martes, 22 de marzo de 2016

¿la ciudad en quiebra, por bruera estafador?

Este martes comenzarán en La Plata las audiencias de un juicio que promete traer cola. Un particular, Carlos Lijavetzky, acusa al exintendente Pablo Bruera y a algunos de sus funcionarios, entre ellos Alejandra Sturzenegger, de haberle robado la idea del estacionamiento medido que el municipio implementó en 2009. Además de las posibles consecuencias penales para Bruera y compañía, que declaran en carácter de testigos, la estafa puede dejar literalmente en ruinas al Estado municipal.
La historia comienza entre 2007 y 2008, cuando Carlos Lijavetzky, un comerciante e “inventor” platense, tuvo dos ideas. La primera, loable, creativa, nos trajo soluciones a todos: una propuesta de negocios para gestionar pagos a través de SMS. Cualquier tipo de pagos, para cualquier tipo de servicios. La segunda idea fue decididamente mala: contárselo a Pablo Bruera.
De ese encuentro, concertado en marzo de 2008, en el despacho principal del Palacio Municipal, Lijavetzky se fue entusiasmado. A Bruera le gustó la idea y le prometió volver a contactarse para trabajar sobre su aplicación. Durante un año, no hubo ninguna novedad al respecto, hasta que, en febrero de 2009, se sorprendió con el flamante anuncio de la municipalidad, que aplicaba, de manera unilateral e inconsulta, una idea que le pertenecía.
Tras gestionar distintos reclamos, Lijavetzky fue desenredando una trama compleja. Está íntimamente convencido de que Bruera le trasladó la idea a la directora de Modernización y Desarrollo Económico, Alejandra Sturzenegger, hermana del director del Banco Central de la República, quien, a su vez, contrató a la empresa Pampa Systems para que le proveyera el software necesario, a la vez que negociaba con las empresas telefónicas los detalles de aplicación.
Las sospechas del denunciante se fundan en el “dudoso origen” de Pampa Systems, que cuyo domicilio estaría “flojo de papeles”, los prácticamente nulos antecedentes de la firma y de la inscripción de sus titulares Marcelo Bianchi y Pedro Deviggiano ante la AFIP. En el contrato rubricado junto al municipio, más precisamente en el inciso ocho, afirma tener la propiedad intelectual del sistema, lo cual, se supo después, no era cierto.
Enterado de que el municipio había implementado un plan de negocios que le era propio y que estaba registrado a su nombre, Lijavetzky inicio expedientes administrativos en la Municipalidad, que no tuvieron respuesta, por lo cual decidió acudir a la justicia. Mientras tanto, decidió cubrirse: El 23 de marzo de 2010, amplió el registro de su patente y la hizo específica respecto del estacionamiento medido.
Alertado por los reclamos de Lijavetzky, el municipio rescindió el contrato vigente con Pampa Systems y acordó la implementación del Estacionamiento medido con la UNLP que más tarde lo exportó a una docena de municipios bonaerenses e incluso al exterior: el presidente de esa casa, Fernando Tauber, también se la atribuyó a la hora de negociar con la Universidad Estatal de México la cesión de derechos, por 128 mil dólares.
En el inciso octavo, referido a la “propiedad intelectual” del acuerdo, se subraya que “Los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual que generen de “Los Proyectos” objeto del presente instrumento, serán propiedad de “La UAEM” dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, nuevamente, la UNLP “facturó” aquello que Lijavetsky había ideado.
Alarmado, el dueño de la idea original recurrió a la justicia en 2011. En primera instancia, logró que el fiscal Álvaro Garganta se le reconociera la propiedad del proyecto de negocios y que se procesara a los titulares de Pampa Systems. Sin embargo, Bruera y Sturzenegger salieron limpios, ya que el contrato que unía al municipio con la firma estipulaba, en su cláusula octava, que “la propiedad intelectual del Sistema de Estacionamiento (…) le pertenecen al PRESTADOR”, con lo cual quedaron pegados a la fechoría.
Sin embargo, y a pesar de lo que figura en la letra del contrato, las declaraciones públicas de la propia Sturzenegger ponen en duda a quién le corresponde la comisión del posible delito. Un documento , y que lleva la firma de Sturzenegger, contiene una declaración polémica de la funcionaria: “El nuevo sistema de estacionamiento medido es un servicio prestado por la Municipalidad de La Plata, no está tercerizado. La idea, la implementación, la difusión y el control son desarrollados por el Municipio, habiendo solo contratado a la empresa platense Pampa Systems para la elaboración del soporte informático necesario para llevarlo a cabo” afirmaba por entonces. El paper que está colgado en la web de la Secretaría de Gabinete, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Pero hay más: en ese documento, Sturzenegger se atribuyó específicamente la idea y su puesta en marcha: “La Secretaría que tuvo a su cargo el desarrollo del proyecto fue la de Modernización y Desarrollo Económico, que coordinó la intervención de otras áreas municipales como la Dirección de Transporte y Tránsito, la Dirección de Control Urbano y el Departamento de Ingresos”, reseñó la entonces funcionaria bruerista.
Esta semana, la Justicia tomará impulso para dilucidar, de una vez por todas, a quién le corresponden los derechos del sistema de Estacionamiento Medido. Por lo pronto, la Justicia tiene contra las cuerdas a los directivos de Pampa Systems, a quienes se acusa por estafa. Pablo Bruera como Alejandra Sturzenegger, además de Fernando Tauber y el decano de Informática, Pablo Javier Díaz, declararán en carácter de testigos, aunque su situación se puede complicar.
Según los denunciantes, Bruera tiene grandes chances de quedar imputado. ¿Cómo explicará el intendente que implementó un sistema y contrató a una empresa para gestionarlo sin verificar la propiedad intelectual del mismo? ¿Cómo responderá a la acusación de plagio que esgrime Lijavetzky, habida cuenta del encuentro que mantuvieron en 2008, previo a la puesta en marcha del SEM?
Además de sumar una nueva mancha a su abultado expediente judicial, Bruera puede dejarle una pesada herencia al municipio. Hoy, Lijavetzky busca que el municipio le reconozca sus méritos y cese en su “uso ilegítimo” o que lo compense económicamente. Se estima que está en condiciones de pedir parte de las ganancias de un negocio que, entre pagos y multas, que también se constatan vía SMS, generó unos nueve millones de pesos por mes durante los últimos 60 meses. Haga las cuentas...



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