lunes, 18 de abril de 2016

panama papers en la pcia

Panamá Papers es el nombre que le dio el periodismo internacional a la filtración de documentos confidenciales pertenecientes a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Estamos hablando de 2,6 terabytes de información que revela el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobiernos. También están involucrados líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, los negocios, los deportes y el arte.
Obviamente, dirigentes –entre ellos el presidente Mauricio Macri, la ex presidente Cristina  de Kirchner- y empresarios argentinos se vieron salpicados por este escándalo dado que aparecen integrando sociedades creadas en paraísos fiscales que, se sospecha, podrían haber servido para concretar maniobras de lavado de dinero. Es ese sentido, el escándalo no puede ni debe reducirse a Panamá o al estudio Mossack Fonseca. Son varios los agentes financieros y los países y/o regiones sospechados de integrar las redes de blanqueo de divisas. Entre ellos, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, y Seychelles, como así también algunos estados de EEUU como el sur de Florida, Delaware y Nevada.
A medida que crece el escándalo internacional, aparecen cada vez más políticos y empresarios involucrados. Es más, algunos de los que integran el gobierno bonaerense no serían ajenos a estas prácticas.
Hay documentación que muestra que el secretario de Medios de la Provincia, Mariano Javier Mohadeb, más conocido como “El Turco”, tiene con su esposa – Carina Tolchinsky Latrille, una licenciada en psicología que trabaja en la Municipalidad de Vicente López- una misteriosa sociedad en el Estado de la Florida, en Estados Unidos, llamada Las Bebas LLC (sociedad de responsabilidad limitada). El agente de la firma es Wellington Tax Service, con sede en el número 1842 de la calle Wiltshire Village (una modesta casa de familia, de una planta, pintada de rojo), ubicada en Wellington. Se trata de una pequeña localidad de 56 mil habitantes (menos que Berisso), perteneciente al condado a Palm Beach, ubicada a una hora de Miami.
Ante la consulta de algunos medios, Mohadeb confirmó la existencia de la sociedad, pero evitó detallar qué actividad realiza esta empresa en los Estados Unidos. Solamente se limitó a responder: “Tengo una empresa en los Estados Unidos. Y esa empresa está declarada en la AFIP”. Esa misma respuesta dio ante los siguientes interrogantes planteados por un periodista del diario Hoy: ¿a qué se dedica a la empresa?, ¿por qué se conformó en Estados Unidos y no en la Argentina?, ¿tuvieron en cuenta los antecedentes de Florida como paraíso fiscal para decidir la radicación de la sociedad?
Ahora bien, así como generó muchas sospechas la sociedad panameña que integra la familia Macri, que también estaba declarada en la AFIP, algo similar ocurre con la firma de Mohadeb. Las propias autoridades norteamericanas reconocen que el sur del Estado de Florida es una zona que puede ser considerada como paraíso fiscal ya que allí se habrían conformado miles de sociedades off shore o empresas fantasmas que podrían usarse para el lavado de dinero a gran escala. Por eso, luego de que estallara el escóndalo de los Panamá Papers, el gobierno estadounidense reforzó los controles y la semana pasada desbarató una red de narcotraficantes colombianos que lavaba dinero a partir de una serie de inversiones en ese estado.

Entre los argentinos que lavaron dinero, en Florida, se encuentra Ernesto Clarens, socio de Lázaro Báez, que quedó en la mira de la Justicia luego de haber montado un paquete de sociedades anónimas basadas en ese estado. Algo similar hizo el zar kirchnerista del juego, Cristóbal López, quien luego de esquilmar los bolsillos de los asalariados con sus tragamonedas a lo largo y ancho del país, derivó parte de sus millonarias utilidades al condado de Broward, en el norte de Miami, para abrir un casino. También habría montado una serie de sociedades en Nevada. Sus operaciones en Estados Unidos llevaron a que actualmente esté siendo investigado por la CIA y el FBI. En tanto, en la Argentina, tampoco la tiene fácil: su grupo empresario acaba de ser intervenido por la AFIP tras descubrirse que, en complicidad con el ex titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, retuvo indebidamente unos $8000 millones en concepto de impuestos a los combustibles, que se habrían utilizado para financiar la expansión de su holding.
En definitiva, si se considera que resulta cuestionable que un empresario argentino denigre a su país y haga operaciones en paraísos fiscales para obtener beneficios impositivos, muchísimo más cuestionable resulta que ese empresario sea ahora un funcionario público. El cambio aún no llegó a la Provincia.
La Secretaria de Medios de la Provincia es una caja millonaria que se sigue manejando con la misma lógica del gobierno kirchnerista: se premia a los medios genuflexos y ocultadores de la realidad, y se castiga a aquellos que medios y periodistas que son independientes y están decididos a sacar todo lo que el poder político intenta ocultar.
El castigo no solo consiste es no otorgar publicidad oficial. Es mucho más profundo, a punto tal que, desde el gobierno, se oculta deliberadamente información oficial sobre temas sensibles, no se difunden las contrataciones de los distintos ministerios a través de la Contaduría de la Provincia y no se informa con anticipación la agenda de la gobernadora Vidal.
En la sede de la gobernación, en calle 6, a Mohadeb se lo ve poco y nada. Ha evitado tener contacto con sus propios empleados que, en muchos casos, son contratados que desempeñan tareas en un contexto precariedad laboral. En ese contexto, la cara visible del Turco en la secretaría es la jefa de gabinete. Se trata de una joven platense de 23 años llamada Sofia Irina Perechodnik que, según le dijo Mohadeb a Hoy, supuestamente venía trabajando con él desde antes de que Vidal ganara las elecciones.
“A Sofía la nombraron por portación de apellido”, se comenta en los pasillos de la gobernación. Ella es hija de Fabián Perechodnik, actual secretario general de la gobernación bonaerense que, hasta el mismo día del balotaje, trabajó como operador político de Daniel Scioli, siendo a su vez integrante del directorio de la empresa Edelap y de la consultora Poliarquía, que también le vendía servicios al gobierno sciolista.
Casi inmediatamente después de que Vidal lo confirmara como secretario general de la gobernación, Perechodnik presentó su renuncia a Edelap, que se concretó el pasado 30 de noviembre, diez días antes del cambio de gobierno. Eso sí, el ahora funcionario parece que se olvidó de sus ex compañeros de negocios: el gobierno bonaerense le habilitó a la empresa de distribución de energía poder aplicar un aumento de 220%, lo que implicará que el conjunto de los habitantes de la región terminen haciéndose cargo, con su bolsillo, de rescatar a una compañía privatizada en los años ´90 que tiene sus números en rojo.
Mariano Mohadeb no es el único funcionario que tuvo y tiene que salir a dar explicaciones en el marco del escándalo internacional por la red de lavado de dinero. El ministro de Coordinación bonaerense, Ricardo Gigante, también se encuentra en una situación complicada a partir de los estrechos lazos que mantuvo y mantiene con el ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
Días atrás se conoció que Grindetti, siendo funcionario porteño, protagonizó diversas operaciones offshore entre julio de 2010 y julio de 2013. El estudio Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, intercedió para otorgar un "poder especial" al actual intendente para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010. Se trata de una sociedad Panameña con cuentas en Suiza.
En la documentación que forma parte de los Panamá Papers se aclara que las acciones son al portador y que se dividen en dos mitades. No es un dato menor: el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño. "El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por Néstor Osvaldo Grindetti, en cualquier parte del mundo (.)", dice el documento oficial.
A pesar de manejar una cuenta en Suiza -según consta en los documentos-, el funcionario porteño declaró en 2013 un patrimonio deficitario con deudas por $1.8 millones más otros US$ 200.000. Esas deudas correspondían a préstamos de su entonces jefe de gabinete en Hacienda que no era otro que el ahora ministro bonaerense, Roberto Gigante, por US$ 70.000 y otros US$ 130.000 por un "contrato de mutuo", sin más detalle. Es decir, un subordinado le prestaba dinero a su propio jefe que, para colmo, aparece vinculado con los Panamá Papers.
En dialogo con la prensa, Gigante se limitó a decir: “todos mis movimientos patrimoniales son informados a la AFIP”.
Antes de ingresar a la función pública, Gigante tuvo una turbulenta vida empresaria. Fue parte del directorio de TAYM SA, la unidad de negocio de Residuos Industriales y Comerciales del grupo Benito Roggio, que actualmente es uno de los principales contratistas del gobierno porteño.
También formó parte del directorio de Trenes Metropolitano, que tenía las concesiones de la líneas Roca (que llega a La Plata), San Martín y Belgrano Sur. Gigante habría llegado a esa empresa a partir del lobby de la constructora cordobesa Hormas, al igual que otros integrantes del directorio de Metropolitano: Juan Carlos Loustau Bidaut, alias “El Conde”, Carlos Alberto Monti, Germán Domingo Paats, Eduardo Bergallo y Oscar Díaz. En aquel entonces, a Hormas se le atribuía una estrecha relación con el entonces ministro de Economía del menemismo, Domingo Cavallo, y con la Fundación Mediterránea.
A partir de 1999, desembarca en Trenes Metropolitano el polémico empresario Sergio Taselli, involucrado en numerosos episodios de corrupción durante la era K. Además de ser denunciado por la destrucción y el vaciamiento del sistema ferroviario, Taselli actualmente también afronta cargos por la defraudación que se concretó cuando estuvo al frente de la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) S.A, delito por cual está a punto de ir a juicio oral. También se encuentra muy comprometido por una estafa contra su propio hermano a través de una alquimia que parece incluir autopréstamos, sociedades off shore en Uruguay, constitución de una empresa con sede en un taller de repuestos de automóviles y hasta una supuesta inversión en la YPF privatizada.
El general deterioro del material rodante y remolcado, así como las malas condiciones en la prestación del servicio a pesar de los cuantiosos subsidios estatales asignados, fueron motivo de constantes denuncias. En 2004 le fue revocada la concesión del Ferrocarril San Martín por intermedio del decreto 7987 del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de que habían existido episodios similares anteriores, una protesta de usuarios en la estación Constitución el 15 de mayo de 2007 motivó la final rescisión del contrato de concesión de los ferrocarriles Belgrano Sur y Roca mediante los decretos 59110 y 592. Poco después, la firma Trenes Metropolitano presentó la quiebra.

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