La Plata, Ciudad Generosa

Es positivo que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal muestre toda su buena onda, como lo hizo ayer, compartiendo actividades con un grupo de niños y docentes de Villa Elisa que forman parte de las escuelas de verano. Ahora bien, la dulzura y el permanente gesto sonriente de poco están sirviendo para encarar los graves problemas que afronta el Estado bonaerense y que forman parte de la pesada herencia que dejó la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex gobernador Daniel Scioli. Hablamos, concretamente, de una provincia que se encuentra quebrada, con partes importantes de su territorio dominadas por narcos y fuerzas de seguridad –y del servicio penitenciario- que han sido penetradas por los mercaderes de la muerte. Enfrentar esos flagelos requiere firmeza, convicción política para combatir las mafias y equipos altamente profesionalizados, y capacitados, algo que por el momento brilla por su ausencia.
Cierto es que Vidal, desde lo discursivo, ha hablado de querer enfrentar el narcotráfico y la corrupción, y también se refirió a la necesidad de que haya más transparencia en la Provincia. Nadie podría estar en contra de eso. Ahora bien, los hechos concretos –por el momento- no acompañan esas afirmaciones. Es más, cuesta entender por qué las actuales autoridades bonaerenses aún no presentaron una sola denuncia penal por el pesado legado que dejó Scioli. Y esto no sólo puede ser atribuido a la ingenuidad ya que otros gobernadores, que forman parte del frente Cambiemos, como es el caso del jujeño Gerardo Morales, están haciendo todo lo contrario. Morales denunció penalmente, con nombre y apellido, y números concretos, el robo infame que hizo la dirigente piquetera ultrakirchnerista Milagro Sala que, durante años, manejó más poder y dinero que el propio gobernador de esa provincia norteña.
Pareciera, asimismo, que con las sonrisas y las puestas en escena de los funcionarios provinciales para emanar buenas vibras, se pretendería tapar el hecho de que hasta el momento no se ha avanzado, en lo más mínimo, en los cambios profundos que requiere una provincia quebrada como Buenos Aires, a lo que se sumarían evidentes acuerdos con estructuras mafiosas y corruptas enquistadas desde hace años. Un caso concreto es lo que está sucediendo en el IOMA, la obra social que fue vaciada durante el gobierno de Scioli y que, pese a las numerosas denuncias penales que se acumulan en los tribunales platenses, aún mantiene en su directorio varios de los responsables del desfalco. Estamos hablando de personajes que están involucrados en delitos gravísimos que van desde utilizar nombres de afiliados fallecidos para vender clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, hasta hacer acuerdos con la industria farmacéutica para pagar abultados sobreprecios que sirvan para alimentar cajas políticas, mientras miles afiliados tienen que penar para que la obra social les reconozca remedios y tratamientos que son esenciales para su salud.

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