esposa de Sbattella, en otra incompatibilidad manifiesta-, el Consejo Federal de Inversiones y el Senado bonaerense.
En el IEFE también participan las hijas de Sbattella, Antonia y Daniela, que siguiendo los ejemplos de sus padres y ocupan puestos el Estado: la primera fue funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación que conduce Axel Kicillof y ahora desempeña funciones en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa (Senasa). En tanto, Daniela Sbattella ocupa tres cargos públicos a la vez: es docente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Provincial de Ezeiza y de la empresa Buenos Aires Gas (Bagsa SA). En tanto, la esposa de Sbattella es funcionaria de la dirección contable del Ministerio de Economía bonaerense.
El vicepresidente de la UIF, Germán Saller, es uno de los tantos funcionarios de la UIF que viene del IEFE, el instituto privado creado y liderado por el propio Sbattella. Saller es un economista platense de 44 años que, antes de asumir, no tenía la más mínima experiencia en la detección de operaciones de lavado.
En tanto, en el Consejo asesor de la Unidad de Información Financiera, se encuentra el platense Leonardo Pérez Candreva que también está vinculado al IEFE. Su designación fue tan trucha que no deja de asombrar: fue puesto a dedo como representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la gestión de Alejandro Vanoli, actual presidente del Banco Central. Sin embargo, Candreva no tenía antecedentes en la CNV y fue nombrado en ese organismo por sugerencia directa de Sbatella a Vanoli. El objetivo era poder nombrarlo después en la UIF.
Otro de los integrantes del consejo es Enrique Eskenazi, cuyo caso es llamativo y alarmante. Fue director de Inspecciones de la Municipalidad de La Plata durante la gestión de Julio Alak y es el sobrino del empresario santacruceño, Enrique Eskenazi, sindicado como uno de los que supuestamente le llevaba bolsos con dinero de las empresas al entonces presidente Néstor Kirchner. Así lo denunció públicamente Myriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor.
El grupo Eskenazi tiene una porción muy importante del paquete accionario de YPF, que fue adquirido antes de la salida de Repsol en una operación muy polémica ya que prácticamente no tuvo que invertir un solo peso: lo compró con préstamos bancarios y financiamiento obtenido con las utilidades de la propia empresa. En el consejo también participa Juan Manuel Prada, ex secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, cuando el titular de la cartera era Hernán Lorenzino, de estrechos vínculos con Amado Boudou.
En tanto, como integrante del consejo asesor, en representación de la Sedronar, aparece Federico Zinni, quien es su currículum reconoce que su inglés no es de lo mejor y que es estudiante de dos carreras univesitarias: Abogacía y Ciencias Políticas. En ambas está lejos de recibirse. El Sedronar es un organismo salpicado por el escándalo de la efedrina ya que su titular durante años, José Granero, tuvo que presentar la renuncia en 2014 luego de haber sido procesado por la jueza María Servini de Cubría en una causa donde se investiga el ingreso al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes.
Otros integrantes del consejo son Diego Manuel Rey, en representación del Ministerio del Interior y Transporte, y Francisco Morteo de la AFIP.

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