La Plata, Ciudad Generosa

La mal llamada década ganada en la Argentina han sido años en donde lo único que ha crecido es la vulnerabilidad del país para que ingresen los capitales del lavado de dinero provenientes del narcotráfico y otros negocios ilegales.
José “Pepe” Sbattella, al frente de la UIF (Unidad de Información Financiera) desde el 2010, fue puesto a dedo por Cristina Kirchner para que tanto ella, como su familia y principales funcionarios, muchos de ellos sospechados de lavado de dinero, tengan impunidad. Para cumplir ese objetivo desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado, que tenían años de trayectoria y que habían atravesado distintos gobiernos. En su lugar se nombraron a militantes rentados de La Cámpora, familiares y amigos de Sbattella, dejando a la Argentina expuesta al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el juego y otras actividades ilícitas.
Varios de los que asumieron funciones en la UIF eran una suerte de empleados en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), una consultora fundada por Sbattella para venderle servicios a empresas del Estado y distintos organismos públicos. El vicepresidente de la UIF, Germán Saller, y uno de los integrantes del consejo asesor, Leonardo Pérez Candreva, provienen del IEFE y no tenían ninguna preparación en combate contra lavado de dinero. Peor aún, en el caso de Pérez Candreva, fue puesto a dedo como representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la gestión de Alejandro Vanoli, actual presidente del Banco Central. Pero no formaba parte de la CNV y tuvo que ser nombrado en ese organismo a través de un trámite exprés por sugerencia directa de Sbatella a Vanoli. El objetivo era poder nombrarlo después en la UIF. Los desmanejos llegaron a tal punto que siendo el lavado de dinero un delito internacional, en el consejo asesor hay funcionarios que no saben inglés o tienen un nivel de escuela secundaria.
Distintos especialistas consultados por Hoy, advierten que durante la gestión de Sbattella, se habrían creado todas las condiciones para el lavado de dinero en el país, y que esto ha favorecido principalmente a la familia Kirchner, que está siendo acusada en la actualidad por lavado de activos en el marco de la causa Hotesur.
El vaciamiento de la UIF llevó a que el país tuviera un sinfín de inconvenientes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado al desarrollo de políticas contra el lavado de activos. Pero lo que muchos indican, es que toda esta situación habría sido creada adrede desde las autoridades nacionales para convertir a la Argentina en una especie de paraíso fiscal para los amigos del poder.
Roberto Durrieu, abogado especialista en Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, señaló a Hoy que “el caso de Sbattella es un claro caso donde el interés político prevalece sobre la capacidad técnica que se pueda tener para el cargo. Los nombramientos no tienen un espíritu técnico, no son públicos, se hacen a dedo, llevando al organismo a un descontrol impresionante”.
Para el autor del libro “El Lavado de Dinero en la Argentina”, lo que sucede en nuestro país es que “quienes están en la UIF deberían tener alto rigor técnico, no debería haber espacios para ningún rol político. Para evitar esto es central transparentar las designaciones y hacer concursos públicos, cosas que hoy no se hacen”.
Según el Doctor en Filosofía del Derecho graduado de la Universidad de Oxford, “los cuadros técnicos deben ser los que estén a cargo de las distintas divisiones de la UIF. Hoy hay diez direcciones y subdirecciones dentro de la UIF que la deberían ocupar profesionales y no militantes políticos que responden al poder de turno”.
“Se debe transparentar sus nombramientos y eso se da con concursos de antecedentes, no sólo para el puesto de titular y vicetitular de la UIF, sino también para los cuadros técnicos que deben ser los que están a cargo de sus distintas divisiones”, sentenció Durrieu.
El Estado está de capa caída. El sistema, con Sbattella a la cabeza, ha dejado un espacio abierto para el libre manejo del crimen organizado en nuestro país, abriendo las fronteras al lavado de activos provenientes del narcotráfico, convirtiendo a la Argentina en una especie de edén del ilícito.
Pero el principal problema radicará más que nada en que este vaciamiento ha transformado a nuestro país en un paraíso fiscal para dinero proveniente de actividades ilegales, ocasionando una consecuencia por demás funesta que pagarán las próximas generaciones.
La ley de blanqueo de capitales dictada por el gobierno nacional en 2013, no hizo más que incrementar la debilidad jurídica e institucional de la Argentina en su lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Mientras desde el Ejecutivo se dice luchar contra el lavado de activos, al mismo tiempo se sacan leyes como ésta que hace que la pelea contra el lavado de dinero termine siendo casi nula.
La inmoralidad que significan los Cedines (Certificado de Depósito para la Inversión), sólo ha permitido que peligrosos narcotraficantes y mafiosos de distinta calaña pudieran ingresar dólares al país sin controles ni costos impositivos ni represalia alguna, dejando a la Argentina en la posición de ser un Olimpo para el lavado de dinero.
“No hay voluntad política de acabar con el lavado de dinero”
Lo que está faltando en la Argentina es una política criminal que tenga una decisión concreta de perseguir al crimen organizado y de criminalizar al crimen organizado a través de lo que puede ser las conductas de lavado de dinero. Hoy todo lo que es el crimen organizado y todo lo que es el resultado económico de lo que es el crimen organizado finalmente se vuelca al sistema financiero y el mercado a través de acciones de lavado. En realidad lo que debe haber es una organización muy aceitada de alertas contra el lavado y de actuar en consecuencia contra el lavado.
Es difícil luchar contra el lavado de dinero, cuando convive con la posibilidad de luchar contra el lavado de dinero, una ley como el blanqueo de capitales, se hace todo mucho más complejo y difícil hacerlo.
En la Argentina no hay voluntad política de avanzar y acabar con el lavado de dinero. Debería haber una actividad mucho más aceitada en lo que se refiere a denunciar hechos concretos ante la Justicia para que sea finalmente la Justicia la que las pueda criminalizar.

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