jueves, 29 de octubre de 2015

 

coimero cachado

Un inspector municipal de Control Urbano fue detenido por personal policial, acusado de pedirle “coimas” a dos comerciantes de San Carlos, bajo presuntas amenazas de clausurarle sus locales, informaron fuentes judiciales.
El hombre, fue identificado como Sergio Ariel Baigorria, y tras la intervención policial quedó imputado en una causa por “exacciones ilegales”, con conocimiento del fiscal Marcelo Romero, quien también indagará a las autoridades del área que conduce Gustavo Luzardo, para conocer si había connivencia política este accionar.
Se supo que, al momento de concretarse su captura, el sospechoso se desplazaba en una camioneta Chevrolet Meriva, patente GRY-230
.De acuerdo al reporte oficial, uno de los comerciantes que fue intimado a pagar una “coima” para la no clausura del local, llamó al 911 para denunciar lo que le había pasado por lo que personal policial tomó inmediata intervención.
Al requerir su detención, el titular de la UFI Nº 6 de nuestra ciudad describió que “existen en autos elementos suficientes e indicios vehementes de que el día 27 de octubre del año 2015, a las 20.50 horas aproximadamente, un sujeto de sexo masculino -funcionario del municipio local-, se constituyó en el comercio del rubro carnicería, razón social “La Era de Papu”, sito en calle 137 y 33 bis, y abusando de su condición y cargo, le exigió indebidamente dinero al dueño de dicho local, a cambio de evitar inspecciones semanales y no labrar actas contravencionales de rigor”.
En tanto, como segundo episodio, detalló que “asimismo existen iguales recaudos legales para sostener que siendo las 21.10 horas del día 27 de octubre de este año, el mismo sujeto de sexo masculino, se constituyó en el comercio del rubro pollajería, ubicado en las calles 137 entre 33 y 33 bis, y abusando de su cargo de funcionario -empleado municipal- le solicitó indebidamente dinero al dueño del local, ello con idéntica finalidad a las mencionadas”, en el primer caso.
Con respecto a la materialidad ilícita, el fiscal Romero le dio especial importancia a que el inspector municipal “fue aprehendido momentos después de llevar a cabo la maniobra delictiva“.
Por último, trascendió que en poder del imputado se secuestró documentación membreteada por un juzgado de faltas local.
El Código Penal, en su artículo 266 establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.



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