lunes, 31 de agosto de 2015

Los candidatos y la corrupción: de eso no se habla

Hay un tema que une a los principales candidatos presidenciales: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa evitan referirse a los principales casos de corrupción que sacuden a la Argentina. Por eso nada dicen acerca de qué es lo que harán, en caso de llegar al sillón de Rivadavia, con los numerosos jueces y fiscales truchos, que fueron puestos a dedo para garantizar impunidad a la familia Kirchner y perseguir a opositores y críticos.
Esta suerte de silencio cómplice compartido no es una simple casualidad. En realidad, los principales postulantes a suceder a Cristina Kirchner no cuestionan ciertas prácticas en las que ellos mismos también podrían encontrarse implicados. En el caso de Scioli, llama la atención las características de su declaración jurada. Es un verdadero atentado a la razón intentar hacer creer que la finca La Ñata, donde vive Scioli desde hace ocho años (fijó allí domicilio para poder ser gobernador), tenga un valor irrisorio de 2,2 millones de pesos como consignó en su declaración de bienes. La realidad es que, al tratarse de un predio de 800 metros cuadrados cubiertos y 12.200 de parque, el precio real sería 20 o 30 veces más de lo que realmente informó. Otro dato llamativo es que el gobernador no consignó los bienes de su mujer, Karina Rabolini. Es cierto que ellos se divorciaron en los ´90, pero todo el mundo sabe que hace años volvieron a ser pareja, viven juntos y Rabolini desempeña la función de primera dama bonaerense con todas las letras. Es más, cumple el rol de presidenta de la Fundación Banco Provincia, un lugar asignado a las mujeres de los gobernadores. En algún momento, si realmente quiere dar trasparencia a su patrimonio, Scioli debería consignar el rol que cumple Oscar José Vacca, -encargado de la operación para comprar La Ñata en 2007 y ex encargado de la tienda de electrodomésticos Electrolux que pertenecía al padre del gobernador- que tuvo participación en empresas que forman parte de su patrimonio como Sun-shine SA (en 2013 pasó de ser una SRL a una sociedad anónima) y Capanone. En esta última también participó Lucía Antonieta Di Nunzio, la prima de Scioli, que fue candidata a legisladora porteña en las elecciones de 2003 y de 2005, y actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de la Provincia. En tanto, la escribana que certifica las sociedades Alero SA (también figura en la declaración jurada de Scioli) y Capanone es Constanza Maffrand, la hija de Lucía.

Alero SA es una empresa de “servicios inmobiliarios”. Vacca y Di Nunzio renunciaron el 29 de agosto de 2011 al directorio. Ese mismo día, asumieron como reemplazantes Cecilia Graciela Lanza y Santiago Raúl Rabolini. Lanza es colaboradora de Karina Rabolini y tiene un cargo en el Tribunal de Cuentas bonaerense, mientras Santiago Rabolini es hermano de la primera dama bonaerense. Tiene 32 años y es monotributista categoría I. Asimismo, Lanza tiene participación en la empresa Dinot SA. otra firma de servicios inmobiliarios, en sociedad con un ciudano canadiense que tiene domicilio en el Principado de Mónaco y es representante de la firma Turinter NV, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Curazao,
Desde hace tiempo las sociedades comerciales vinculadas al poder político están en la mira. El caso Hotesur, la empresa de la familia Kirchner para administrar hoteles de lujo y que tenía un domicilio trucho (ver Hotesur: más pruebas hunden a Máximo), es un caso paradigmático. Es lógico que Scioli, al ser el candidato del oficialismo, evite referirse al respecto o defienda a CFK. Lo que no parece ser racional es que Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición, tampoco haga referencia alguna al escándalo. Este mismo silencio lo traslada a otro ámbito sensible para la ciudadanía, como es el narcotráfico.
En territorio porteño, más precisamente en la villa 1-11-14, se encuentran las principales cocinas para la producción de cocaína de máximo pureza. Pero Macri parece no darse por enterado al punto que jamás reclamó la intervención de las fuerzas federales para combatir y encarcelar a todos los mercaderes de la muerte que operan en esa zona. ¿Cuál será el motivo? Por un lado, en las zonas más pobres de Capital Federal, donde más creció el negocio narco, el macrismo instrumenta prácticas de clientelismo político igual de aberrantes a las que instrumentan los K en el Conurbano y en el interior del país. Eso no es todo: se habla de la existencia de carpetas, de información comprometedora, que justificarían la pasividad macrista. En ese sentido, Margarita Stolbizer viene denunciando la
existencia de un pacto entre Macri y Ricardo Echegaray que implicaría el compromiso de Macri de dejar en el cargo al polémico y denunciado titular de la AFIP en caso de que llegue a la presidencia.
“Casi nadie se mete con Echegaray, porque él conoce sus secretos”, dijo Stolbizer y nadie se animó a recoger el guante. En el caso de Macri, además de los negocios muy pocos claros que involucraron a su familia en las últimas décadas, hay denuncias muy espinosas que también salpican y relacionan a su actual mujer; Juliana Awada, una empresaria del rubro textil, con talleres clandestinos. Ahora bien, este preocupante panorama no cierra la posibilidad de que haya un cambio. Más allá de los intereses que tenga el candidato que resulte ganador, si después del 10 de diciembre logran unirse todos los dirigentes políticos que no han sido parte del saqueo y de la corrupción, en pos de trabajar para encontrar soluciones a los temas que realmente le importan a la ciudadanía (inseguridad, falta de empleo, educación, etc.), podrá empezar a escribirse otra historia. Que así sea.
Sergio Massa, quien aparece tercero en todas las encuestas, ha intentado diferenciarse de sus contrincantes planteando algunas tibias medidas contra la corrupción y el narcotráfico, como es su idea de militarizar las fronteras.
Ahora bien, lo que aún no ha podido explicar es lo que sucede dentro de los límites de su propio pago chico, como es Tigre. Allí se encuentra el Nordelta, donde habrían refugiado y lavado dinero algunos de los principales narcotraficantes que operan en el país. Peor aún, en un resonado expediente judicial, aparece una supuesta comunicación suya con un arquitecto del Nordelta, vinculado con narcos, advirtiéndole sobre un operativo antidroga.
El caso de Aníbal Fernández, alias La Morsa, es mucho más grave, ya que fue sindicado como el jefe de una organización que importaba efedrina al país y que terminaba en manos del narcotráfico

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