La Plata, Ciudad Generosa

Según se reveló en la investigación, Aerolíneas Argentinas y las sociedades que administran los hoteles de la familia Kirchner
hicieron millonarios negocios desde 2008.
Desde la empresa que presidió Mariano Recalde hasta diciembre pasado se confeccionaron cheques por 4,7 millones de dólares y por 2,26 millones de pesos (unos 145.000 dólares al cambio actual) en favor de tres sociedades que, a partir de 2008, se repartieron la administración del hotel Alto Calafate.
Existe documentación que muestra que Aerolíneas contrató 47.912 noches. Una abrumadora mayoría de esas decisiones fueron tomadas mientras Cristina Kirchner, una de las dueñas del hotel, era presidenta,
y desde ese cargo implantó el cepo cambiario.
Se pagaron por los servicios prestados en El Calafate a tres empresas que fueron las administradoras del hotel: Hotesur, Valle Mitre e Idea. En total, desde 2007, se contrataron 47.912 habitaciones para el pernocte y estadía de la tripulación de Aerolíneas Argentinas, lo que da un promedio, desde el primer contrato que se tiene registro, de 15 habitaciones diarias.






Santa Cruz está quebrada, se sinceró la actual gobernadora Alicia Kirchner, pese a que la provincia está gobernada desde 1991 por el espacio que fundó su hermano Néstor. Y el principal municipio santacruceño también está con sus finanzas en crisis. El kirchnerismo, que lo gobernó desde el 2011, dejó una pesada herencia con la misma impronta en la mayoría de las áreas: deudas y un estado sólo presente para los negociados y el vaciamiento de las arcas provinciales y municipales.
Luego de asumir, la nueva gestión radical creó una comisión revisora que destapó varias irregularidades; entre ellas, un masajista que reclama $ 80 mil y 78 líneas de celulares para siete concejales.



La piquetera ultrakirchnerista Milagro Sala suma a cada hora denuncias de corrupción, por lo que la puerta de
salida del penal donde está alojada cada vez la ve más chiquita y se consumen las posibilidades de una pronta excarcelación.
En las últimas horas, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en las investigaciones sobre irregularidades detectadas en el manejo que hacían cooperativas lideradas por la Túpac Amaru para levantar viviendas sociales encontramos “a cada momento faltante de fondos públicos y obras que no se han hecho".
El funcionario señaló además que trabaja en una presentación que enviará "a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar cuál es la real causa de la detención de Milagro Sala" luego de que dirigentes kirchneristas consideraran que era una cuestión política su arresto por asociación ilícita.



La corrupción fue una de las constantes durante la mal llamada década ganada, mostrando un estado de putrefacción dirigencial que llevó a que el país perdiera cientos de millones de dólares de sus arcas. Uno de los funcionarios más cuestionados y acusado de serias irregularidades en el manejo de los dineros públicos, fue el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
En las últimas horas, se pudo conocer que el juez federal Claudio Bonadio, sigue avanzando en la causa en la que investiga al exhombre fuerte del gobierno K, por supuestas "dádivas" o "sobornos" en la importación de gas a través de la empresa estatal Enarsa.
En el marco de esta investigación, el magistrado que es el terror del kirchnerismo, enviará un exhorto diplomático a Madrid para requerir información sobre la firma Contrater Consulting, quien se había asociado a Enarsa para la aventura importadora.
Las graves anomalías que se cometieron en esa operación, llevó a que el contrato entre ambas empresas quedara bajo la lupa. Según se investiga en Tribunales, Enarsa habría pagado 2,5 millones de dólares a la sociedad española por un cargamento de Gas Natural Licuado (GNL) que jamás arribó a las costas argentinas.





Cuando se toca el dinero destinado al sistema de salud, se juega con la vida. Esa lógica no fue tenida en cuenta por el gobierno kirchnerista, el que además de dejar la mayoría de los hospitales bonaerenses en la ruina, usó de manera corrupta
el dinero destinado a la edificación de un nosocomio de alta complejidad en Cañuelas, al menos eso es lo que denuncia ahora el gobierno de Mauricio Macri.
La maniobra delictiva sería de al menos unos 70 millones de pesos, los que se supone fueron utilizados para pagar “coimas” a funcionarios kirchneristas, en el marco de una obra que según las autoridades costó más de 536 millones de pesos, pero solo pudieron demostrar que gastaron algo más de 422 millones de pesos, por lo que el desfalco podría ser mayor a lo denunciado. Al sospechoso destino de los recursos financieros hay que sumarle dos malas prácticas con sello K: las mentiras y el hacerle caso a los caprichos de Cristina Kirchner.
Analicemos lo dicho. La inauguración del Hospital Regional de la Cuenca Alta “Néstor Kirchner” se realizó cuando aún restaba edificar un 16 por ciento de la obra y fue presentada como que ya estaba terminada, una falacia de la que el gobierno anterior incurrió con frecuencia.
Y quizá lo más grave: la edificación del Hospital se realizó en un predio de 23 hectáreas solo porque Cristina Kirchner pasó por ese lugar y dijo que ahí debería haber un nosocomio. Nadie levantó la voz para indicarle a la expresidenta que en ese lugar había una cantera de tosca y un basural.
Luego se supo que preparar ese terreno para construir el Hospital elevó el costo de la obra en un 20 por ciento. “Fue para satisfacer un capricho de Cristina. Había lugares mejores en Cañuelas para la misma edificación”, explicó un funcionario del municipio.
La obra tiene 26 metros cuadrados y el valor reconocido oficialmente por el Ministro de Salud de la gestión anterior, Daniel Gollán, ascendió a más de 536 millones de pesos. Sin embargo, al analizar la ruta del dinero destinado al Hospital, el gobierno actual llegó a cerca de 422 millones de pesos. En la auditoría surgen que faltan datos y que hay resoluciones “poco claras”. Y ahora desde las empresas constructoras reclaman unos 70 millones en concepto de “redeterminación de precios”. Pero la nueva administración nacional sospecha que en esa demanda puede encubrirse un pago irregular de sobornos.

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