La Plata, Ciudad Generosa

La denuncia presentada por la diputada porteña Graciela Ocaña sobre los casos de corrupción en la obra social de los jubilados (por duplicación del personal en el PAMI durante la gestión de Cristina Kirchner, y más de 6000 pertenecientes a agrupaciones políticas afines al gobierno nacional, es decir, ñoquis), en cualquier país del mundo hubiese sido un escándalo, sin embargo en Argentina parece que nada ocurre.
Lo denunciado es gravísimo. Se trata de miles de supuestos trabajadores que cobran un importante sueldo sin cumplir funciones, lo que provoca una estafa y robo de los ingresos públicos. Dinero con el que se podría asistir a los jubilados que viven en nuestro territorio y que sufren la pésima atención de la obra social por las corruptas gestiones de sus administradores.
Otra legisladora, Margarita Stolbizer, ha presentado denuncias sobre hechos corruptos durante la gestión K, principalmente en las denominadas causas Hotesur, la ruta de la efedrina y las irregularidades en el IOMA, sin embargo, la Justicia parece una tortuga.
Todo parece indicar que con las denuncias concretas de corrupción contra los integrantes del poder Ejecutivo, los fiscales y jueces no toman la intervención que se requiere y la sociedad necesita en un sistema republicano.
Tal como las legisladoras Ocaña y Stolbizer, se han presentado gran cantidad de denuncias con fechas, números y pruebas que muestran la complicidad de funcionarios K en delitos penales, pero la reacción judicial ha brillado por su ausencia.
Este fenómeno es poco serio. No hay que irse lejos para hallar un ejemplo. En Brasil, ante denuncias de corrupción, los jueces han metido presos a ministros y a consagrados empresarios. Y así debe ser. Es que los funcionarios públicos, por esa condición, si cometen delitos, son doblemente culpables.
Se sabe y este diario se cansa de decirlo: la corrupción mata. Si los gobernantes nombran ñoquis, si se quedan con coimas en los llamados a licitación por obras públicas, si dejan actuar a los mercaderes de la muerte (traficantes de drogas), los habitantes de esta nación se verán perjudicados.
Si los recursos del Estado son usados para beneficio propio de los representantes del soberano, el que lo padece es el pueblo. Es que se resiente la educación, la salud, la seguridad, el estado de las rutas y de otras obras de infraestructura claves para el desarrollo de un país.
Es tiempo de que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos y que investigue al poder. Que así sea.
Una de las grandes debilidades que ha mostrado el kirchnerismo a lo largo de su gobierno, ha sido su incapacidad para solucionar la corrupción sistémica instalada en el PAMI, y que ha llevado a que la obra social se encuentre pasando una de las peores etapas de su historia.
En vez de cambiar la situación del organismo, el gobierno de Cristina Kirchner ha elevado al máximo la política iniciada por Juan Carlos Alderete bajo el menemismo en los años ’90 de destrucción del instituto y de instalar en la comandancia del mismo a militantes partidarios del poder de turno.
Ante la adversidad económica y la imposibilidad oficial de contar con créditos del extranjero, la avaricia de las autoridades nacionales ha llevado a que el propio gobierno le haya solicitado préstamos para financiar el erario nacional, lo que ha llevado a diversas causas judiciales por entender que este escenario es una clara violación a la ley que rige el instituto.
El estado del PAMI es tan caótico, que su imagen habitual es un organismo donde lo que reina es la falta de atención en farmacias y clínicas, lo que lleva a los jubilados a morirse en los hospitales públicos por falta de atención por las extensas colas y los turnos a largo tiempo que deben esperar.
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, le aseveró a Hoy que “la situación de los adultos mayores está fuera del debate de campaña, marcando un claro criterio de exclusión. A esto hay que sumarle algo peor que es incluir salud en lo que era antiguamente el Programa Federal de Salud que depende del Ministerio de Salud, donde desde hace un año directamente no hay prestaciones”.
Para Semino, desde el PAMI “se paga una mala prestación y se pone en riesgo al paciente, se lo hace sufrir por no tener vigente una atención programada, donde el sistema gasta el doble o el triple que si fuera una intervención programada y normal de ese paciente”.
Lamentablemente, el kirchnerismo en vez de cambiar esta situación, la ha agravado utilizando al PAMI funciona como un financiador de la política partidaria, degradando al máximo un organismo que debería defender a los adultos mayores, pero que la pasividad oficial impide que reciban la atención en tiempo y forma.
La intervención del PAMI que se viene sosteniendo desde el comienzo del gobierno kirchnerista, ha hecho que las peleas partidarias sean algo corriente en el instituto. El PAMI es un organismo que debiera ser normalizado y no ser intervenido in eternum como sucede en estos momentos, donde el último tratamiento que hizo el Congreso de esto fue en el año 2003, así que hoy todo lo que pasa a su interior es bajo vía de facto.
A esto se le debe sumar un director del organismo, como Luciano Di Césare, que articula políticamente con el instituto, tal como sucede con corriente nacional Martín Güemes, que fuera creada por él y que tiene cientos de dependencias oficiales del PAMI que están comandadas por militantes que responden al actual mandamás de la obra social.
Di Césare es un hombre cercano a Néstor Kirchner desde los años ’90 en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó diversos cargos en la administración provincial, y la llegada del pingüino mayor a la capital lo dejó bien parado estando al frente de distintos puestos de gestión.
El director del instituto es una persona conocida por su autoritarismo hacia el interior del mismo, castigando a aquellos que no se pliegan a sus decisiones y beneficiando a los que avalan su actividad. Cualquier semejanza con el Ejecutivo nacional, es mera coincidencia.

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